Violencia y Pobreza
desde una Perspectiva de Género
Informe Preliminar
Septiembre del 2000
I.Introducción
La pobreza es un tema de gran importancia en el mundo de hoy. El objetivo es reducir la pobreza en los países en desarrollo, no obstante, debido a la crisis financiera que atravesó el mundo en los últimos años, esta lucha se ha visto prolongada. Un reporte del Banco Mundial sobre el panorama del ejercicio de 1999, menciona que la pobreza y la desigualdad en el mundo han aumentado.
En el Perú, la pobreza afecta al 49 por ciento de la población[1]. La tasa de pobreza en 1994 era de 53.5 por ciento, lo que quiere decir que hubo una recuperación porcentual, no obstante, en términos absolutos, la población en situación de pobreza ha aumentado, debido a una mayor tasa de fecundidad y una mayor tasa de crecimiento demográfico de los hogares más pobres[2]. La tasa de pobreza extrema disminuyó de 18.8 por ciento a 14.8 por ciento, de 1994 a 1997, respectivamente. Es importante recalcar que la pobreza es un problema que se concentra mayormente en las zonas rurales. La tasa de pobreza en 1997 en las zonas rurales es de 64.7 por ciento, mientras que en las zonas urbanas es de 40.4 por ciento; asimismo, en el caso de la tasa de pobreza extrema, en las zonas rurales se tiene una tasa de 24.5 por ciento, mientras que en las zonas urbanas es de 9.3 por ciento
Con la finalidad de superar el problema de la pobreza, se destinan recursos para gasto social y se implementan programas que buscan construir y fortalecer el capital social y humano de la población en situación de pobreza. En el Perú, en 1997, el gasto social representaba el 20,2 por ciento del gasto total y el 6,1 por ciento del Producto Bruto Interno. Los recursos son utilizados para implementar programas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la población en pobreza y pobreza extrema, en la mayoría de casos con ayuda de la Cooperación Internacional. Entre los programas con mayor financiamiento se tienen: (i) FONCODES, que ofrece infraestructura básica, escolar y de salud, así como productiva, entre otras cosas; (ii) MECEP, que ofrece una mayor cobertura y calidad educativa y; (iii) PRONAMACHCS, que ofrece capacitación y materiales para infraestructura de riego, entre otras cosas.
Estos programas requieren de una base social organizada y localmente establecida en organizaciones y redes sociales, que logren apropiarse de la ejecución y resultados de los programas. En este sentido, estos programas también apoyan la conformación y fortalecimiento de las organizaciones sociales de base, las cuales son de gran importancia en la lucha contra la pobreza y para enfrentar otro tipo de complicaciones en la comunidad, como el problema de la violencia.
El tema de la violencia ha adquirido una gran importancia en los últimos años debido a su incremento, así como por su creciente efecto en la economía y desarrollo de los países. El país se ve afectado a raíz de la violencia, no sólo por las pérdidas materiales que ésta pueda haber significado, sino también por el daño psicológico a los individuos, así como el debilitamiento de las estructuras institucionales. Las guerras son un ejemplo de la destrucción y el daño que la violencia puede ocasionar en un país y de su repercusión en su economía y desarrollo. Por ejemplo, se tiene la guerra contra el terrorismo. El terrorismo no sólo implicó pérdidas humanas y materiales, sino también un daño psicológico en la población y la insensibilización de ésta ante la violencia.
No obstante la relación que existe entre violencia y desarrollo y entre violencia y pobreza es comúnmente aceptada, los aspectos específicos de esta relación no son muy claros. En este sentido, el estudio surge con el objetivo de dar respuesta a la pregunta: ¿Qué relación existe entre pobreza y violencia? Si bien se observa una relación entre violencia y pobreza puesto que se espera que los individuos con necesidades insatisfechas sean los más propensos a cometer robos (violencia económica), y que los individuos frustrados por la falta de oportunidades y desigualdades sean los más propensos a exigir un cambio muchas veces a través de la violencia (violencia política), no se puede afirmar que existe una relación directa entre pobreza y violencia.
En este sentido, los objetivos específicos del presente estudio son principalmente los siguientes:
a)- Elaborar un análisis nacional de la inter-relación entre pobreza y violencia, con un especial énfasis en los departamentos de Ayacucho, San Martín y Huancavelica.
b)- Analizar la violencia y su inter-relación con la pobreza en sus diferentes aspectos y niveles
d)- Analizar las consecuencias de la violencia en los diferentes tipos de capital: físico, humano, natural y específicamente en el social (con un mayor énfasis en las familias y las instituciones formales y no formales)
e)- Formular recomendaciones para las operaciones del Banco Mundial en los proyectos que buscan aliviar la pobreza.
Para tales fines, el estudio se ha dividido en cinco partes. En la primera se elabora un marco conceptual que se utilizará para abordar el tema a investigar y las posibles relaciones que se pueden esperar entre la pobreza y la violencia según estudio previos realizados con relación al tema. La segunda parte incluye la descripción de algunas experiencias internacionales que se han encontrado con relación al tema de la violencia. En la tercera parte se presenta el análisis de la problemática en cuestión y se divide en dos partes, una aborda el tema a nivel nacional y la otra profundiza en los casos de Huancavelica, San Martín y Ayacucho. En el análisis a nivel nacional se presenta primero una descripción de la situación de la pobreza y la violencia y luego se analiza la relación existente entre violencia y pobreza, mientras que en la sección de los casos, se realiza en análisis por tipo de violencia. La cuarta parte del estudio presenta una descripción del trabajo de reconstrucción y apoyo al capital social que se realiza en el Perú, sobre todo de los programas financiados por el Banco Mundial. Esta sección pretende analizar el trabajo que realizan dichos programas con el objetivo de aliviar la pobreza y en qué medida podrían contribuir a mitigar el problema de la violencia. Por último, la quinta parte presenta las conclusiones y recomendaciones sobre cómo podrían dichos programas mejorar su accionar, tratando el tema de la violencia directamente.
II.Marco Conceptual del Estudio
La estructura que se plantea para el análisis de la relación entre violencia y pobreza se ha realizado a partir del marco conceptual desarrollado por Caroline Moser y Elizabeth Shrader, 1999[3].
Antes de analizar la relación entre pobreza y violencia, es importante definir los términos violencia y pobreza claramente. Efraín González de Olarte y Pilar Gavilano[4] definen la agresión como todo aquel comportamiento cuya finalidad es dominar o imponer los propios impulsos a otras personas, infligiendo daño físico o psíquico a los demás; la violencia, en este contexto, sería la forma extrema de agresión interpersonal. Dollard, Dobb, Miller, Mowrer y Sears sostienen que existe un vínculo consistente entre la frustración (sentimiento negativo cuando no se puede conseguir un objetivo) y la agresión, es decir, la frustración puede llevar a realizar actos de violencia con el fin de descargar, aunque no siempre la descarga se realiza sobre el objeto de frustración. Por otro lado, la pobreza se puede definir en términos absolutos o relativos (Efraín González y Pilar Gavilano, 1998): (i) en términos absolutos la pobreza es la situación en que el individuo o familia no cuentan con los recursos mínimos para satisfacer sus necesidades básicas, (ii) en términos relativos, la pobreza se define comparativamente a un grupo apropiado de referencia, es decir, aquélla que da cuenta de la existencia de desigualdades socioeconómicas, reflejadas en una desigual distribución del ingreso y la riqueza; la comparación debe hacerse con relación al promedio de vida de la comunidad, es decir, del entorno en el cual viven.
En este sentido, se puede identificar una relación entre violencia y pobreza puesto que la pobreza está ligada a una necesidad insatisfecha, la cual crea una frustración que puede degenerar en violencia. Más aun, la definición de violencia en términos relativos, puede ilustrar mejor la relación entre violencia y pobreza, puesto que, no sólo existe una frustración por una necesidad insatisfecha, sino que ésta se puede ver agudizada al observar la desigualdad que existe entre la población en cuanto a distribución de ingresos y oportunidades. Asimismo, esta comparación que agudiza el sentimiento de frustración, puede hacerse no sólo con relación a otro grupo en un mismo tiempo, sino también con relación a uno mismo en tiempos diferentes, es decir, el empobrecimiento también puede generar una frustración mayor que puede degenerar en violencia.
En un estudio sobre Desigualdades en los Ingresos y Violencia (Fjnzylber, Lederman y Loayza, 1999)[5] se encontró que la desigualdad en un factor importante en la manifestación de violencia. Por ejemplo, se encontró que, si bien es importante la educación para poder tener acceso a mejores posibilidades de desarrollo, si no existen otras condiciones necesarias para acceder a un mejor ingreso, la desigualdad en oportunidades se hace más evidente y existen mayores posibilidades de que se presenten manifestaciones de violencia. Asimismo, en un estudio realizado por el Instituto APOYO[6] para Lima Metropolitana, se encontró que una de las zonas más violentas era aquélla en que, si bien existía un nivel alto de años de estudios en la población, las diferencias económicas eran muy grandes con relación a otras áreas de Lima Metropolitana.
Otros autores (Jeffrey Fagan, 1994)[7] señalan que la violencia es más de carácter endógeno al individuo y se presenta en todas las clases sociales, sin embargo concuerdan con la idea de que la pobreza puede incrementar el riesgo de violencia, sobre todo la familiar. En esta línea de análisis, un estudio de DESCO (1999)[8] encontró que los departamentos más pobres del país eran los que presentaban un mayor índice de inseguridad.
Los tipos de violencia
A continuación se presentan los tres tipos de violencia que se analizarán en el presente estudio, según la clasificación de Moser y Shrader:
Violencia Política:
Todo acto violento que se lleva a cabo con la finalidad, consciente o inconsciente, de obtener o mantener un poder político
Violencia Económica:
Todo acto violento que se lleva a cabo con la finalidad, consciente o inconsciente, de obtener un beneficio económico y/o obtener o mantener un poder económico
Violencia Social:
Todo acto violento que se lleva a cabo con la finalidad, consciente o inconsciente, de obtener un beneficio social y/o obtener o mantener poder social.
Asimismo, Jamil Salmi (2000)[9], además, otro tipo de violencia: la violencia indirecta o por omisión. Este tipo de violencia es básicamente cometido por el Estado, cuando éste no cumple su rol de proteger al pueblo en contra de la pobreza y el hambre entre otras cosas.
Cabe señalar que los diferentes tipos de violencia presentan a su vez diferentes modos de manifestación. Por ejemplo, la violencia política se puede manifestar a través de un conflicto guerrillero o paramilitar, un conflicto armado entre partidos políticos, o asesinatos de índole política. Para fines del estudio, el análisis de la violencia política se centra en el terrorismo, puesto que el Perú sufrió fuertemente por varios años la presencia de grupos terroristas: el MRTA y Sendero Luminoso. Los actos delictivos y violentos cometidos por estos dos grupos no sólo ocasionaron grandes pérdidas materiales sino también crearon una sensación de inseguridad en la población, la cual no confiaba en la seguridad que el sistema le ofrecía, además de disminuir la sensibilidad de la población ante la violencia después de las cruentas experiencias vividas en los ochenta (DESCO, 1999). Hoy en día la presencia del terrorismo ha disminuido notablemente, pero no deja de ser un riesgo latente, sobre todo en las zonas altoandinas, selváticas y en la periferia urbana de Lima. Además, el departamento de Ayacucho, uno de los departamentos en el cual se profundiza el análisis, fue la principal sede del terrorismo y uno de los más afectados por éste, sufriendo aún en la actualidad los efectos del conflicto en la población y la pobreza que lo caracteriza.
Desde el punto de vista de género, es importante analizar el terrorismo por el efecto que éste tuvo en las organizaciones femeninas y en la dinámica de la unidad familiar. A raíz del terrorismo, se crearon varios tipos de organizaciones femeninas, como los clubes de madres para asumir las tareas de la defensa de la vida y los derechos y la sobrevivencia familiar y comunal[10]. Por otro lado, muchas mujeres quedaron viudas a raíz del terrorismo o abandonadas, teniendo que ocupar el rol de jefe de familia y asumiendo nuevas responsabilidades.
Con relación a la violencia económica, ésta se manifiesta a través de robos o asaltos, secuestros, tráfico de drogas, entre otros. Dentro de este tipo de violencia, se puede hacer una distinción entre la forma de manifestación que acoge en el ámbito urbano y rural. La diferencia entre las culturas que prevalece en estos ámbitos geográficos ocasiona una diferencia en su manifestación, así como también en la causa de las mismas, tema que se tocará más adelante. Por ejemplo, en las zonas urbanas se puede apreciar crímenes vinculados a robos, asaltos y secuestros, así como micro-comercialización de droga, mientras que en las zonas rurales, se encuentra el abigeato y una fuerte presencia del narcotráfico, debido a que muchas veces resulta económicamente más rentable cultivar la coca que productos tradicionales.
El tema del narcotráfico se profundizará cuando se aborde el tema de la violencia económica, el cual se espera que sea tocado especialmente en el caso de San Martín. En este departamento, la siembra indiscriminada de coca se da con mayor fuerza a partir de la década de los 70´s en las provincias de Tocache y Juanjuí y luego, ya en la década de los 80´s, este problema se generaliza a casi todas las provincias del departamento. Como consecuencia, los narcotraficantes ejercen la violencia e intimidación para controlar la producción y comercialización de la coca, creando un sentimiento de inseguridad en la población. Este problema se intensifica cuando los narcotraficantes se asocian con los terroristas ofreciéndoles armas a cambio de garantías para la producción[11]. Cabe mencionar que, aparte del daño físico y psicológico que puede sufrir la población, existe el problema de la deforestación de los bosques por la siembra.
En cuanto a la violencia social, las principales manifestaciones están dadas por el abuso de los niños, abuso sexual a la mujer y violencia psicológica en el ámbito doméstico. En este sentido, el análisis de este tipo de violencia tendrá un fuerte énfasis en género, puesto que la mujer es mayormente la víctima de este tipo de hecho violento. En este tipo de violencia, no sólo se puede obtener una perspectiva de género en el efecto de la violencia, sino que la propia motivación tiene un factor de género, pues lo que se quiere es obtener o mantener el poder de un género sobre el otro.
La mujer es víctima de agresiones y daños, tanto físicos como psicológicos, sobre todo dentro del hogar. En una encuesta realizada por el Instituto Apoyo en enero de 1998, en el 83 por ciento de los casos en que las víctimas habían sido agredidas por un familiar, la víctima fue mujer. Por otro lado, tomando como referencia la población femenina mundial, por lo menos una de cada cinco mujeres ha sido maltratada física o sexualmente por un hombre o varios, en algún momento de su vida (OMS/OPS 1998)[12], en este caso haciendo referencia tanto a hechos ocurridos dentro del hogar como fuera.
La finalidad de dividir los hechos violentos en tres diferentes tipos de violencia, de acuerdo a su motivación (política, económica y social), permite tener un mejor entendimiento de las causas que dan origen a la violencia y los mecanismos que pueden ayudar a mitigarla. A su vez, esta diferenciación también permite conocer por qué una acción orientada a mitigar un tipo de violencia puede no tener efectos sobre otro tipo de violencia. Por ejemplo, en el caso de Perú, los niveles de violencia política, específicamente el terrorismo, han disminuido considerablemente en los últimos años, sin embargo, la violencia económica y social han ido en aumento.
Los tipos de violencia descritos anteriormente serán las tres categorías de análisis que se considerarán para el presente estudio. Los aspectos de inter-relación entre pobreza y violencia serán abordados a través del análisis de las causas y efectos de la violencia.
Las causas de la violencia: Análisis de la inter-relación entre violencia y pobreza
En el mismo estudio (Moser y Shrader 1999), se presenta cuatro tipos de causas:
Origen Estructural:
Se refiere a factores que abarcan el ámbito macro económico y social (político, económico, social y de políticas públicas), incluyendo opiniones, creencias y normas culturales de la sociedad. Por ejemplo, un problema a este nivel sería la corrupción del estado o el racismo en la sociedad.
Origen Institucional:
Pueden surgir de dos tipos de instituciones, formales e informales. Las formales son las legalmente constituidas mientras que las informales son las que se originan en la sociedad por iniciativa propia. Un problema a este nivel sería un mal sistema educativo o el desempleo, en cuanto instituciones formales; y organizaciones de base poco sólidas, en cuanto a instituciones informales.
Origen Interpersonal:
Son aquéllos relacionadas al contexto inmediato del hecho violento, como por ejemplo, la relación entre marido y mujer.
Origen Individual:
Son los que dependen de características específicas del individuo. Son más complicados en términos de análisis debido a su relación con la psiquis del individuo.
No es fácil definir las causas de la violencia ya que diferentes individuos, comunidades o naciones, tienen, por ejemplo, diferentes niveles de tolerancia de la violencia. La división de las causas de violencia en diferentes tipos permite tener un mejor acercamiento a éstas, posibilitando un mejor análisis en el ámbito familiar, regional y nacional de las condiciones en que la relación entre pobreza y violencia se torna más riesgosa. Es importante tener en cuenta que un acto violento no necesariamente se reduce a un sólo tipo de causalidad. De hecho, la mayoría de veces lo que ocurre es una inter-relación entre las diferentes causas, las cuales convergen en un hecho violento.
Por ejemplo, con relación a la violencia familiar, Maruja Barrig[13] intenta identificar las causas de la violencia doméstica en la pobreza -problema estructural-, no obstante, también influyen otros factores como el sexismo -problema estructural- y el autoritarismo -problema interpersonal- (Carmen Pimentel, 1988), pues en una cultura con estas características, el hombre, ante cualquier negación de su condición jerárquica, se incomoda y puede reaccionar con violencia ante la mujer (González y Gavilano, 1998)[14]. Cabe mencionar que el factor riesgo en este sentido se puede ver incrementado en una situación de pobreza, debido a la tensión de vivir en un estado de hacinamiento y falta de espacio vital, carencia de servicios básicos, falta de acceso a trabajo, etc.
Por otro lado, la relación entre violencia y pobreza sugiere un círculo vicioso del problema, puesto que la pobreza crea tensiones y frustraciones que pueden degenerar en violencia, la cual socava los diferentes tipos de capital (físico, humano, social y ambiental), profundizando el problema de pobreza. Sin embargo, existe otra causa de la violencia, y es la violencia en sí misma, creándose otro círculo vicioso, pues en una cultura donde la violencia es frecuente, ésta se percibe como permisible y legítima, agudizando el problema de la violencia y su relación con la pobreza.
FRUSTRACION
POBREZA VIOLENCIA VIOLENCIA PERMISIBLE
DAÑO AL CAPITAL
(humano, físico, natural y social)
En el caso de Perú, este círculo vicioso puede ilustrarse claramente. La violencia por omisión por parte del Estado sería el inicio de este círculo vicioso. Hay pobreza, no existen oportunidades de desarrollo, situación que crea un sentimiento de inseguridad en la población. En este contexto surgen, por un lado, los robos y asaltos y, por otro, los grupos subversivos, con el afán de adquirir el poder político a través de la violencia motivado por un sentimiento de venganza[15].
Estos grupos subversivos destruyen el capital físico, agudizando el problema de la pobreza, además que el Estado tiene que destinar recursos para la reconstrucción de la infraestructura destruida y a combatir el terrorismo, lo cual limita los recursos que puede destinar a aliviar la pobreza, el problema de fondo, motivo por el cual, aún después de haber combatido el problema del terrorismo, éste continua siendo un peligro latente. Además, la confrontación entre el terrorismo y las fuerzas armadas y policiales ha tenido grandes efectos sobre la población, habiendo sido víctimas de ambos bandos, creando un sentimiento de desconfianza mayor, puesto que ya no queda a quién recurrir[16]. En este caso se pueden identificar problemas institucionales formales, es decir, con las fuerzas armadas y policiales. Además, la inseguridad y la frustración se incrementan en la población, la violencia se vuelve una manifestación permisible y los valores de la sociedad se ven alterados[17].
En un contexto de inseguridad económica y física, donde la violencia es permisible y legítima, la unidad familiar se ve también afectada. La frustración por no poder satisfacer necesidades básicas, en conjunto con la evaporización en el ser humano de una conciencia de mal y responsabilidad (Jeffrey Klaiber, 1988)[18] –problemas interpersonales e individuales-, incrementa la tensión y manifestaciones violentas en la unidad familiar. En este caso, cuando un género quiera someter a otro, dentro de la unidad familiar, el uso de la violencia para dicho fin será legítimo y permisible.
Los efectos de la violencia
Es importante obtener una aproximación a los efectos de la violencia. Los efectos de la violencia pueden ser directos o indirectos y monetarios o no monetarios. Los efectos directos son los que están directamente relacionados con la pérdida material sufrida a raíz del acto violento. Los efectos indirectos son en los que se incurre a raíz del acto violento, como por ejemplo gastos en seguridad. Los efectos no monetarios son los más difíciles de cuantificar, por ejemplo el daño psicológico, aunque ello puede tener repercusiones en efectos monetarios (el daño psicológico por ejemplo puede ocasionar problemas de aprendizaje o desarrollo personal). También existen otros efectos indirectos que si se pueden cuantificar, como los años de vida saludables perdidos a raíz de la violencia. En un estudio realizado por el Instituto Apoyo, se estimó que los costos sociales de la violencia contra la persona y la propiedad durante 1996 en Lima Metropolitana representaban el 3.62% del PBI de Lima[19].
El análisis de efectos permite conocer las consecuencias de la violencia en los diferentes ámbitos: familiar, de la comunidad y nacional. Para fines del análisis se han diferenciado cuatro tipos de activos que pueden ser socavados por causa de la violencia. Estos tipos de capital son: físico, humano, social y natural.
El capital físico es todo aquello hecho por el hombre, es decir, equipos, infraestructura, y otro tipo de insumos productivos del hombre, empresas o de la sociedad. Este tipo de capital se puede ver afectado por la sustracción del mismo o su destrucción. En el caso del capital físico, el mayor costo se encuentra en la pérdida o maltrato de infraestructura, causada básicamente por pandillas o a causa de la violencia política. Por ejemplo, las pérdidas acumuladas en Perú por terrorismo ascendían a 25 mil millones de dólares en 1994 (Banco Mundial 1998)[20].
El capital humano es el propio del hombre, es decir su capacidad para desarrollarse, el cual puede ser afectado en diferentes aspectos como el educativo, el de la salud, el de las oportunidades laborales, entre otros. En este caso, el individuo puede ser víctima de daños físicos o psicológicos, los cuales afectan tanto su salud como su educación. Además, en ocasiones la violencia se encuentra en el colegio o, en el caso de la educación nocturna puede ser riesgoso ir al centro educativo.
El capital social incluye las reglas, normas, obligaciones, reciprocidad y confianza que existen en la sociedad. El capital social puede ser analizado en tres diferentes ámbitos, en el de las instituciones sociales formales, informales y en el ámbito familiar. El capital social puede verse afectado, en al ámbito de las instituciones formales, por ejemplo, al perderse la confianza en el gobierno y el sistema judicial; en al ámbito de las instituciones no formales, en las comunidades donde la confianza interpersonal se pierde, se crean pandillas y la violencia sigue creciendo en medio del desempleo, prostitución, tráfico de drogas y deserción de la educación, creándose una cultura donde la violencia es permisible y legítima; y en el ámbito de las familias, erosionando su capacidad para funcionar como una unidad y volviéndolas vulnerables. El tema de capital social será profundizado en el capítulo quinto del presente Estudio.
El capital natural es aquél que tiene que ver con el medio ambiente. Este también puede verse afectado por la violencia. Por ejemplo, en el caso del narcotráfico, la siembra de coca desgasta la tierra.
Los mecanismos para enfrentar la violencia
Existen varios mecanismos de accionar, sin embargo, este estudio se centra en la línea del capital social, es decir, las acciones que buscan construir o fortalecer el capital social en la comunidad y en la familia. Para fines de este análisis, se utilizarán como ejemplo los proyectos de lucha contra la pobreza financiados por el Banco Mundial: PSNB, Programa de Caminos Rurales, “Recursos Naturales y Alivio de la Pobreza en la Sierra” de PRONAMACHCS, MECEP y FONCODES.
Los proyectos nombrados están destinados a aliviar la pobreza en el Perú, teniendo como objetivo ofrecer un mejor acceso a los servicios básicos de salud, educación, agua y vías de comunicación, a la población más necesitada. Asimismo, tienen por objetivo aportar en el tema de género, capacitando a las mujeres, fortaleciendo sus organizaciones y ayudándolas a desarrollarse mediante iniciativas empresariales.
Los proyectos de lucha contra la pobreza son importantes pues, por un lado, buscan eliminar la violencia por omisión por parte del Estado, preocupándose éste por brindar mejores condiciones de vida a la población en situación de pobreza y pobreza extrema; y, por otro lado, aliviando la pobreza pueden mitigar el problema de la violencia, incrementando la seguridad de la población, la confianza en el Estado y disminuyendo la frustración. No obstante, el problema de que existen culturas en donde la violencia es permisible y legítima se mantiene, problema que podría ser abordado y mitigado mediante talleres de sensibilización de la población con relación a este tema, área en que estos proyectos pueden ayudar.
Síntesis del análisis
La estructura de análisis se puede resumir en el diagrama que se muestra a continuación. Como ya se mencionó, las diferentes causas de la violencia, muchas de ellas relacionadas a la pobreza, se inter-relacionan de manera que dan lugar a los diferentes tipos de violencia. La violencia afecta a los diferentes tipos de capital, creándose un círculo vicioso del problema. Los diferentes proyectos de lucha contra la pobreza, que apoyan al fortalecimiento del capital social de las comunidades y de las familias, podrían, además de contribuir al alivio de la pobreza, a mitigar la violencia en, si incluyesen un componente que trate este tema directamente.
CAUSAS TIPOS DE VIOLENCIA TIPOS DE CAPITAL
Política
Económica
Social
Capital físico
Capital Humano
Capital social
Capital natural
Estructurales
Institucionales
Interpersonales relación entre efectos de la
violencia y pobreza violencia
MECANISMO DE ACCION
Apoyo al capital social
(Programas de Lucha contra la Pobreza)
Considerando el fortalecimiento del
enfoque de pobreza capital social
MAYOR POBREZA
III.Experiencia Internacional
III.1Terrorismo
El terrorismo es una de las manifestaciones de violencia que involucra dimensiones tanto urbanas como rurales. Las experiencias internacionales respecto al tema son muy variadas y sus efectos en las sociedades ampliamente diferentes. El terrorismo representa una amenaza latente a la estabilidad política del Estado y de la misma sociedad, por lo que bajo este fenómeno las relaciones sociales son susceptibles a transformarse.
Como sucede con todas las formas de violencia, las causas de la violencia política son múltiples. Sin embargo, éstas tienden a girar en torno al legado histórico de la violencia, junto con el acceso desigual al poder tanto económico como político. En América Latina una de las principales causas de este tipo de violencia fue el acceso desigual tanto a los recursos económicos como al poder político. Así, parece ser que la desigualdad es una causa principal subyacente a la violencia.[21]
Si bien América Latina es una región relativamente con mayores ingresos que otras regiones como Africa y Asia, también es una en la que la distribución de los ingresos es más desigual. El acceso a la tierra y a los recursos, que es considerado como una de las causas de la violencia política, es limitado para la gran mayoría de la población. Los factores de producción son propiedad de un grupo muy reducido y poco representativo de la población. La exclusión también se da en el ámbito político ya que el poder siempre ha estado concentrado en un pequeño grupo de la sociedad que tomaba las decisiones para el país en conjunto sin permitir la participación de todos los ciudadanos. Además, la falta de oportunidades laborales y de acceso a la educación ha contribuido al crecimiento de la violencia política, particularmente en los jóvenes. La violencia política pudo expandirse rápidamente debido a los altos niveles de impunidad y la falta de mecanismos efectivos de resolución de conflictos, reflejados en la ineficiencia de las fuerzas del orden y del poder judicial. Ambos factores evidenciaron la falta de poder del Estado para impedir los delitos.[22]
Los costos de este tipo de violencia han sido altos en América Latina (sobre todo en Colombia, Perú y los países centroamericanos). Por ejemplo, en Colombia se calcula una pérdida de 1% del PNB al año como parte del costo humano de los homicidios, en la última década, los ataques a la infraestructura llegan a cerca del 1% del PNB y los gastos públicos en seguridad y sistemas judiciales representan un 5% del PNB (Solimano, 1999).[23]
En la práctica, resultó muy difícil controlar a los movimientos subversivos de la región. En Perú, las fuerzas armadas se enfrentaron en un sin número de ocasiones cuerpo a cuerpo en las zonas rurales. Dado que los movimientos subversivos atacaron a los pueblos del interior del país, se desarrollaron rondas comunales de defensa con el apoyo de las fuerzas armadas (los “ronderos”). A pesar de ello, no se pudo evitar que muchos campesinos se vieran obligados a desplazarse a las ciudades dejando casi todas sus pertenencias en sus lugares de origen. El efecto de este proceso migratorio ha llevado a modificar la distribución espacial de la población, disminuyendo significativamente la población rural. Los desplazados llegan a las ciudades sin ninguna clase de recursos y no reciben el apoyo del Estado, lo que los lleva a una vida precaria y en condiciones de marginalidad e incrementando la pobreza urbana. El desplazamiento puede generar diferentes reacciones entre el hombre y la mujer y puede conllevar a una transformación de roles.[24]
El género, así como otras variables como la experiencia personal y la educación, afectan la capacidad de los desplazados para construir un nuevo proyecto de vida en la ciudad. En casi todos los casos de violencia política, el mayor número de desplazados está conformado por mujeres y niños. Muchas mujeres llegan a las ciudades solas con sus hijos y pasan a desempeñar el rol de jefe del hogar. En la ciudad, las mujeres se ven obligadas a trabajar para sobrevivir. En muchos casos, las mujeres llegan a desempeñar cargos en organizaciones comunales lo que les ofrece una oportunidad para reconstruir sus vidas en la ciudad, desempeñar un rol más importante en la sociedad y ganar cierta autonomía[25].
En una sociedad que se ve amenazada por la violencia política, se puede generar grandes transformaciones sociales como de los roles que cada miembro desempeña en la sociedad. Las relaciones de género también pueden sufrir transformaciones durante los períodos de guerra interna. Tanto en Perú como en otros lugares donde se ha originado una crisis política, surgiendo grupos terroristas y una guerra interna, se han creado nuevos espacios y ampliado las oportunidades para que las mujeres evalúen y exploren su relación o posición dentro de su sociedad. Los conflictos políticos se convirtieron en un medio que permitió a las mujeres desempeñar cargos importantes dentro de su sociedad, participando en organizaciones civiles. Por ejemplo, han participado en el desarrollo de instituciones que brindan atención a los damnificados o comités de defensa de la población. Sin embargo, hay que señalar que las mujeres también desempeñaron cargos importantes dentro de los movimientos subversivos. En general, la amplitud de las tareas y responsabilidades que desarrollaron las mujeres durante los conflictos y su incursión en campos que habitualmente eran del dominio masculino, permitieron a las mujeres un mayor desarrollo individual[26].
El caso de El Salvador
La desigualdad social, la ausencia de una verdadera democracia que represente a todos los sectores de la sociedad salvadoreña y el problema de la tierra han sido señaladas como las principales causas de los conflictos armados[27] La propiedad de la tierra y de los factores de producción han estado por muchos años en manos de un pequeño grupo de la población, que acumula la mayor parte de la riqueza; mientras la gran mayoría de la población, que trabaja en la agricultura, se ha visto excluida de los beneficios de la agricultura y vive en condiciones de marginalidad. Con el paso del tiempo, los grupos de oposición se fueron organizando hasta formar los movimientos guerrillero como en El Salvador, Nicaragua y Honduras. En la década de los setenta, aparecieron en El Salvador, los primeros movimientos subversivos y se expandieron rápidamente. En 1980 los diferentes grupos guerrilleros se unieron y formaron el FMLN y empezaron sus operaciones por 12 años.[28]
El gobierno salvadoreño y el FMLN llegaron a un acuerdo en 1992. Desde entonces el FMLN ha sido completamente desmovilizado y fue reconocido como un partido político legítimo, participando en todas las elecciones a partir de 1994. Durante el enfrentamiento armado, las medidas de apoyo a los desplazados y a las comunidades afectadas por parte del gobierno fueron insuficientes, a pesar del gran apoyo internacional que se recibió. Por ejemplo, las Naciones Unidas desarrollaron en El Salvador el PRODERE. En las áreas de cobertura del programa se restauraron los servicios básicos destruidos y se trató de reactivar la economía local (OIT, 1999)[29]. No obstante, aún no se consigue la paz en El Salvador.
En cuanto a los efectos de la violencia política en El Salvador, si bien no se tiene una cifra que represente el costo económico del conflicto armado, sí se tiene un estimado de las pérdidas en vidas humanas. Algunos cálculos conservadores atribuyen a este conflicto un costo en vidas humanas que asciende a las 75,000 personas, en promedio murieron 6,250 personas por año.[30]
Por otro lado, terminado el conflicto armado, los ex - combatientes, tanto los integrantes del FMLN como los de las fuerzas armadas (las cuales fueron reducidas en tamaño) se encontraron en una situación de desempleo, necesitando apoyo para su reinserción en la sociedad. Se llevó a cabo un programa de reinserción, junto con un programa de transferencia de tierras para apoyar a ambos grupos, pero las medidas no fueron suficientes[31]. Asimismo, la violencia política dejó secuelas, entre ellas la delincuencia común. Algunos intentan explicar esta secuela por las grandes cantidades de armas que circulaban en la sociedad y por las dificultades de reinserción en la sociedad.[32] El problema de la delincuencia común es de tal magnitud que ha llegado a preocupar a la sociedad salvadoreña aún más que la violencia política de los años ochenta. La tasa de homicidios más elevada durante la época del conflicto armado fue de 70 por cien mil habitantes (1990), mientras que la tasa después del conflicto llegó a ser de 138 por cien mil habitantes (1994-1995), mostrando el abrupto incremento en el índice de homicidios. Si bien se llegó a un acuerdo de paz con el FMLN, las medidas tomadas después del conflicto no fueron suficientes, no prepararon a la sociedad para afrontar las consecuencias de la guerra. Paradójicamente, el establecimiento de la paz habría quebrado el equilibrio del orden social impuesto por la guerra y habría provocado un desencadenamiento de los factores que aumentan la violencia como, la circulación de armas y la debilidad de los aparatos de seguridad[33].
Desde una perspectiva de género, si se analiza el rol de la mujer en la sociedad salvadoreña, ésta tradicionalmente estaba encargada de los quehaceres domésticos y del cuidado de los hijos, sin embargo una alta proporción de ellas asume el cargo de jefe de hogar. Su participación en la sociedad ha sido muy limitada y subordinada. Durante la guerrilla, un alto porcentaje de mujeres se incorporó a las diferentes actividades propias de esas circunstancias. Su participación en actividades militares provocó cambios en su subjetividad y reacciones en los hombres que no estaban acostumbrados a compartir esas responsabilidades con las mujeres. Estas desempeñaron nuevas actividades como el combate, la fabricación de explosivos, transporte de alimentos y armas, etc. Al finalizar la guerra y reincorporarse a la sociedad civil, las mujeres sufrieron tanto por el fin de ese período en el que habían experimentado una nueva forma de relaciones como por el rechazo de la sociedad por su conducta durante la guerrilla y las culpas que se generaron. Sin embargo, la amplitud de tareas y responsabilidades que desarrollaron durante la guerra, su incursión en campos que habitualmente eran de dominio masculino demuestra el gran potencial de las mujeres salvadoreñas. Para que pueda ser aprovechado, debe combinarse capacitaciones y programas de desarrollo económico.[34]
III.2Narcotráfico
Una de las expresiones más claras de la violencia rural es la actividad de los narcotraficantes sobre todo en las áreas de ceja de selva de Perú y Colombia. El narcotráfico representa una de las mayores expresiones de la delincuencia organizada contemporánea y conlleva a perturbaciones en la seguridad así como al despliegue de bandas armadas que se enfrentan a las fuerzas militares en estas zonas, además de la corrupción de muchos funcionarios públicos (tanto civiles como militares) que sirven a los intereses de los narcotraficantes y encubren sus operaciones[35].
En general, los grupos de narcotraficantes inician sus operaciones reafirmando un territorio acudiendo a la violencia. Luego, desarrollan una notable gama de relaciones a nivel político y económico a través de la corrupción de segmentos públicos y privados para encubrir y ampliar sus operaciones (procesamiento y tráfico de droga) mientras se mantiene intimidada a las poblaciones de dichas zonas[36]. En un contexto en que se quiere mantener una actividad ilícita las relaciones de corrupción son esenciales[37].
Además de la creciente demanda por cocaína desde los años sesenta, otra de las causas del rápido crecimiento del cultivo de coca fue el alto nivel de pobreza que hay en los países como Perú, Colombia y Bolivia, en donde se inicia el circuito del narcotráfico a través de la producción de hoja de coca. Las comunidades campesinas, que reciben bajos ingresos por la venta de los cultivos tradicionales, reciben ofertas de los narcotraficantes, llegando a recibir sumas altas por el cultivo de la hoja de coca.
Cabe señalar que los efectos del narcotráfico sobre la violencia también pueden analizarse en forma conjunta con las actividades terroristas. Tanto en Perú como en Colombia, los movimientos subversivos vigilaban los intereses de los narcotraficantes como las plantaciones y los lugares donde se encontraban los laboratorios clandestinos. Bajo este mecanismo, los movimientos subversivos conseguían recursos para financiar su lucha armada.[38]
Si bien la ceja de selva es la zona de producción de la hoja de coca, que es el principal insumo para la fabricación de la cocaína, la actividad de los narcotraficantes y sus efectos sobre la violencia fluye a través de rutas aéreas, fluviales y terrestres que cruzan el campo hacia las ciudades y luego hacia el exterior. En las ciudades los actos de violencia urbana se incrementan notablemente a través de robos, asaltos, secuestros, desapariciones forzosas, homicidios y extorsiones por efecto del consumo de drogas y su comercialización[39].
Entre las medidas principales para la lucha contra el narcotráfico, se busca dar apoyo a la población para acceder a nuevos mercados y cultivos más rentables, los cuales no permitan que el cultivo de la coca sea una opción. En este sentido, los programas de apoyo al desarrollo social en las áreas rurales son un componente importante. Cabe mencionar que un factor esencial para disminuir el problema del narcotráfico en las zonas de Perú y Colombia es la ayuda que brinda Estados Unidos para combatirlo. No obstante, en el caso de Perú, si bien se ha disminuido la producción de coca (hectáreas cultivadas), en gran medida debido a la acción de las fuerzas armadas, la derrota del terrorismo y la caída del precio internacional de la coca, aún falta por hacer en las zonas rurales, donde la pobreza persiste pudiendo incentivar a los campesinos a actividades ilícitas.
El caso de Colombia
La inmensa corrupción del régimen, el aumento de la pobreza entre las clases media y estratos populares (más de 25 millones de pobres de los cuales casi 11 millones viven en la miseria total), el alto desempleo y la concentración de la riqueza y la tierra[40], es el escenario en el que se desarrolló la violencia política y el narcotráfico en este país (CODHES, 1999)[41].
Muchas de las autoridades públicas y privadas están corruptas a consecuencia del narcotráfico. La policía y los miembros del poder judicial son acusados de facilitar la actividad de los narcotraficantes. Los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los narcotraficantes son continuos ya que encontrar y destruir laboratorios y cultivos ilícitos se ha convertido en una tarea normal de las autoridades (Tokatlian, 1996)[42]
El desplazamiento forzado de miles de personas es la consecuencia inmediata del conflicto armado interno. Desde la década del 80 este fenómeno se presenta en Colombia y se ha agravado en los últimos años. La Conferencia Episcopal Colombiana y la Consultoría de Derechos Humanos sobre el Desplazamiento, sostienen que desde 1985 hasta la fecha se han desplazado mas de dos millones de colombianos. Zonas como Urabá, Córdoba, sur de Bolívar, Putumayo, Chocó, Meta, Vichada, Santander del Sur han sido expulsoras. Bogotá y Medellín son las ciudades que más han recibido a los desplazados Los enfrentamientos entre las guerrillas y los paramilitares están provocando una fuga masiva de colombianos hacia los países vecinos (Panamá y Venezuela). Las zonas fronterizas se han convertido en zonas extremadamente violentas, sobre todo la frontera con Panamá en la que los gobiernos de ambos países han tenido que incrementar sus fuerzas policiales en las regiones fronterizas para contrarrestar los focos guerrilleros y de narcotráfico. (CODHES, 1999)[43]
Los desplazados se convierten en expulsados de su propia tierra a quienes se le están violando sus más elementales derechos a la vivienda, a la educación, a la salud y al trabajo. La discriminación y la falta de oportunidades en las ciudades hacia las cuales migran y el sentimiento de no-pertenencia incrementan las probabilidades de que la violencia se vuelva una alternativa (Findley, 1999)[44]. En este sentido, es necesaria la implementación de planes de ayuda que cubran las necesidades básicas de los desplazados que no tienen condiciones para retornar a su lugar de origen (CODHES, 1999)[45].
Para afrontar el narcotráfico, Colombia ha contado con el apoyo internacional, principalmente del gobierno de los Estados Unidos que colabora en la erradicación de los cultivos ilícitos y en la destrucción de la estructura de producción. Además, promueve oportunidades económicas lícitas que alienten a los campesinos a abandonar el cultivo de la hoja de coca para cultivar otros productos a los que se les brindaría libre acceso al mercado estadounidense y brinda recursos técnicos, logísticos y financieros que son utilizados en programas de desarrollo alternativo. Colombia, recibe además el apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial, destinados principalmente al apoyo del agro, la sustitución de cultivos ilícitos y el desarrollo de programas de ayuda a las comunidades más afectadas por la violencia[46].
III.3Violencia intra-familiar
La violencia intra-familiar es uno de los problemas sociales más graves de la sociedad latinoamericana y caribeña. Una de las modalidades más frecuentes y relevantes de las categorías de violencia intra-familiar constituye la violencia conyugal que tiene graves consecuencias en las mujeres ya que además de los daños físicos, se provocan daños psicológicos, morales e intelectuales mucho más difíciles de curar. Cuando la víctima es la mujer, existen además víctimas indirectas o secundarias que son las personas que están en el hogar (particularmente los hijos) que presencian los actos de violencia.
La relación entre violencia intra-familiar y pobreza resulta ser muy compleja. Por ejemplo, no todas las mujeres pobres son agredidas, ni todos los hombres pobres son los agresores. Es necesario integrar otros elementos al análisis de la causalidad entre pobreza y violencia que implica necesariamente el estudio de las inter-relaciones singulares de los individuos, de las familias y aspectos sociales y culturales que la contextualizan (relaciones de género, edad, étnicas, religiosas, etc.)[47].
En los países centroamericanos, la violencia contra la mujer era un tema que no se trataba, por lo que resultó muy difícil para estas sociedades visualizar el problema de la violencia contra la mujer como un problema social y no como un problema entre marido y mujer. Además, las mujeres no denunciaban a sus maridos y sin la denuncia no se entablaba ningún proceso legal, por lo que el problema permanecía encubierto.[48]
Corsi (1992)[49] propone un modelo integrativo para la comprensión de la violencia familiar. Entre las causas, se presentan las relacionadas al macrosistema, es decir, las formas de organización social, sistemas de creencias y sistemas de vida predominantes en una cultura o sub-cultura, como por ejemplo el sexismo. Otro nivel de causalidad es el exosistema, es decir el de las instituciones mediadoras entre el nivel de cultura y el individual, como por ejemplo la violencia que se presenta en los medios de comunicación. Ambos niveles de causalidad muestran que un ambiente de violencia a nivel macro e institucional, influyen en la unidad familiar, siendo la violencia un medio permisible de dominación. Asimismo, otros factores a niel marco como la pobreza y la falta de oportunidades, el hacinamiento en el que viven las familias, predispone a la aparición de conductas violentas.
Como ya se mencionó, la mujer es la principal afectada. Tomando como referencia la población femenina mundial, por lo menos una de cada cinco mujeres ha sido física o sexualmente agredida por un hombre o varios hombres en algún momento de su vida, siendo la violencia más común la violencia en el hogar o en la familia. En todo el mundo, se ha calculado que la violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados[50]. Específicamente, para el caso de América Latina, en un rango entre 30 y 50 por ciento de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia intra-familiar.[51]
En cuanto a las medidas tomadas, en América Latina, se ha realizado una reforma legal que reconoce el problema de la violencia intra-familiar, que reconoce a los agresores y genera las condiciones para el desarrollo de modelos de atención de este tipo de violencia. El rol del Ministerio de Salud en América Latina se ha redefinido para que actúe principalmente en la prevención y atención a las mujeres víctimas de la violencia. Se han organizado grupos de apoyo y servicios de educación e información para la prevención[52].
La violencia contra la mujer ha sido reconocida por las Naciones Unidas y por algunos gobiernos como un problema legítimo de derechos humanos, sin embargo, aún no se ha prestado toda la atención política requerida para la inclusión de la violencia hacia la mujer como un tema de salud pública.
El caso de Nicaragua
En general en los países centroamericanos, el tema de la violencia conyugal hacia la mujer había sido poco evaluado, por lo que los mecanismos para su detección y tratamiento habían sido poco desarrollados, hacia la década de los ochenta. Datos de la Encuesta Nacional ENDESA 98 indican que un 29% de las mujeres en Nicaragua, alguna vez dentro del matrimonio u otro tipo de unión, han sido objeto de abuso físico o sexual en sus vidas, el 94% de las mujeres que recibieron maltrato indicaron que la violencia física estaba acompañada de ofensas y humillaciones. También se registró un alto porcentaje de mujeres que recibieron golpes estando embarazadas y que en mucho de estos casos de violencia, habían sido presenciados por sus hijos. Otros datos interesantes obtenidos de la encuesta son que:
-El 33 por ciento de las mujeres maltratadas fue obligada a tener relaciones sexuales.
-En el 80 por ciento de los casos de violencia, ésta comenzó en los cuatro primeros años de convivencia.
-El 70 por ciento de los casos fueron considerados como severos, es decir, golpes con puños, amenazas y uso de armas.[53]
Como consecuencia de la violencia intra-familiar, según la misma encuesta, los niños que presenciaron este tipo de violencia presentaron nueve veces más problemas en el aprendizaje que aquellos que no vivían con violencia en el hogar. Asimismo, las mujeres víctimas de la violencia, tienen seis veces más probabilidad de sufrir trastornos emocionales. Por último, se encontró que los hijos varones de mujeres maltratadas, tienen tres veces más probabilidad de aplicar la misma conducta violenta con sus parejas.[54]
Un factor importante que se encontró en la encuesta es que la mayoría de mujeres maltratadas eran pobres, de zonas urbanas y con más de cuatro hijos. No obstante, este tipo de violencia se da tanto en las zonas urbanas como rurales, siendo la única diferencia que las mujeres de zonas rurales son las que menos realizan la denuncia.[55]
Con relación a los posibles factores que influyen en la violencia intra-familiar, se encontró que el mayor número de casos de violencia contra la mujer se dio en las familias con problemas en el uso de tabaco, alcohol y drogas, desempleo, y con un nivel social y económico bajo. De esta forma se podría establecer un vínculo entre los niveles de pobreza y la violencia intra-familiar. Asimismo, se encontró que las mujeres que no cuentan con el apoyo de sus familiares o amigos, son las más propensas a sufrir algún maltrato.[56]
A pesar de la magnitud del problema de la violencia contra la mujer y de que éste no es un problema reciente, es recién en la década pasada donde la sociedad nicaragüense toma conciencia del problema. Para afrontar la violencia contra la mujer, se creo el INIM en 1987 y dentro de éste, un área que coordina y da seguimiento a las acciones en las que participa el INIM en la lucha contra la violencia hacia la mujer, además de proteger y resguardar sus derechos (creado en 1998). También, se ha diseñando un marco legal apropiado para definir acciones de emergencia contra la violencia intra-familiar. Se ha reformado el Código Penal y existe una Resolución Ministerial en la que el gobierno asume como un problema de salud pública la violencia intra-familiar, y autoriza a las unidades de salud del Estado a prestar atención a la población afectada por este tipo de violencia. Se ha desarrollado Comisarías de la Mujer y la Niñez que constituyen un esfuerzo entre el INIM, la Policía Nacional y las ONGs que brindan servicios a las mujeres maltratadas. La participación de la sociedad civil en la respuesta al problema de la violencia de género se considera estratégica en cuanto han sido las organizaciones de mujeres nicaragüenses las que han levantado su voz de protesta para denunciar el maltrato y brindar a la población afectada espacios de atención.[57]
A pesar de que se han tomado estas medidas, cabe señalar que el país presenta algunas dificultades para hacer más efectiva su intención de otorgar a las mujeres una vida libre de violencia como[58]:
- La ausencia de políticas de género. Ha habido una débil incidencia del INIM en la elaboración de políticas públicas de genero.
-La corrupción de la Administración Pública que dificulta el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia y la tolerancia social a la corrupción.
- La mayoría el personal de salud no esta capacitado para tender la demanda respectiva.
Los reducidos presupuestos y bajos salarios de los funcionarios de salud, juzgados, policía, maestros, que están implicados en la atención directa de la problemática de la violencia.
IV.Análisis de la Problemática
IV.1Ámbito Nacional
a)Violencia
En un estudio realizado por DESCO,[59] se encontró que el índice de inseguridad[60] en el Perú se había incrementado, siendo en 1997 el doble del estimado para 1990. Esto puede deberse a que el índice considera no sólo la variable terrorismo, que disminuyó en la década de los noventa, sino también otras variables como los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.
Este índice presenta a Lima y callao como el departamento más inseguro del Perú. También se encontró que departamentos esencialmente rurales, como Cajamarca, Huancavelica y Apurímac, tienen índices de inseguridad mayores a los presentados en 1990 pero manteniendo un promedio menor al de otros departamentos.
Índice de inseguridad de DESCO
Departamento
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Promedio
Lima
1,09
0.96
1,56
1,72
2,27
1,69
1,80
2,43
1,69
Callao
1.12
0.94
1.74
1.60
2.06
1.38
1.08
2.08
1.50
Arequipa
1.00
1.02
1.47
1.66
1.33
1.66
1.67
1.54
1.42
Tacna
0.77
0.81
1.10
1.22
1.49
1.75
1.74
1.75
1.33
La Libertad
0.48
0.77
1.09
1.16
0.78
0.98
1.22
1.56
1.00
Ica
0.58
0.65
0.89
0.96
1.10
1.19
1.20
1.26
0.98
Moquegua
0.43
0.41
0.70
0.91
1.11
1.30
1.43
0.99
0.91
Lambayeque
0.61
0.59
0.91
1.08
1.40
0.80
0.94
0.78
0.89
Junín
0.51
0.50
0.83
0.99
0.94
1.25
1.11
0.66
0.85
Tumbes
0.50
0.43
0.76
0.96
0.63
0.87
1.11
1.34
0.82
Amazonas
0.66
0.62
0.90
1.18
0.48
0.75
0.72
1.20
0.82
Ancash
0.47
0.42
0.73
0.74
0.52
0.96
0.73
0.83
0.68
Madre de Dios
0.25
0.09
0.33
0.38
0.65
0.64
0.87
1.36
0.57
Ucayali
0.16
0.29
0.37
0.51
0.71
0.74
0.67
0.95
0.55
Cuzco
0.52
0.31
0.72
0.82
0.46
0.43
0.44
0.70
0.55
Huánuco
0.20
0.31
0.43
0.50
0.49
0.40
0.56
0.58
0.43
Piura
0.32
0.22
0.47
0.57
0.30
0.39
0.55
0.56
0.42
Pasco
0.18
0.05
0.25
0.27
0.46
0.38
0.42
1.08
0.39
San Martín
0.15
0.17
0.29
0.35
0.28
0.55
0.57
0.65
0.38
Puno
0.28
0.27
0.42
0.48
0.15
0.33
0.30
0.37
0.32
Ayacucho
0.21
0.18
0.25
0.28
0.33
0.41
0.40
0.34
0.30
Loreto
0.21
0.19
0.33
0.34
0.39
0.29
0.26
0.32
0.29
Apurímac
0.14
0.21
0.29
0.33
0.15
0.19
0.19
0.34
0.23
Cajamarca
0.12
0.13
0.15
0.15
0.19
0.27
0.20
0.23
0.18
Huancavelica
0.08
0.04
0.07
0.09
0.08
0.10
0.18
0.14
0.10
Promedio
0.44
0.42
0.68
0.77
0.75
0.79
0.81
0.96
0.70
Fuente y Elaboración: DESCO
En general, la violencia ha sido y continúa siendo uno de los principales problemas que afronta la sociedad peruana. El país, ha experimentado la violencia bajo muchas formas. La principal ha sido la violencia del terrorismo. Éste, ocasionó grandes pérdidas humanas y materiales en todos los años en que se manifestó. Como se señala en un informe sobre crimen y violencia en América Latina elaborado por el Banco Mundial[61], se calcula que las actividades terroristas ocasionaron durante toda la década de los ochenta una pérdida del 20 por ciento del Ingreso Neto Nacional. Si se evalúa el ratio de homicidios por cada 100,000 habitantes, entre finales de los ochenta e inicios de los noventa (en donde el problema del terrorismo todavía no estaba controlado del todo), el Perú se ubicaba en el puesto seis de América Latina, con un ratio de 11.5, luego de Colombia, Brasil, México, Venezuela y Trinidad y Tobago.[62]
Si se analiza el número de actos subversivos en toda la década de los noventa, se observa que hubo una reducción considerable de estos actos, gracias a los éxitos de la lucha anti-subversiva y a la captura de los principales líderes de estas agrupaciones. Sin embargo, la delincuencia aumentó principalmente en las grandes áreas urbanas como la ciudad de Lima y otras ciudades del país. En Lima, por ejemplo, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes era estimada para 1998 en 25,6. Como señalan algunos expertos[63], si se compara lo que fue la criminalidad antes de la situación de violencia política con la que se tiene en la actualidad, el problema de violencia subsiste y todavía es un problema por resolver.
El presente estudio se centrará en tres tipos de violencia: terrorismo, narcotráfico y violencia intra–familiar. El terrorismo, como ya se mencionó, es una forma de violencia política muy importante en el Perú, por el costo que éste significó para el país, no sólo en términos económicos sino también en pérdida de vidas humanas y daño psicológico de la sociedad. Si bien el terrorismo ha disminuido notablemente en el país, las causas que habrían dado origen a este tipo de violencia aún no se han afrontado, por lo que este tipo de violencia puede ser aún un peligro latente. En el caso de violencia económica, se va a tratar el narcotráfico, también un problema muy importante en el Perú. Si bien, en la década pasada han disminuido las hectáreas sembradas de coca con la estrategia implementada por las Fuerzas Armadas con apoyo del gobierno norteamericano, además de la sustitución del cultivo de coca por otros cultivos rentables esto no sería suficiente pues, por ejemplo, los agricultores estarían necesitando un mayor apoyo para obtener un mayor acceso al mercado para dichos cultivos.[64] Por último, en el caso de violencia social, se va a tratar la violencia intra–familiar contra la mujer, problema real e importante de la sociedad peruana, aunque no se tiene una clara idea de la magnitud del mismo, en gran parte debido a que por lo general este tipo de violencia no es denunciado por las víctimas.
Terrorismo
El terrorismo, que se inició a principios de la década de los ochenta, ha sido la forma de violencia más grave que ha sufrido el país. Sendero Luminoso y el MRTA son los dos grupos terroristas que han operado en el Perú. Sendero Luminoso es considerado uno de los más peligrosos grupos terroristas en el mundo[65]. Luego de la captura de sus principales líderes entre 1990 y 1992, sus niveles de actividad han caído notablemente tanto en el número de acciones como en el impacto político de los mismos. El terrorismo llegó a afectar a casi todo el territorio nacional, aunque sus operaciones se concentraron en los primeros años en la Sierra y en la Selva para sólo luego trasladarse a las ciudades como Lima.[66] Si bien se tiene que las pérdidas acumuladas en Perú por terrorismo ascendían a 25 mil millones de dólares para 1994, es difícil una valoración rigurosa de la secuela de la violencia. No obstante, se pueden tener algunos indicadores para el período entre 1980 y 1992, como: 30 mil muertos, 600 mil desplazados, 1 millón de población afectada en su propio territorio, 20 mil viudas, medio millón de niños y jóvenes afectados por estrés postraumático, arrasamiento de 435 comunidades campesinas de sierra y selva, entre otros (Coral, 1999[67]).
Esta forma de violencia política ha dejado de ser una amenaza grave a la estabilidad política del Estado o del régimen democrático, pero puede permanecer como un factor de riesgo para las poblaciones civiles, tanto en las provincias andinas o selváticas o en las zonas periféricas de Lima y otras ciudades. Algunos expertos recomiendan, como un elemento principal para el logro mayores avances en la desarticulación del terrorismo y en su erradicación completa, enmarcar las acciones del gobierno en el fortalecimiento de sus instituciones y en la promoción del desarrollo en las áreas más alejadas y marginadas del país.[68]
Si se analiza el número de acciones subversivas registradas por la Policía Nacional a escala nacional y departamental entre 1990 y 1998 (cuadro anterior), se puede observar claramente que las actividades subversivas (llevadas a cabo por Sendero Luminoso o el MRTA) han decrecido significativamente en el país, sobre todo a partir de 1992. En 1990 se registraron 2,779 acciones subversivas y en 1998 se registraron 310 acciones.
A nivel departamental, también se puede observar una tendencia decreciente del número de acciones subversivas, siendo más notoria la disminución en los departamentos con mayor número de acciones subversivas, como Junín, Ayacucho y Ancash. No obstante, cabe mencionar que mientras la mayoría de los departamentos comienzan a presentar una tendencia decreciente desde inicios de los noventa, Lima presenta una tendencia creciente, pues durante los primeros años de la década ocurre un desplazamiento de las fuerzas subversivas hacia la capital, hasta 1992, cuando Abimael Guzmán, cabeza de Sendero Luminoso, es capturado. En 1992 ocurre un ligero aumento de las acciones subversivas en provincia debido al desplazamiento de regreso de las fuerzas subversivas, no obstante, la tendencia decreciente continúa hasta la fecha. En cuanto al número de víctimas, de 1477 víctimas registradas en 1990, se pasó a 83 víctimas registradas en 1998, siendo la mayoría de afectados civiles (en particular los alcaldes distritales y los tenientes gobernador)[69].
Acciones subversivas registradas por la Policía Nacional según departamentos
(1989-1998)
Departamento
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Amazonas
4
2
11
27
12
8
19
6
9
4
Ancash
242
183
164
198
81
31
19
16
9
4
Apurímac
68
25
33
42
18
11
12
10
10
0
Arequipa
53
53
46
56
15
16
7
10
7
2
Ayacucho
381
312
197
245
114
31
119
69
58
41
Cajamarca
117
53
88
40
23
16
21
32
13
12
Cuzco
30
54
76
45
37
6
29
43
39
6
Huancavelica
161
125
57
42
58
57
63
42
20
64
Huánuco
106
101
60
78
103
40
93
81
113
6
Ica
85
47
26
22
16
11
9
11
5
2
Junín
594
374
277
258
160
144
168
90
81
18
La Libertad
100
180
83
102
79
42
48
45
20
21
Lambayeque
52
71
41
47
28
27
17
20
11
2
Lima y Callao
642
826
1281
1374
902
501
279
232
161
44
Loreto
18
12
15
13
9
5
17
7
7
4
Madre de Dios
-
3
2
-
1
-
-
-
-
0
Moquegua
1
-
1
-
-
-
4
-
1
1
Pasco
140
61
42
47
16
28
35
21
10
3
Piura
39
35
39
60
27
50
76
16
26
8
Puno
103
105
99
151
103
44
36
10
7
11
San Martín
77
112
111
121
89
99
133
106
58
38
Tacna
23
9
10
11
-
1
1
3
-
1
Tumbes
6
3
3
3
-
1
2
1
1
0
Ucayali
107
33
23
13
27
26
25
12
15
18
Total
3149
2779
2785
2995
1918
1195
1232
883
681
310
Fuente: Policía Nacional del Perú – División Estadística
Elaboración: Instituto Apoyo
Narcotráfico
Esta forma de violencia actúa en casi toda la ceja de selva del país. Es, además, una de las mayores expresiones de la violencia organizada contemporánea y conlleva a perturbaciones en la seguridad como el despliegue de bandas armadas y la corrupción de funcionarios públicos (tanto civiles como militares). En la selva ocasiona además, notorios daños ecológicos por la erosión de suelos dedicados al cultivo de hoja de coca y por el uso de productos químicos para producir la cocaína. Lo más grave de la presencia del narcotráfico en las zonas de ceja de selva es que su presencia es aceptada como beneficiosa tanto por los campesinos cultivadores de la hoja de coca, que reciben altas sumas de dinero por este cultivo en comparación con los cultivos tradicionales, como por los comerciantes que son estimulados por esta actividad ilícita. Cabe señalar que, en algunos casos, el campesino cocalero también se dedica a la elaboración de pasta básica de cocaína.[70] La violencia que conlleva el narcotráfico se manifiesta en secuestros, torturas físicas, amenazas, asesinatos entre los grupos de narcotraficantes, situación que se agudizó cuando se aliaron a los movimientos subversivos quienes protegían las zonas en las que desarrollaban la producción y comercialización de pasta básica, a cambio de dinero y armamentos.
Según un informe de la DEA[71] en 1996, el Perú era responsable de las dos terceras partes de total de cultivos de coca en el mundo, situadas principalmente en el valle del Huallaga (San Martín). Cabe reconocer que en la lucha antidrogas ha existido un gran avance en la década pasada, como la disminución de las actividades de los narcotraficantes en las zonas de ceja de selva. En la lucha antidrogas, el Estado contó con la ayuda de los Estados Unidos que brindó apoyo logístico y fondos. El gobierno ha aplicado un gran número de programas de desarrollo alternativo que han reducido el número de hectáreas cultivadas; además, se ha dificultado el tráfico aéreo a los narcotraficantes. En el año 1999 se dieron grandes avances en la lucha antidrogas: los cultivos de coca decrecieron de un estimado de 51,000 ha. en 1998 a 38,700 ha. en 1999, se arrestó varios traficantes de drogas del país y se han destruido varios laboratorios donde se fabricaba cocaína.[72]
En el siguiente cuadro se puede apreciar que en 1990, se detuvo a 1,531 individuos por trafico y consumo de drogas de la Policía Nacional, mientras que en 1998 a 17,186, en su mayoría hombres[73], lo que podría significar un mejor control del problema por parte de las autoridades policiales o un incremento del tráfico y consumo de droga en los últimos años. Si se evalúa la tasa de detenidos en 1998, se puede observar que ésta es mayor en Loreto, Tumbes y Lima-Callao (146, 142 y 141 por 100 mil habitantes respectivamente). La tasa de traficantes detenidos en 1998 es mayor en Madre de Dios, Huánuco y Tumbes, mientras que la tasa de consumidores detenidos es mayor en Lima-Callao y Loreto.
Detenidos por tráfico y consumo de droga por la PNP según departamento – 1998
(tasa por 100 mil habitantes)
Departamento
Total
Traficantes
Consumidores
Amazonas
20.44
4.60
15.84
Ancash
34.15
9.76
24.39
Apurímac
17.97
6.71
11.26
Arequipa
10.44
2.03
8.41
Ayacucho
40.28
36.10
4.18
Cajamarca
2.69
2.03
0.65
Cuzco
9.29
6.19
3.10
Huancavelica
0.71
0.00
0.71
Huánuco
64.15
52.77
11.38
Ica
59.55
7.48
52.06
Junín
16.80
10.25
6.55
La Libertad
53.67
13.84
39.83
Lambayeque
37.79
7.33
30.46
Lima - Callao
141.17
14.72
126.44
Loreto
146.35
37.33
109.02
Madre de Dios
69.76
55.01
14.76
Moquegua
73.75
3.51
70.23
Pasco
10.57
2.85
7.72
Piura
33.72
7.57
26.16
Puno
4.61
4.27
0.34
San Martín
33.22
19.07
14.15
Tacna
73.70
11.84
61.86
Tumbes
142.38
51.63
90.75
Ucayali
36.70
23.54
13.16
Total
69.32
13.47
55.85
Fuente: Policía Nacional del Perú – División de Estadística
Elaboración: Instituto Apoyo
Violencia Intra-familiar
La violencia contra la mujer viene, desde hace varias décadas, ocupando un lugar privilegiado en la agenda de los movimientos de mujeres, y en los últimos años, también de la agenda pública, de ahí que se estén dando grandes avances para prevenirla y tratarla por parte del Estado y de organismos tanto nacionales como internacionales.
En el tema de la violencia familiar, es necesario reconocer que las estadísticas que se pueden hallar sólo corresponden a una pequeña parte del problema, ya que la mayoría de mujeres no denuncia los casos de violencia intra-familiar. Según el informe de la Comisión Especial del Senado sobre “Violencia y Pacificación” (1988)[74], sólo una quinta parte de las mujeres, en promedio, denuncia tales hechos. Entre las razones por las que las mujeres no acuden a las delegaciones para presentar sus denuncias están: la lejanía de dichas delegaciones. ya que la mayoría se concentran en las ciudades; los trámites a seguir, los cuales implican un gasto; no existe confianza en que dichos organismos puedan solucionar los problemas; entre otras.[75]
El PNUD elaboró un Informe Nacional sobre Violencia de Género, con información de la Policía Nacional sobre las denuncias recepcionadas por violencia familiar, enmarcado dentro de la Campaña Interagencial contra la violencia hacia las mujeres y niñas[76]. Dicho informe señala que, entre 1981 y 1992, más de un millón trescientas mil denuncias recibidas por la Policía Nacional fueron por faltas y delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, lo que representa el 45 por ciento del total de denuncias en ese período. En dichas denuncias se incluyen los maltratos contra la mujer. Por ejemplo, los datos de las Comisarías del Cuzco y Lima muestran que las agresiones en la relación de parejas representan el 53 por ciento del total de denuncias por faltas contra la vida, cuerpo y la salud. Dado que la proporción de las denuncias por agresiones en la relación de pareja representa un alto porcentaje de las denuncias por falta contra la vida, el cuerpo y la salud, la población comprendida en el problema de violencia familiar es bastante grande ya que se involucra tanto a las mujeres que sufren la violencia, como a sus parejas, sus hijos y demás familiares. Asimismo, del total de denuncias recibidas, el 52,2 por ciento fueron por maltratos de los esposos, 44,5 por ciento de los convivientes, siendo éstos los principales agresores.
La mayoría de las estadísticas encontradas en este informe sobre el tema son de Lima Metropolitana, donde además se concentra el mayor número de este tipo de denuncias de todo el país. Durante el período de 1994 a 1997, las estadísticas para Lima Metropolitana, muestran que del total de denuncias que se debieron a maltratos realizados por los esposos, el 94,4 por ciento son de violencia física. En estos actos, el 65,3 por ciento de los agresores no se encontraba en estado de ebriedad, mientras que el 33,7 por ciento sí lo estaba, lo que permite descartar que la violencia en el ámbito familiar se deba a razones como falta de lucidez u otros efectos ocasionados por el alcohol. Entre 1997 y 1998, las denuncias que se registraron por violencia física fueron el 76,5 por ciento y el 23,5 por ciento por violencia psicológica. Cabe señalar que el 74,4 por ciento de los agresores no se encontraba en estado etílico. Sobre la ocupación que realizan las mujeres maltratadas, el 53,5 por ciento reportó que era ama de casa, el 22,6 por ciento eran trabajadoras informales, el 15,9 por ciento tenía una ocupación técnica y el 1,7 por ciento se dedicaba al estudio.[77]
Si se evalúa el número de denuncias en Lima Metropolitana para 1998, los distritos que concentran la mayoría son: San Juan de Lurigancho (10,9 por ciento), Callao (8,0 por ciento), Villa El Salvador (7,2 por ciento), Lima Cercado (6,9 por ciento), San Juan de Miraflores (6,2 por ciento), Chorrillos (5,6 por ciento), San Martín de Porres (5,4 por ciento), Comas (5,4 por ciento), Los Olivos (3,8) y La Victoria (3,6 por ciento) entre los más saltantes[78]. Las estadísticas muestran que para este año, el 77,1 por ciento de las denuncias se refieren a agresión física y el 22,9 por ciento a agresión psicológica. Entre el motivo de dichas agresiones se cita en primer lugar a problemas conyugales (40 por ciento), problemas económicos (15,7 por ciento), problemas familiares (15,6 por ciento), como los principales.[79]
Entre las políticas para atender y erradicar la violencia intra-familiar, en diciembre de 1993 se promulgó la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar (Nº 26260), en la que se establece la política del Estado frente a la violencia familiar. También se instituyen las Comisarías de Mujeres que recibirán las denuncias y realizarán las investigaciones preliminares correspondientes. Esta ley es modificada por la ley Nº 26763 en 1997, que incluye en la definición de violencia familiar a las amenazas y coacciones graves que puedan sufrir las mujeres. Otros puntos abordados señalan que los victimarios tienen la obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios, que la atención en los reconocimientos médicos requeridos por la Policía serán gratuitos y que en caso de flagrante delito o de muy grave peligro de su perpetración, la Policía nacional está facultada para allanar el domicilio del agresor. Este año se promulgó una nueva ley (Nº 27306) que especifica que los actos llevados a cabo por los ex-conyuges o ex-convivientes también son considerados como violencia familiar. También se señala la aplicación de medidas de protección cuando se producen delitos contra la libertad sexual y se reconoce la importancia de la labor de prevención y atención de la violencia familiar sobretodo en las zonas rurales del país.
Asimismo, en 1996 se creó, mediante el Decreto Legislativo 866, el PROMUDEH, que tiene como finalidad el desarrollo de la mujer y la familia, bajo el principio de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida social, económica, política y familiar. El PROMUDEH tiene entre sus objetivos principales el diseño de programas para grupos en pobreza extrema y la ampliación de oportunidades para la mujer a través de su participación en organizaciones sociales. Asimismo, se han creado las Delegaciones de Mujeres atendidas por la policía femenina, que se dedican a la recepción exclusiva de las denuncias de las mujeres maltratadas. Existen Delegaciones de Mujeres en las principales ciudades del país como Lima, Arequipa, Piura, Chiclayo, etc. A diferencia de otras dependencias policiales, estas Delegaciones de Mujeres están dotadas de servicio de apoyo a quienes ahí acuden, cuentan con oficinas psicológicas, legales, de asistencia social, entre otras, o en su defecto, lugares de derivación para dicha atención.[80]
Otras formas de violencia
Luego del control de los movimientos subversivos, se esperaba que la violencia se redujera significativamente. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la década de los noventa, se ha desarrollado en Lima y en las principales ciudades del país una creciente sensación de inseguridad ciudadana generada por el incremento en el número absoluto de robos, asaltos, homicidios, secuestros, etc., aunque la tasa por cien mil habitantes muestre un decremento, salvo en 1998.
Intervenciones en delitos registrados por la Policía Nacional en el Perú, 1991-1998
(tasa por 100 mil habitantes)
Tipo
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Contra la vida, el cuerpo y la salud
104
160
173
126
101
102
98
101
Contra el patrimonio
360
580
620
513
466
465
463
467
Contra la seguridad pública
10
28
32
24
33
39
46
57
Contra la libertad
5
48
51
43
36
40
43
43
Otros
204
379
401
176
128
116
107
105
Total
683
1195
1276
881
764
761
756
773
Fuente: Policía Nacional del Perú - División de Estadística
Elaboración: Instituto Apoyo
Si se evalúa el total de intervenciones en delitos registrados por la Policía Nacional entre 1991 y 1998, se encuentra que los rubros en los que se concentra el mayor número de delitos son: contra la vida el cuerpo y la salud (que incluye homicidios, lesiones, genocidio, etc.) y contra el patrimonio (que incluye hurtos, robos, apropiaciones ilícitas, extorsión, etc.).
Delitos Contra el Patrimonio y Contra la Vida y el Cuerpo, 1998
(tasa por 100 mil habitantes)
Departamento
Contra el Patrimonio
Contra la Vida y el Cuerpo
Amazonas
547.92
305.65
Ancash
412.02
108.38
Apurímac
138.01
49.84
Arequipa
732.48
118.05
Ayacucho
212.06
130.73
Cajamarca
52.60
46.57
Callao
837.26
170.74
Cuzco
259.91
77.67
Huancavelica
66.56
30.40
Huánuco
559.08
160.75
Ica
546.27
102.70
Junín
197.37
80.72
La Libertad
706.76
232.62
Lambayeque
553.87
134.59
Lima
720.35
99.24
Loreto
111.88
46.01
Madre de Dios
638.62
143.55
Moquegua
516.22
93.41
Pasco
297.99
128.06
Piura
281.15
64.79
Puno
106.49
43.78
San Martín
169.28
59.51
Tacna
648.02
135.18
Tumbes
691.26
94.02
Ucayali
381.43
39.23
Total
467.08
101.17
Fuente: Policía Nacional del Perú - División de Estadística
Elaboración: Instituto Apoyo
Si se analiza las cifras desagregadas por departamentos para 1998, se encuentra que las tasa más altas en el caso de delitos contra el patrimonio se registran en la provincia de Callao y en los departamentos de Arequipa, Lima y La Libertad. Por otro lado, en cuanto a la tasa de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, las tasa más elevadas se registran en los departamentos de Amazonas y La Libertad.
b)Pobreza
La pobreza en el Perú
La pobreza en el Perú es uno de los problemas más importantes por resolver. El Perú, como muchos países latinoamericanos, tiene un ingreso per cápita bajo, pero no tan bajo como países del Africa o Asia. A pesar de ello, se mantiene a un alto porcentaje de la población en situación de pobreza.[81] La pobreza durante los años ochenta en el país aumentó (al igual que en la mayoría de países de la región) y durante la década de los noventa decreció aunque no marcadamente. Si se compara el porcentaje de la población que permanece en situación de pobreza en América Latina, el Perú es considerado como uno de los países con un mayor porcentaje de pobres junto a los países centroamericanos, Bolivia, Ecuador y México, entre otros.[82]
La pobreza es un fenómeno que tiene muchas dimensiones, por lo que no existe una única forma para definirla. En la mayoría de estudios, la pobreza es entendida como la incapacidad de una familia para cubrir el gasto de una canasta básica de subsistencia. Asimismo, la pobreza extrema refleja la incapacidad del gasto familiar para cubrir los requerimientos de una canasta alimentaria.[83]
Según la Encuesta Nacional de Hogares de 1997 (IV Trimestre), el 37.6 por ciento de la población era considerada pobre y el 15.9 por ciento era considerada dentro de la extrema pobreza.[84] Sin embargo, según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Niveles de Vida de ese mismo año, el porcentaje de la población que era considerada pobre y pobre extremo era el 49 por ciento y el 15 por ciento de la población respectivamente.[85] En un reciente estudio del Ministerio de Economía y Finanzas,[86] en el que se elaboró una nueva medición de la pobreza usando el gasto de las familias como variable relevante en lugar del uso de Necesidades Básicas Insatisfechas (como hacinamiento, acceso al agua, saneamiento, analfabetismo, características de la vivienda, etc.), se estimó que en 1997, el 44,9% de la población era considerada pobre, y el 17,0% era considerada pobre extremo.
Desigualdad
En el Perú, la pobreza y la extrema pobreza han convivido por décadas con la desigualdad social. Si se mide la desigualdad por el coeficiente de Gini, se encuentra que el Perú en la década de los setenta era mayor a la del promedio latinoamericano, sin embargo, esta tendencia se revirtió entre la mitad de la década de los ochenta y la de los noventa.[87] Contrariamente a lo que usualmente se cree, los estudios sobre la pobreza indican que la distribución del ingreso en el Perú ha mejorado durante las tres últimas décadas, pero no ha crecido lo suficiente para atender los problemas de empleo y pobreza. Algunos estudios[88] han señalado que, durante las últimas décadas la desigualdad se ha relacionado al mayor acceso al que han tenido las clases pobres a dos activos claves como son la tierra y la educación. Cabe mencionar que un estudio del Banco Mundial[89] se señala que entre 1994 y 1997 la desigualdad aumentó a pesar de haberse experimentado crecimiento económico en esos años. Según el cálculo del coeficiente de Gini estimado con información de la Encuesta Nacional de Hogares sobre medición de Niveles de Vida de 1994 y 1997, de 0.469 en 1994 pasó a 0.484 en 1997.
Evolución de los indicadores de pobreza
La reducción de la pobreza es una de las metas más importantes del gobierno peruano. No obstante los avances que se han podido obtener, la pobreza sigue siendo un problema preocupante en el Perú como se mostró anteriormente. La tasa de pobreza en 1994 era de 53,5 por ciento, lo que quiere decir que hubo una recuperación porcentual, no obstante, en términos absolutos, la población en situación de pobreza ha aumentado, debido a una mayor tasa de fecundidad y tasa de crecimiento demográfico de los hogares más pobres[90].
Indicadores básicos de pobreza
(en porcentajes)
Indicador
Nacional
Urbano
Rural
1994
1997
1994
1997
1994
1997
Tasa de pobreza
53,5
49,0
46,1
40,4
67,0
64,7
Tasa de pobreza extrema
18,8
14,8
12,9
9,3
29,5
24,5
Tasa de desnutrición
30,0
23,8
17,4
12,2
44,7
37,3
Tasa de alfabetismo
87,6
90,2
92,3
94,3
77,4
82,1
Trabajo de menores
7,8
11,8
3,9
6,9
22,5
33,5
Conex. Servicios eléctricos
68,8
73,7
93,7
97,4
23,2
30,3
Conex. Servicios sanitarios
48,2
58,6
73,4
84,3
2,4
11,6
Red pública de agua
65,0
72,8
84,9
89,0
28,8
43,1
Viviendas con piso de tierra
41,0
43,3
20,4
23,2
77,9
79,6
Fuente: Encuesta Nacional de Niveles de Vida – ENNIV
Elaboración: Banco Mundial
En cuanto a la tasa de desnutrición[91], ésta bajó de 30 por ciento en 1994 a 23.8 por ciento en 1997, una disminución considerable. Con relación a la tasa de alfabetismo[92], esta ha aumentado de 87.6 por ciento en 1994 a 90.2 por ciento en 1997. Con relación al porcentaje de menores que trabaja (niños entre 6 y 14 años de edad que trabajan más de 15 horas semanales), este indicador ha aumentado entre 1994 y 1997, de 7.8 a 11.8. En este caso se puede notar una marcada diferencia entre las zonas rurales y urbanas del país. Mientras que en las zonas urbanas, el porcentaje de menores que trabaja aumentó de 3,9 a 6.9, de 1994 a 1997 respectivamente, en las zonas rurales aumentó de 22,5 a 33,5 en el mismo período, debido a la labor que deben realizar en las tierras de su familia.
Con relación a la conexión a la red pública de servicios eléctricos y sanitarios y de agua[93], se puede apreciar un incremento en los indicadores como se puede observar en el cuadro anterior. Por último, el porcentaje de la población que reside en viviendas con piso de tierra ha aumentado, de 41 por ciento en 1994, a 43.3 por ciento en 1997.
También se puede evaluar la evolución de la pobreza a través del IDH[94], el cual presenta una mejora en cuanto a indicadores como la esperanza de vida, la tasa de alfabetismo, el ingreso promedio per cápita, entre otros. Asimismo, la provisión de servicios básicos como agua, alcantarillado y electricidad aumentó. Esta mejora se debe tanto al crecimiento económico experimentado en la década pasada que ha generado nuevos puestos de trabajo, como a los programas destinados a la atención de la pobreza y la extrema pobreza.
Indicadores de Desarrollo Humano
(en porcentajes)
1991
1993
1995
1997
Esperanza de Vida
65,0
66,3
67,6
68,2
Tasa de Alfabetismo
84,7
87,2
89,5
90,5
Años Promedio de Estudio
6,7
7,2
7,7
7,9
Ingreso Promedio per cápita
187,0
177,80
251,7
259,7
Fuente: Compendio Estadístico Socio-Demográfico 1998/1999 – INEI
Elaboración: Instituto Apoyo
Gasto Social
Es muy importante el análisis de la distribución del gasto social y su papel en la lucha contra la pobreza. Si se examina, por ejemplo, el gasto social del gobierno en 1996, se observa que el quintil más pobre de la población es el sector que recibió un menor apoyo, lo que significa que el gasto social ha estado relativamente poco orientado hacia las personas de peor situación dentro de la sociedad peruana[95], lo cual podría estar incrementando la desigualdad en el país.. El beneficio que obtienen los pobres a través de los programas sociales es diferente según el tipo del programa. El PRONAA (alimentación) y el fondo social FONCODES, son los programas que tienen una mayor cobertura y están mejor focalizados, en cambio, los programas de crédito para vivienda y los de infraestructura de INFES, COOPOP y FONAVI solamente llegan a algunos pobres.[96]
Los recursos públicos destinados a las políticas sociales se han incrementado desde comienzos de década. Sin embargo, muchos expertos recomiendan que debe existir una mejor y mayor focalización del gasto social de tal forma que los recursos públicos efectivamente lleguen a lo más pobres, una mayor coordinación entre las diversas entidades públicas que ejecutan programas relacionados con la lucha contra la pobreza y un eficiente diseño de los programas, que se sustenten en estudios técnicos previos sobre su futuro impacto.[97]
Según el Presupuesto del Gasto del Sector Público para el Programa de Reducción de la Pobreza, en 1999 el presupuesto ascendía a S/. 3,491 millones (1,66 por ciento del PBI), de los cuales, aproximadamente el 35 por ciento son destinados a programas relacionados a salud y nutrición. El programa del Vaso de Leche y el de Asistencia Alimentaria del PRONAA son los que cuentan con el mayor presupuesto. El sector que cuenta con la menor proporción del presupuesto del gobierno para programas de lucha contra la pobreza, es de agricultura. No obstante, si se considera el presupuesto por programa, en el caso de PRONAMACHCS, éste no es bajo si se considera que su presupuesto para 1999 ascendía a S/. 199 millones. Cabe mencionar que el proyecto que cuenta con el mayor presupuesto es el de “Inversión Social/Desarrollo Productivo” de FONCODES, con S/. 522 millones en 1999; así como el programa de mejoramiento de la Educación Primaria –MECEP, del Ministerio de Educación, con S/. 316 millones presupuestados en 1999.
La Pobreza Rural
La pobreza se sitúa principalmente en las zonas rurales del país. Según la ENAHO 1997 (IV Trimestre), el 59.6% de la población rural era considerada pobre y el 37.1% era considerada pobre extremo. Particularmente, la sierra y la selva rural son las que reúnen la mayor proporción de pobres dentro del total de la población. En la sierra rural, el 63.8% de la población era considerada pobre y el 42,4% pobre extremo. En la selva rural, el 52.7% de la población era considerada pobre y el 31.3% era considerada pobre extremo. Lima Metropolitana (Lima y El Callao) es la región de mayores ingresos del país, concentra la mayor parte del ingreso total nacional y presenta el menor numero de pobres como porcentaje del total de su población (20.1% de pobres y 2.1% de pobres extremos).[98]
Incidencia de la Pobreza por Ambito Geográfico
(en porcentajes respecto a la población de cada ámbito geográfico)
Ambito
Pobreza Extrema
Pobreza Total
Area Urbana
4,3
25,4
Area Rural
37,1
59,6
Costa Urbana
3,8
25,3
Costa Rural
20,4
49,9
Sierra Urbana
8,2
34,4
Sierra Rural
42,4
63,8
Selva Urbana
7,9
31,8
Selva Rural
31,3
52,7
Total
15,9
37,6
Lima Metropolitana
2,1
20,1
Fuente y Elaboración: Encuesta Nacional de Hogares, 1997
Niveles de pobreza 1997
(en porcentajes respecto de cada ámbito geográfico)
Ambito
ENAHO
Estimada por Shack y Díaz
Total
Extrema
Total
Extrema
Costa Urbana
25,3
3,8
29,9
4,1
Costa Rural
49,9
20,4
63,7
21,9
Sierra Urbana
34,4
8,2
35,2
8,9
Sierra Rural
63,8
42,4
79,0
44,4
Selva Urbana
31,8
7,9
39,4
8,3
Selva Rural
52,7
31,3
74,8
33,8
Total Nacional
37,6
15,9
44,9
17,0
Lima Metropolitana
20,1
2,1
20,5
2,6
Fuente y Elaboración: “Un Nuevo Instrumento de Focalización para la Asignación de Recursos destinados a la inversión Social en el Marco de la Lucha contra la Pobreza”
Es necesario considerar que la mayoría de la población en estas zonas es indígenas. Como señala Figueroa (1998)[99], la población indígena continúa ubicada en la base de la pirámide de ingresos en el Perú y se encuentra excluida de los beneficios del desarrollo. Esta es una relación estructural en la sociedad peruana; por tal motivo, es necesario el desarrollo de programas dirigidos a elevar el grado de inclusión social de estas poblaciones en los que los programas de educación es uno de los elementos fundamentales.
La principal actividad a la que se dedican los pobres en el país es la agricultura. Reformas estructurales llevadas a cabo en este sector afectaron particularmente a estas poblaciones. En un estudio sobre los efectos del ajuste estructural de los noventa en los campesinos de la sierra (Espinosa, 1996)[100], se menciona que la agricultura se realiza de manera muy tradicional, hay poca diversificación en los cultivos, por lo que son muy sensibles a las variaciones en los precios de los mismos, es intensiva en mano de obra y el cambio técnico es bajo, por lo que la productividad que se alcanza en esta actividad es baja y las inversiones que se pudieran hacer (comprar maquinaria, usar fertilizantes, etc.) no resultan rentables. Estas poblaciones, con el tiempo se han hecho más dependiente del consumo de productos urbanos (sal, kerosene, arroz, fideos, detergentes, etc.) por lo que una subida en los precios de estos productos los afecta considerablemente.
En las zonas rurales, la pobreza es más difícil de superar por la conjunción de distintos factores que la explican como: baja productividad del trabajo agrícola, desnutrición infantil, menor acceso y baja calidad de la educación, falta de acceso a la infraestructura y servicios básicos, entre otros.[101]
La Distribución Departamental de la Pobreza
Shack y Díaz (2000) estimaron los niveles de pobreza para el Censo de Población y Vivienda de 1993 a escala departamental. Los departamentos con el mayor porcentaje de pobres en su población son: Huancavelica (95,8%), Apurímac (92,4%), Puno (89,8%) y Cajamarca (88,3%). Asimismo, los departamentos con el mayor porcentaje de pobres extremos dentro de su población son: Huancavelica (74,4%), Apurímac (62,7), Puno (59,1%) y Huánuco (54,0%).
Niveles de pobreza Estimados por N. Shack y J. Díaz para el Censo 1993
a escala departamental
Departamento
Pobre (%)
Pobre extremo (%)
No Pobre (%)
Huancavelica
95,8
74,4
4,2
Apurímac
92,4
62,7
7,6
Puno
89,8
59,1
10,2
Cajamarca
88,3
39,1
11,7
Huánuco
87,2
54,0
12,8
Ayacucho
86,4
48,0
13,6
Amazonas
86,7
49,2
13,3
Pasco
75,3
23,7
24,7
Ancash
73,5
30,0
26,5
Ucayali
73,2
30,9
26,8
Loreto
71,8
26,6
28,2
San Martín
71,6
20,4
28,4
Piura
70,8
21,1
29,2
Junín
70,0
21,9
30,0
Cuzco
69,5
17,8
30,5
La Libertad
68,2
29,4
31,8
Lambayeque
67,5
21,4
32,5
Ica
54,4
9,7
45,6
Tumbes
54,1
7,9
45,9
Moquegua
53,7
11,0
46,3
Madre de Dios
51,2
7,0
48,8
Callao
40,5
6,7
59,5
Arequipa
40,0
5,2
60,0
Lima
37,6
5,6
62,4
Tacna
27,5
2,0
72,5
Total
61,7
22,6
38,3
Fuente: Censo de Población y Vivienda 1993 – INEI
Elaboración: N. Shack y J. Díaz
Adicionalmente, estos autores calcularon los índices FGT que responden básicamente a los problemas de: incidencia de la pobreza (¿cuántos pobres hay en el país?), brecha de la pobreza (¿cuán pobres son los pobres?) y severidad de la pobreza (¿cuál es el grado de desigualdad entre los pobres?). Entre los resultados se puede observar que los departamentos en los que la pobreza es más severa son: Huancavelica (35,4), Apurímac (29,2), Puno (27,9) y Huánuco (25,7).
Indices FGT de Pobreza Estimados para el Censo según departamentos, 1993
Departamento
Incidencia
Brecha
Severidad
Huancavelica
95,8
56,1
35,4
Apurímac
92,4
49,4
29,2
Puno
89,8
47,4
27,9
Cajamarca
88,3
38,7
19,7
Huánuco
87,2
44,5
25,7
Amazonas
86,7
42,4
23,9
Ayacucho
86,4
41,5
22,7
Pasco
75,3
28,5
13,5
Ancash
73,5
30,5
15,3
Ucayali
73,2
31,1
16,2
Loreto
71,8
29,2
14,4
San Martín
71,6
26,3
12,1
Piura
70,8
26,4
12,2
Junín
70,0
26,3
12,4
Cuzco
69,5
24,9
11,0
La Libertad
68,2
29,0
15,1
Lambayeque
67,5
25,4
12,1
Ica
54,4
16,7
6,9
Tumbes
54,1
15,7
6,2
Moquegua
53,7
17,3
7,3
Madre de Dios
51,2
14,6
5,6
Callao
40,5
11,9
4,8
Arequipa
40,0
11,2
4,3
Lima
37,6
10,8
4,3
Tacna
27,5
6,5
2,2
Total
61,7
24,4
12,2
Fuente: Censo de Población y Vivienda 1993 – INEI
Elaboración: N. Shack y J. Díaz
Si se analiza algunos indicadores por departamentos, como la tasa de alfabetismo, los años promedio de estudios, la esperanza de vida, etc. para el año 1997, se observa que en general, los lugares menos desarrollados eran: Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Huánuco y Puno (en ese orden). Asimismo, si se ordena a los departamentos según el IDH (a partir de los indicadores: esperanza de vida, tasa de alfabetismo, años promedio de estudio e ingreso promedio per cápita), entre 1991 y 1997, se encuentra que entre los que retrocedieron algunas ubicaciones se encuentran: San Martín, en primer lugar, seguido por Huánuco y Madre de Dios.
Indicadores e Indice de Desarrollo Humano (IDH), según departamentos, 1997
Departamento
Esperanza de Vida
Tasa de Alfabestismo
Años Promedio de Estudio
Ingreso Promedio per cápita
Indice - desarrollo Humano (IDH)
Huancavelica
56,8
79,8
3,1
84,7
0,412
Ayacucho
61,9
72,6
4,3
91,6
0,438
Apurímac
61,8
75,9
4,8
114,7
0,466
Huánuco
65,1
71,9
4,6
116,7
0,476
Puno
60,6
79,2
5,5
126,2
0,480
Cajamarca
67,3
77,3
4,4
104,2
0,489
Cuzco
60,2
77,9
6,1
172,4
0,515
Amazonas
66,0
89,1
5,1
125,8
0,529
Pasco
66,5
89,8
6,7
128,8
0,547
Ancash
68,6
82,4
5,8
163,9
0,563
San Martín
68,8
90,2
6,4
158,3
0,581
Loreto
64,9
93,1
7,0
175,1
0,583
Piura
66,5
88,7
6,7
184,9
0,588
Junín
67,2
91,8
7,8
195,0
0,614
Madre de Dios
67,2
90,0
6,0
217,2
0,614
Ucayali
65,6
96,5
7,2
212,1
0,624
Lambayeque
70,7
92,5
8,0
199,2
0,639
La Libertad
71,7
88,0
7,1
218,0
0,643
Tumbes
70,0
91,9
6,8
241,2
0,658
Ica
73,0
93,5
8,1
225,2
0,675
Arequipa
71,9
93,8
8,8
252,5
0,695
Tacna
72,8
93,6
8,6
318,9
0,750
Moquegua
72,5
90,0
7,6
350,3
0,757
Callao
78,1
99,1
9,9
380,3
0,847
Lima
76,8
96,3
9,9
398,1
0,847
Total
68,2
90,5
7,9
259,7
0,667
Fuente: Compendio Estadístico Socio-Demográfico 1998 / 1999
Elaboración : Instituto Apoyo
El IDH, incorporando la desigualdad entre el hombre y la mujer, muestra que los lugares más pobres son los que presentan las mayores diferencias entre el grado de desarrollo alcanzado por los hombres y el alcanzado por las mujeres. Según las estadísticas, para el año 1997, los departamentos que presentan un menor grado de desarrollo alcanzado por las mujeres son: Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, sin lugar a dudas, estos departamentos conforman la región más deprimida del país. En cuanto al nivel educativo de las mujeres, los departamentos que presentan una tasa de alfabetismo menor son: Ayacucho, Apurímac y Huánuco. En cuanto al número de años promedio de estudios, los departamentos de Huancavelica, Ayacucho y Cajamarca resultaron ser los menos favorecidos. Con relación a la participación en el ingreso proveniente del trabajo, los departamentos en los que las mujeres tienen una participación menor son: Pasco, San Martín y Apurímac. Un caso interesante resulta ser el del departamento de Ayacucho que presenta la menor tasa de alfabetismo en las mujeres y el segundo menor promedio de años de estudios; sin embargo la participación de las mujeres en el ingreso proveniente del trabajo en este departamento es la más alta de todo el país. Las mujeres ayacuchanas contribuyen con el 36,7% en los ingresos provenientes del trabajo, superior al promedio nacional que es de 29,7%.[102]
Indicadores e Indice de Desarrollo Relativo al Género (IDG), según departamento, 1997
Departamento
Esperanza de Vida
Tasa de Alfabetismo
Años Promedio de Estudio
Participación en el Ingreso
Indice IDG
Homb.
Muj.
Homb.
Muj.
Homb.
Muj.
Homb.
Muj.
Huanacavelica
54,7
58,9
90,4
70,6
4,5
1,8
74,1
25,9
0,437
Ayacucho
59,5
64,2
88,3
60,5
6,0
3,0
63,3
36,7
0,466
Apurímac
59,4
64,0
88,7
63,1
6,0
3,6
79,2
20,8
0,466
Cajamarca
64,9
69,8
87,4
67,3
5,4
3,5
77,8
22,2
0,489
Puno
58,4
62,9
90,6
69,0
7,3
3,9
75,0
25,0
0,491
Huánuco
62,8
67,6
79,4
65,4
5,5
3,9
71,5
28,5
0,491
Pasco
64,1
69,0
96,5
82,1
7,9
5,4
81,5
18,5
0,535
Cuzco
58,0
62,4
86,9
69,0
6,7
5,6
68,0
32,0
0,536
Amazonas
63,6
68,4
94,6
83,7
5,3
4,9
71,4
28,6
0,543
Ancash
66,2
71,1
90,6
74,9
6,8
5,0
72,2
27,8
0,562
San Martín
66,4
71,3
93,7
86,4
7,0
5,7
79,9
20,1
0,569
Piura
64,1
68,9
92,7
85,1
6,8
6,7
75,0
25,0
0,581
Loreto
62,5
67,3
97,0
89,4
8,2
5,8
69,8
30,2
0,597
Junín
64,7
69,6
97,2
86,6
9,1
6,6
70,0
30,0
0,617
Madre de Dios
64,8
69,7
97,5
81,4
6,9
5,0
71,9
28,1
0,621
La Libertad
69,3
74,3
92,7
83,8
7,8
6,4
72,7
27,3
0,628
Lambayeque
68,3
73,3
95,1
90,4
9,1
7,0
71,9
28,1
0,630
Ucayali
63,2
68,1
98,4
94,5
7,6
6,9
68,3
31,7
0,638
Tumbes
67,5
72,5
92,7
91,0
7,1
6,5
72,3
27,7
0,653
Ica
70,6
75,7
97,4
89,9
9,1
7,3
68,7
31,3
0,669
Arequipa
69,5
74,5
96,3
91,5
9,6
8,0
73,0
27,0
0,675
Moquegua
69,8
74,9
94,4
85,9
8,1
7,2
77,0
23,0
0,705
Tacna
70,2
75,4
98,9
88,5
10,0
7,2
72,7
27,3
0,721
Callao
75,6
80,6
100,0
98,3
10,0
9,7
66,1
33,9
0,814
Lima
74,3
79,5
98,5
94,2
10,8
9,1
68,6
31,4
0,816
Total
65,8
70,7
94,6
85,0
8,9
6,9
70,3
29,7
0,640
Fuente: Compendio Estadístico Socio-Demográfico 1998 / 1999
Elaboración : Instituto Apoyo
c) Las Causas de la Violencia y su relación con la Pobreza
En esta sección se busca analizar las causas de los diferentes tipos de violencia en el Perú, específicamente del terrorismo, narcotráfico y la violencia intra–familiar; además de identificar, en la medida de lo posible, cuándo estas causas están ligadas a la pobreza. El análisis de las causas de la violencia es complejo debido a que, a pesar de que se dividen éstas en diferentes categorías para facilitar el análisis, existe una estrecha relación entre las diferentes causas, así como, entre los diferentes tipos de violencia.
Violencia política - Terrorismo
Causas de origen estructural
Se podría decir que la pobreza es uno de los factores que impulsó la lucha armada –terrorismo. No obstante, más que la pobreza, es el empobrecimiento lo que impulsa el surgimiento del terrorismo. El empobrecimiento, durante la época de los sesenta y setenta, es el que crea una sensación de frustración en la población, la cual busca un cambio -una mejora-. Si a ello se le suma la poca presencia del Estado en la zona[103], la sensación de desamparo, inseguridad y frustración es mayor. Los grupos terroristas aprovecharon esta situación para presentarse como defensores de los pobres y tener así la aceptación del pueblo, además de entregarles víveres, satisfaciendo así una de sus necesidades. En este sentido, se puede decir que es en los departamentos más pobres, como Ayacucho por ejemplo, donde surge el terrorismo, se intensifica la presencia de actos violentos del terrorismo conforme el empobrecimiento fue mayor[104].
En el cuadro de acciones subversivas a nivel departamental, se puede apreciar que éstas se concentran en zonas con pobreza rural y/o mayor analfabetismo, como Ayacucho, Ancash y Huánuco (ver cuadro de índice de desarrollo humano). Si bien Puno también tiene una alta incidencia de pobreza, las acciones subversivas no se presentan en la misma magnitud que en los departamentos antes mencionados, pues en este departamento existían organizaciones de base más sólidas que lucharon en contra del terrorismo. En el caso de San Martín, departamento con bajos ingresos per cápita, cobra mayor importancia -en cuanto a número de acciones subversivas con relación a los demás departamentos-, sobre todo a partir de la segunda mitad de la década pasada, debido a que, una vez controlado el grupo subversivo de Sendero Luminoso, las acciones subversivas en las zonas del grupo MRTA son más evidentes.
Lima y Callao también presentan un gran número de acciones subversivas, básicamente por ser la capital y un punto de estrategia para el avance del movimiento. El terrorismo es un tipo de violencia política, por consiguiente, más allá de las causas que puedan dar un mayor impulso a este movimiento, se encuentran las motivaciones y estrategias políticas. El objetivo de este tipo de violencia es conseguir un poder político y cambiar la política implementada hasta el momento -se considera que el poder político lo poseen pocos individuos, los cuales no representan al pueblo y es en este sentido en el que se busca un cambio-[105]. El problema es querer obtener un poder político a través de la violencia. En este aspecto pueden estar influenciando aspectos de índole cultural generados a lo largo de la historia del Perú, en la cual se encuentran numerosas manifestaciones de violencia. Estos antecedentes podrían explicar que al menos parte de la población crea que la violencia es la única manera de conseguir un cambio[106].
Otro aspecto importante es la desigualdad en oportunidades[107]. Si bien es cierto, el terrorismo se inició en zonas donde había mucha pobreza, también es cierto que el movimiento terrorista se daba mayormente en las universidades y entre los jóvenes que si bien se encontraban estudiando, tenían pocas oportunidades de acceder a un trabajo y escalar socialmente[108]. Esto corroboraría la teoría antes mencionada de que la desigualdad en un factor importante en la manifestación de violencia, más aún, cuando se tiene la educación suficiente para reconocer dichas diferencias en oportunidades.
Causas de origen institucional formal
Un aspecto importante en esta categoría es la reacción de las fuerzas armadas y las fuerzas especializadas de la Policía Nacional del Perú. Estas instituciones reaccionaron de manera violenta[109] y se produjo un enfrentamiento entre ambos bandos que creó una mayor inseguridad en la población, la cual no tenía a quién recurrir ya que para las fuerzas del orden todos eran sospechosos[110]. Las manifestaciones violentas fueron cada vez más frecuentes y de mayor magnitud, tanto por parte de los terroristas, quienes reaccionaban al enfrentamiento de las fuerzas del orden, como de éstos últimos.
Por otro lado, un factor que puede influir, tanto en la generación de violencia como en no poder afrontarla, es la corrupción de las instituciones públicas, así como su impunidad. Por un lado, la corrupción de las instituciones públicas y su impunidad incrementa el sentimiento de frustración en la población, y por otro, debilita su capacidad de prevenir el crimen y la violencia. A raíz de ello, la población, muchas veces, toma la justicia en sus manos, creándose los comités de autodefensa, por ejemplo, y legitimándose así, una vez más, el uso de la violencia.[111]
Causas de origen institucional informal
Entre éstas cabe mencionar a la presencia del narcotráfico como causa de la violencia política. Hubo un acuerdo entre lo terroristas y los narcotraficantes. Los primeros colaboraban ofreciendo garantías para la producción, comercialización y transporte aéreo de la pasta básica, a cambio de dinero o armas sofisticadas. Esta alianza incrementó las manifestaciones de violencia y la inseguridad del pueblo[112].
Violencia económica - Narcotráfico
Causas de origen estructural
En el caso de la violencia económica, específicamente el narcotráfico, la pobreza es un factor importante, ya que es en ese contexto en que los campesinos deciden si sembrar coca u otro producto, cuando no son coaccionados para hacerlo. La siembra de coca resulta más rentable que la de otros productos, además de tener un rápido acceso al mercado internacional[113]. Si bien el gobierno intenta combatir este fenómeno a través de la promoción de productos rentables, el acceso al mercado continúa siendo un problema, por lo que la siembra de coca continúa siendo una alternativa más rentable[114].
La desigualdad y la falta de oportunidades también son factores importantes en la presencia de violencia económica, la cual muchas veces es percibida como una mejor opción para acceder a ingresos moderados[115]. En las ciudades, este problema se manifiesta a través de los microcomerciantes de droga, los cuales hacen uso de la violencia para mantener el poder en su zona de acción[116]. En un estudio realizado por el Instituto Apoyo (1999)[117], se encontró una importante asociación entre el problema de la venta y consumo de drogas y la existencia de crimen y violencia.
Si bien la pobreza, la falta de oportunidades y la desigualdad, pueden ser factores que influyan en el desarrollo del narcotráfico, por lo antes mencionado, también es cierto que las zonas en las que se desarrolla éste responden a una estrategia y un requerimiento de zonas de cultivo. Por tal motivo, por ejemplo, en Huancavelica no se observa este tipo de violencia, aunque es una zona pobre. Según el cuadro de detenidos por tráfico y consumo de drogas por cada mil habitantes, se puede apreciar que la tasa de traficantes detenidos es mayor en Huánuco (que es una zona de cultivo –zona pobre según el cuadro de indicadores FGT), Madre de Dios y Tumbes (zonas fronterizas). Según el Mapa de Inversión Social de FONCODES (1995)[118], Húanuco era considerado como un departamento muy pobre, San Martín como uno pobre y Tumbes como regular.
Causas de origen institucional formal
Al igual que en el caso de la violencia política, en este caso, la existencia de corrupción en las instituciones públicas es un factor determinante en la prevalencia de la violencia económica. Las instancias encargadas de hacer prevalecer la justicia se ven debilitadas sin poder ejercer sus funciones debidamente, más aún si se considera la impunidad con la que cuentan algunos de los más grandes narcotraficantes[119]. Parte del problema es que los funcionarios públicos se encuentran mal pagados, siendo la corrupción una vía de acceso a mayores ingresos.
Causas de origen institucional informal
En esta categoría se puede nombrar a dos instituciones informales, los cuales serían, las conformadas por los microcomercializadores de la droga y las pandillas. Por un lado, los microcomercializadores de droga, como ya se mencionó, hacen uso de la violencia para mantener su poder y hegemonía en una zona. Por otro lado, los integrantes de las pandillas están entre los principales consumidores de droga. Ello, los llevaría a cometer actos violentos estando bajo el efecto de la misma[120]. En el cuadro de detenidos por tráfico y consumo de drogas, se puede apreciar que la tasa de consumidores detenidos es mayor en Lima y Callao, por ser la capital y donde se presenta el mayor número de pandillas a nivel nacional. Posiblemente esto se deba al crecimiento desmedido y desorganizado que tuvo lugar en esta zona, manteniendo en la actualidad una alta concentración poblacional, conllevando a problemas de índole social, los cuales se encuentran muy ligados al problema de las drogas[121].
Violencia social
Causas de origen estructural
Como ya se mencionó, muchas veces, la pobreza, el hacinamiento en el cual viven algunas familias, y la inseguridad de poder cubrir sus necesidades más básicas, crea un sentimiento de frustración[122], el cual muchas veces es descargado, no sobre el objeto de frustración, sino sobre la familia. En este sentido se podría decir que existe una relación entre la pobreza y la violencia familiar. En la encuesta realizada por el instituto Apoyo, en 1998, se encontró que son mayormente las mujeres, del nivel socioeconómico D, las víctimas de violencia intra–familiar. Asimismo, el estudio elaborado por el PNUD sobre Violencia Familiar[123] se encontró que para el año 1998, los distritos de Lima en los que se encontró el mayor número de denuncias eran: San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Lima Cercado, San Juan de Miraflores, San martín de Porres, Comas, entre otros, distritos considerados como pobres.
Otro aspecto importante es la desigualdad. En el estudio antes mencionado sobre “Causas de la Violencia” se encontró que en Lima Metropolitana la zona donde el nivel educativo es alto, pero la diferencia en ingresos es la más alta también, el nivel de violencia es uno de los más altos (segunda zona con mayor número de delitos cometidos). La frustración puede ser mayor cuando las oportunidades de desarrollo no son las mismas para todos en un mismo entorno.
El legado histórico de la violencia también es un aspecto importante. La violencia es percibida como un medio legitimo para ejercer el poder. No sólo se acepta violencia como permisible en la historia antigua del Perú, sino también en la más reciente, con el terrorismo y el narcotráfico. El aspecto histórico está ligado al aspecto cultural. Al menos en segmentos importantes de la población existe una cultura en la cual prevalece el “machismo”[124], y se considera a la violencia como un medio permitido para someter al género femenino.
Causas de origen institucional formal
Las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos no siempre ofrecen los servicios más adecuados[125] o no llegan a todas las zonas. Así, en muchos casos no se realiza la denuncia del hecho. Según el informe de la Comisión Especial del Senado sobre “Violencia y Pacificación” (1988)[126], sólo una quinta parte de las mujeres, en promedio, denuncia tales hechos. En ocasiones esto se debe a un temor por parte de la víctima de ser agredida con mayor intensidad después de que realiza la denuncia y que esta no sea atendida o por temor de quedarse sola, debiendo asumir mayores responsabilidades de ahí en un futuro.[127] Las instituciones competentes deberían considerar esto al ofrecer sus servicios a las víctimas de violencia en el hogar.
Causas de origen interpersonal
Este tipo de causa está ligado a la relación dentro del hogar. Por lo general, en un ambiente de desconfianza y falta de comprensión y apoyo entre los familiares, la tensión es mayor y las probabilidades de que surjan manifestaciones violentas es mayor[128].
Causas de origen individual
El uso de drogas y el consumo de alcohol pueden agravar el problema de la violencia intra–familiar, pues cuando el individuo se encuentra bajo efecto de alguno de estos dos tipos de droga, se dificulta mantener el control. Ello, aunado a cualquiera de las demás causas puede degenerar en un caso de violencia intra–familiar.
Por otro lado, cuando el individuo ha sido víctima de este tipo de violencia o la ha presenciado durante su desarrollo, es muy factible que replique dicha conducta en su adultez.[129]
d)d) Los efectos de la violencia
El capital físico
El efecto de la violencia sobre el capital físico es el más fácil de identificar, pues, por lo general, está ligado directamente a las pérdidas materiales como consecuencia del acto violento. En el caso del terrorismo, un estudio del Banco Mundial de 1994 estimó que las pérdidas por causa de este fenómeno ascendían a 25 mil millones de dólares, entre instalaciones eléctricas, infraestructura vial y otros. El Estado debe destinar parte de su gasto a reconstruir la infraestructura, lo cual le resta recursos para enfrentar el problema de la pobreza en el país.
Asimismo, las pérdidas materiales sufridas por las víctimas, como por ejemplo, bienes personales en el caso de un robo o asalto, o su vivienda, además de otros bienes personales en el caso de atentados terroristas, empobrece al individuo, y perjudica aún más su condición.
Por otro lado, en un estudio realizado por Londoño y Guerrero[130] en 1999 se encontró que los costos económicos de la violencia en Perú representaban 5.1% del PBI, entre pérdidas materiales, gastos materiales, productividad y trabajo perdido, entre otras cosas. Mientras que en el estudio realizado por el Instituto Apoyo, se encontró que los costos sociales de la violencia contra la persona y la propiedad durante 1996, en Lima Metropolitana, representaban el 3.62% del PBI de Lima.
En el estudio elaborado por Ayres[131], aproximadamente la mitad de la caída en el ingreso per cápita del país, entre 1983 y 1990, se puede atribuir a los daños que produjeron los movimientos terroristas.
Otro costo que se debe asumir como consecuencia de la violencia, es que el índice de seguridad país, en el exterior, se ve afectado. Al incrementarse el riesgo país, las inversiones requieren de una mayor rentabilidad para acceder a invertir en el país, reduciéndose la inversión extranjera e interna en el país.[132]
El capital humano
En el caso del capital humano, el principal daño lo constituyen las vidas humanas que se pierden a raíz de la violencia, tanto política, como económica y social. Esto no sólo repercute en la economía del país sino en las familias donde niños y jóvenes se quedan huérfanos y esposas viudas o esposos viudos. Asimismo, en otras ocasiones el individuo no perece a raíz de un acto violento pero queda incapacitado, lo cual no le permite trabajar y generar ingresos. De acuerdo a José Coronel (1997)[133], la violencia política, entre 1980 y 1992, provocó 25,927 víctimas, 6,000 desaparecidos y 1,600,000 afectados.
Otro efecto de la violencia, sobretodo de la política, es que origina un desplazamiento de las zonas rurales afectadas por este fenómeno a las urbanas, originándose un crecimiento desmedido y desorganizado de las ciudades. Esto tiene como consecuencia, no sólo que las nuevas familias en la ciudad vivan en calidad de hacinamiento sino también, es difícil para los migrantes adaptarse a su nuevo contexto. Esto crea conflictos tanto a los individuos mismos como entre ellos. José Coronel en su estudio sobre las consecuencias de la violencia política señala que el número de desplazados se encontraba alrededor de los 430,000 individuos.[134]
Con relación a la educación y la salud, el acceso a estos servicios se torna más difícil. En el caso del terrorismo, la inseguridad en la población en las zonas rurales afecta la atención de los niños a la escuela o los docentes y doctores migran a otras zonas por inseguridad o son víctimas de atentados terroristas. Asimismo, cuando existe violencia en el hogar, se presenta un alto grado de deserción escolar (Knaul 1997, en Banco Mundial 1999)[135]. Todos estos factores afecta el acceso y la calidad de los servicios de educación y salud, perjudicándose el desarrollo adecuado del individuo.
Por último, se tiene el daño psicológico que sufre el individuo a raíz de las manifestaciones de violencia en su entorno. El daño psicológico se ocasiona, ya sea por haber sido víctima directa de una acto violento o haber presenciado uno, o por el hecho de haberse quedado sin padre o madre o ambos, lo cual no le permite al niño o joven desarrollarse normalmente. Más aún, un entorno violento puede distorsionar los valores de un individuo, el cual puede percibir la violencia como algo legítimo y permisible para conseguir sus objetivos. El daño psicológico ocasionado al individuo, puede, además de alterar sus valores, dificultarle su desarrollo, ya sea en la escuela o en su centro laboral.[136]
El capital natural
El efecto de la violencia en el capital natural se puede apreciar con mayor claridad en el caso de la violencia económica, específicamente el narcotráfico. La siembra de coca daña la tierra, erosionándola y restándole productividad.[137] No obstante, también se puede mencionar otro efecto de la violencia en el capital natural y su degradación, el cual se produce a raíz del crecimiento desmedido y desorganizado de las ciudades. Cuando esto ocurre la contaminación se incrementa. Entre las ciudades que crecieron desorganizadamente se encuentra a Tocache Juanjuí, Bellavista, Picota ,entre otras.[138]
El capital social
Uno de los principales efectos de la violencia, específicamente de la violencia política y del enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los grupos terroristas, es la pérdida de confianza de la sociedad hacia el Estado. Surgió un sentimiento de inseguridad en la población en vista de que las fuerzas del orden consideraban como sospechosos a todos los individuos, especialmente los de áreas rurales, quienes se encontraron en una situación en la cual no tenían una institución a la cual recurrir por justicia. Ello conlleva a que se presente una situación de desapego entre la sociedad y el Estado, quien no puede proveer seguridad a la población.[139]
Otro efecto está relacionado a las organizaciones de base, las cuales fueron desarticuladas por los grupos terroristas, pues no se encontraban debidamente cohesionadas, no obstante, fue también a raíz del terrorismo que surgieron nuevas organizaciones de base como defensa contra el terrorismo y mecanismo de subsistencia. Cabe señalar que cuando todas las formas de organización social y políticas se desarticulaban o reducían, el movimiento de mujeres fue uno de los pocos que avanzaba a contracorriente.[140]
Otro efecto de los tipos de violencia analizados es el surgimiento de pandillas, integradas principalmente por jóvenes entre 14 y 17 años, y sus actos vandálicos. Este fenómeno se da, entre otras cosas, por el entorno de violencia en que se vive y la aceptación de ésta, por la marginalidad en la cual viven jóvenes y un sentimiento de desadaptación que surge en ellos. Asimismo, son por lo general, jóvenes de familias desintegradas, de bajo nivel de ingresos, donde existe una percepción de que no es posible alcanzar lo que otros tienen, que hay una brecha insalvable, además de ser común la violencia en sus hogares[141].
La violencia en el entorno familiar y dentro de la familia dificulta la capacidad de ésta para actuar como una unidad. No existe una cohesión real entre los integrantes de la familia y las manifestaciones de violencia generan un daño psicológico en ellos, sobre todo en los niños y jóvenes, quienes pueden replicar esta situación cuando formen su propia unidad familiar.
Los Casos de Ayacucho, Huancavelica y San Martín
Para el análisis de las manifestaciones de violencia en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y San Martín, se ha utilizado información de reconocidos estudios sobre violencia política, narcotráfico y violencia familiar, elaborados por expertos en la materia. También se ha reunido información de Instituciones dedicadas a la lucha contra determinadas formas de violencia como CEDRO, en el caso del narcotráfico, y DEMUS y PROMUDEH, en el caso de violencia intra-familiar. Además se contó con información elaborada en la primera etapa del presente estudio, que implicaba un análisis a nivel más localizado en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y San Martín. Esta información comprende diagnósticos sobre la situación de pobreza y violencia en estos departamentos, elaborados por coordinadoras locales (Chirapaq, SEPAR y Prodemu, respectivamente), así como los Informes Finales de los resultados de los Grupos Focales realizados en estos departamentos por el consultor Walter Pachas. Cabe mencionar que una limitación de la información recogida por los Grupos Focales es que estos se llevaron a cabo en zonas pobres, por lo cual no se pueden contrastar los resultados con los que se obtendrían de un Grupo Focal con individuos de un mayor nivel económico. Esto, sobre todo en el caso de violencia familiar, es una limitación porque es posible que este tipo de violencia también sea frecuente en ese nivel pero con otras características.
a) Violencia Política - Terrorismo en Ayacucho y Huancavelica
Aspectos históricos y políticos
El terrorismo ha sido una de las manifestaciones de violencia que más pérdidas ha ocasionado en toda la historia de nuestro país, tanto humanas como físicas, además del daño psicológico causado en la población. Es en este sentido que es importante estudiar el contexto en el cual surge este problema y sobretodo, por qué se expande con tal rapidez a todo el territorio nacional, de modo que no se vuelvan a dar las condiciones para este tipo de violencia.
Como punto de partida, es necesario reconocer que durante décadas, el Perú ha experimentado un desarrollo desigual. Este desarrollo desigual implicaba un crecimiento centralista que privilegiaba Lima en desmedro de las provincias; un desarrollo desigual, tanto a nivel interregional como intrarregional, privilegiándose las ciudades en detrimento del campo y por consiguiente, del agro. Asimismo, se presentaba una tendencia a la concentración tanto de la economía como del poder político. Esta situación agravó el desarrollo desigual, generando una gran masa poblacional que veía descender sensiblemente su nivel de vida, particularmente a partir de la segunda mitad de la década de los setenta.[142]
En este contexto, el terrorismo surge en una de las zonas más deprimidas del país (Ayacucho) y se expande rápidamente en los departamentos de Huancavelica y Apurímac, también muy pobres. Si bien otros departamentos eran también de los más pobres del país en aquella época, ellos contaban con características diferentes menos favorables a la rápida expansión del terrorismo. Este el caso de por ejemplo Puno, el cual contaba con organizaciones de base más cohesionadas, las cuales no permitieron que el terrorismo penetrara con igual fuerza que en los departamentos antes mencionados.
Asimismo, estos departamentos, al igual que muchos otros que son pobres y alejados del centro del país, han vivido por muchos años sin una activa presencia del Estado. Además de la poca presencia del Estado, en estas zonas existía una dominación de los pobladores por los gamonales y terratenientes, los cuales muchas veces eran la única autoridad de la región[143]. Luego, con la Reforma Agraria la situación cambió drásticamente, las élites terratenientes desaparecieron pero no fueron reemplazadas por cuadros técnicos, políticos o sindicales. Posteriormente, sí fueron reemplazadas por una clase de comerciantes en ascenso[144].
En lo que respecta al control territorial en estas zonas, éste se reducía a la más simple expresión: en cada distrito el subprefecto nombraba a un gobernador y el presidente de la Corte a un Juez de Paz; muchos de ellos con muy poca preparación. En los puestos de vigilancia, la Guardia Civil destacaba a pocos hombres sin armamentos y municiones, incapaces la mayoría de veces de controlar a la circunscripción territorial que se les confiaba. Las instituciones, además de ser muy pocas en estas zonas y de no contar con el apoyo del Estado, no cumplían sus funciones y en muchos casos abusaban de los pobladores. Así, los pobladores se sentían abandonados y en muchos casos maltratados por los organismos del Estado, generándose un resentimiento contra las instituciones, situación que fue aprovechada por Sendero Luminoso para ganar adeptos.[145] Esto también se pudo constatar en los grupos focales que se realizaron en los distritos de Ayacucho y Huancavelica, donde además se constató que el problema del rol de las instituciones y el rechazo del pueblo a éstas todavía subsiste.
A raíz de la ineficiencia de las instituciones, muchas veces los pobladores tomaban la justicia por sus propias manos. Así, muchas veces, debido al abuso recibido, los campesinos mataron a gamonales, a ciertas autoridades y a muchos abigeos, luego de haberlos denunciado en forma repetida ante el Poder Judicial sin haber conseguido ningún castigo legal[146].Cuando Sendero apareció, éste se ocupó de solucionar los conflictos que surgían en las comunidades y entre las comunidades, logrando, muchas veces, mantener a las comunidades desunidas para prevenir así una posible unión opositora. Sendero se convirtió en “guardián de la moral pública”: ajusticiaba abigeos, controlaba a los maestros, castigaba a los delincuentes, violadores, etc. Esta situación hacía que Sendero sea visto en las comunidades como “bueno y necesario”[147].
Otro aspecto mencionado en la literatura, que se corroboró en los grupos focales, es el relacionado a los abusos cometidos por la Policía y Fuerzas Armadas durante la lucha contra Sendero Luminoso. Las Fuerzas Armadas consideraban a todo campesino como sospechoso de la subversión[148], lo cual podría tener su origen en lo que Gonzalo Portocarrero llama “racismo criollo”, el cual supone la inferioridad del indígena o serrano.
Además de no existir una activa presencia del Estado en Ayacucho y Huancavelica, tampoco existía una presencia de otros partidos políticos. Como señala Henri Favre, “en el Perú, ningún partido ha logrado nunca, ni se lo ha propuesto, encuadrar a la población de Ayacucho”. Acción Popular así como el Partido Popular Cristiano, partidos políticos que en ese entonces tenían gran aceptación, estaban ausentes en estos departamentos; la Izquierda Unida no era conocida; sólo el APRA estaba presente en la capital de Ayacucho, con un único local, generalmente cerrado[149].
Por otro lado, el análisis de la composición de Sendero Luminoso muestra algunos aspectos importantes. En las filas de Sendero se encontraban gran diversidad, miembros con grados de instrucción muy diferentes, encontrándose en la elite militante mayormente a profesionales. Como señala Henri Favre, Sendero Luminoso es “el resultado del encuentro detonante de una lumpen “inteligenista” y de un medio “cholo” que, en su mayoría, no se resigna a permanecer al margen de un cuerpo social”[150]
En este sentido, se debe analizar quiénes son los que se unen al movimiento terrorista y por qué. Las universidades, particularmente la Universidad de Huamanga, cada vez acogen a un mayor número de personas. La finalidad del acceso a la Universidad es prepararse para ser un futuro profesional y así encontrar una posible forma de ascenso social. Sin embargo, los modelos de desarrollo seguidos hasta ese entonces, eran incapaces de asegurarles su integración al sistema socioeconómico. Así, muchos de los egresados de las universidades no encontraban oportunidades que correspondan a su nivel de calificación, lo que en muchos casos les generaba sentimientos de frustración y reacciones violentas[151]. La universidad se politiza y se convierte en un centro de ideas progresistas, si bien es cierto con influencias socialistas y comunistas. La Universidad de Huamanga poco a poco empieza a formar vínculos con los sectores populares y las capas medias[152]. Para muchos jóvenes, Sendero Luminoso aparecía como un posible canal de movilidad social dentro del “nuevo Estado”, que se abre precisamente cuando se cerraban los canales de movilidad social existentes a través del mercado, la migración y la educación. En el nuevo contexto de crisis, la opción senderista resultó muy atractiva para los jóvenes.[153]
Como se puede apreciar, las universidades juegan un rol importante en el desarrollo del movimiento terrorista. En particular, la Universidad de Huamanga jugó un rol importante en la conformación de Sendero Luminoso. Carlos Iván Degregori sostiene en Ayacucho, con la reapertura de la Universidad de Huamanga en la década de los sesenta, la población con educación universitaria creció en forma acelerada, hasta casi duplicar el promedio nacional.[154] Los estudiantes que llegan a esta universidad, en su mayoría, eran hijos de sectores sociales en decadencia que pugnan por ascender socialmente.
Aspectos económicos
La región conformada por Ayacucho, Apurímac y Huancavelica ha sido la más deprimida por muchos años. Por su pobreza, atraso, falta de una presencia activa de los poderes públicos y otros factores mencionados en la sección anterior, Ayacucho ofrecía a los senderistas condiciones favorables únicas en el país. Ante esta situación, la región sufrió muchos procesos migratorios. Los notables empobrecidos de las pequeñas ciudades enviaron a sus hijos a la capital y a otras ciudades. Los agricultores más aptos para convertirse en empresarios agrícolas, abandonaron sus tierras por empleos urbanos. Es así, que la región se vio sin posibilidades de renovación y desarrollo[155].
Ayacucho se encontraba a inicios de los ochenta como uno de los más pobres y olvidados. Sólo el 4 por ciento de las tierras eran cultivables, mientras el 60 por ciento de la población vivía en el campo. La industria era inexistente y la productividad agrícola muy débil a causa de las técnicas arcaicas utilizadas tanto por agricultores como ganaderos. La red de escuelas no alcanzaba sino al 36,5 por ciento de la población en edad escolar. La situación sanitaria era deplorable. En 1980, había sólo 20 médicos y 16 dentistas para una población de 543,000 personas, cuya esperanza de vida no era mayor a los 45 años. En ese mismo año, sólo el 6,5 por ciento de las familias disponía de agua potable en su domicilio y el 5,7 por ciento tenía electricidad. Además, la región sólo había recibido un porcentaje insignificante de un conjunto de inversiones realizadas por el Estado entre 1968 y 1980.[156]
Según el Mapa de Pobreza elaborado por el Banco Central de Reserva del Perú, en el año 1981, Ayacucho tenía dos provincias consideradas dentro de las diez más pobres del país (Cangallo en segundo lugar y Víctor Fajardo en la séptima ubicación). Se podía apreciar además un desarrollo desigual dentro del departamento. Por un lado, estaba Huamanga y dentro de ella, la ciudad de Ayacucho como el polo comercial y burocrático más importante de la región. En La Mar y Huanta surgió un polo de desarrollo de la agricultura comercial de productos tropicales que se convierte en centro de atracción de los migrantes serranos del propio departamento y donde se desarrollaba tímidamente una estructura agraria más moderna. Lucanas y Parinacochas se orientaron hacia la costa, lo cual produjo un cierto desarrollo económico respecto al resto del departamento, pero durante la década de los setenta, al parecer por la sequía y la crisis económica, ocurrió un estancamiento general y migración masiva. Cangallo y Víctor Fajardo fueron aisladas y quedaron al margen de los principales circuitos comerciales, cayendo en una crisis en la que la población se vio obligada migrar a la selva para trabajar. Estas provincias extremadamente pobres fueron los lugares en donde se inició la acción armada de Sendero Luminoso en 1980.[157]
Las condiciones de vida en Huancavelica eran también deplorables, siendo el segundo departamento más pobre, luego de Apurímac, según el Mapa de Pobreza de 1981. Este departamento presentaba una tasa de analfabetismo de 43,99% y contaba con 68 camas hospitalarias y de internamiento por cada 100,000 habitantes. En cuanto a los servicios básicos, la situación era crítica -aproximadamente, sólo el 5% de las familias tenía desagüe por red de tubería, pozo negro o ciego-[158]. Huancavelica estaba además sumida en una prolongada crisis y estancamiento de los dos ejes económicos centrales: la minería y el sector agropecuario. Las causas de ello eran la descapitalización producida por las empresas mineras de enclave y las políticas centralistas que implementaron los sucesivos gobiernos nacionales, así como la incapacidad de los grupos regionales de desarrollar una propuesta de progreso y desarrollo. Huancavelica se mantenía como una de las zonas de mayor atraso y pobreza en el país, a lo cual se agregaba una historia violenta cuyos más cercanos antecedentes eran la expulsión de los hacendados y la lucha contra el abigeato. Aunque la reforma agraria mejoró las condiciones sociales de los campesinos, no logró dárseles una “ciudadanía real”, mucho menos, remontar las consecuencias del atraso de décadas anteriores[159].
La Reforma Agraria eliminó los latifundios y creó las cooperativas, pero éstas además de sólo beneficiar a una minoría, se hallaban plagadas de problemas administrativos. Las cooperativas al final quedaron semi-abandonadas y el campesino no obtuvo ningún beneficio económico de esta reforma. En un contexto de pobreza extrema, se vio con cierta simpatía a quienes parecían defensores de los pobres, que los llamaban a unirse a la lucha contra la injusticia[160]. Sendero Luminoso les ofrecía un mejor futuro, además de alimentos para lograr una mayor captación de adeptos.
Finalmente, cabe llamar la atención sobre el hecho de que a pesar de que la lucha contra la subversión ha sido exitosa, muchas de sus causas no han sido erradicadas. La pobreza, así como otros factores que se mencionan como causa de su desarrollo, continúan vigentes en estas zonas. Así, tanto Huancavelica como Ayacucho, continúan siendo de los departamentos más pobres del país. Según los índices de último censo nacional, el 92,2 por ciento de hogares huancavelicanos y el 83,3 por ciento de hogares ayacuchanos tenían necesidades básicas insatisfechas[161]. En los últimos años, tanto en Huancavelica como en Ayacucho se redujo en forma significativa la violencia política, sin embargo aún se pueden apreciar acciones subversivas en estas zonas.
Declive del Terrorismo
Si bien Sendero llegó a ser una real amenaza para el pueblo peruano y el Estado, luego de la captura de su líder, Abimael Guzmán, el movimiento subversivo logra ser derrotado y se inicia una etapa de pacificación nacional. Como muchos sociólogos han señalado, la historia de la violencia política muestra, cada vez con mayor evidencia, que Sendero Luminoso perdió la guerra cuando se generalizó el rechazo de éste por parte del campesinado comunero andino.[162]
La simpatía y adhesión que logró Sendero Luminoso en los primeros años no fue suficiente para dejar de ser percibido, por el campesinado, como una movimiento cuyas expresiones compulsivas de violencia y autoritarismo se hacían más evidentes a medida que buscaba consolidar su influencia y control en las comunidades, sobre todo a partir de 1982[163]. La confrontación entre el pueblo campesino y Sendero fue inevitable cuando éste último ocasionó fracturas significativas en el tejido social del pueblo, así como en su economía. Un factor importante, fue que Sendero intentó obligar a la población campesina a producir lo necesario para su auto-abastecimiento y prohibirles la comercialización de sus productos. Ello resquebrajó la débil economía de los campesinos, los cuales se rebelan frente a esta imposición[164]. Asimismo, se llevan a cabo varias ejecuciones (que destruyeron el tejido social), desde dirigentes comuneros hasta abigeos[165].
Para vencer al terrorismo fue importante la conformación y participación de las Rondas Campesinas y Comités de Autodefensa, que surgieron ante el rechazo del terrorismo y la violencia que éste generaba. Estas organizaciones eran conformadas por los mismos pobladores de las comunidades, que apoyados con armas y asesoramiento de las Fuerzas Armadas, lograron combatir a Sendero. Si bien en un principio no existió esta unión entre las Fuerzas Armadas y las organizaciones campesinas, en la segunda mitad de la década de los ochenta, las Fuerzas Armadas comprenden que el campesinado también rechaza al terrorismo y que es necesaria la unión para vencerlos.
Asimismo, se formaron otras organizaciones que con el tiempo se solidificaron, como organizaciones de mujeres campesinas, las cuales también cumplieron un rol importante en la lucha contra el terrorismo. No obstante, muchas de estas organizaciones que sobrevivieron al terrorismo, hoy en día se encuentran en crisis, debilitadas y con conflictos inter-generacionales.[166]
Es importante mencionar, el efecto que el terrorismo tuvo en el cambio de roles del género femenino. Por un lado, al interior de las filas terroristas, las mujeres tenían acceso a cargos de responsabilidad y, por otro, en la lucha contra el terrorismo, se formaron organizaciones de mujeres que velaban por la seguridad de las comunidades y se apoyaban entre sí. Estas organizaciones cumplieron un rol importante, no sólo en la lucha contra el terrorismo, sino también en la revalorización de la mujer. Además, como consecuencia del terrorismo muchas mujeres quedaron abandonadas y se convirtieron en las “jefas de hogar”, debiendo velar por el sustento económico de sus familias.
Por último, cabe mencionar la labor que viene desarrollando el gobierno para apoyar a los desplazados como consecuencia del terrorismo. En este sentido, el PAR, compone la infraestructura destruida por el terrorismo, atiende a los huérfanos, niños y jóvenes de entre seis y veinticuatro años y realiza acciones de promoción de la mujer. Este programa, que opera en zonas rurales en extrema pobreza de la Sierra, pretende abordar el conjunto de problemas estructurales que afronta la comunidad campesina como la pobreza, fragilidad de las organizaciones comunales, debilitamiento del aparato productivo, etc. Como objetivos específicos, el programa busca: consolidar la paz y recomponer el tejido social de la localidad; reducir la pobreza y la marginalidad a través de la reactivación del aparato productivo; lo cual implica autosuficiencia alimentaria, tecnificación e integración al mercado; rehabilitación de la infraestructura social y económica de la comunidad y el mejoramiento y ampliación de la cobertura de servicios básicos de nutrición, salud, educación, vivienda y saneamiento. El Programa incluye la participación de las organizaciones locales como las comunidades y los gobiernos locales (municipios distritales) en la planificación y gestión de los proyectos, así como en la toma de decisiones y estrategias de desarrollo local. También se prevé su participación en la sostenibilidad de las obras para lo cual se capacita a los miembros de las comunidades. El PAR es un Organismo Público Descentralizado del PROMUDEH, cuenta con recursos procedentes del Tesoro Público y de la Cooperación Técnica Internacional, entre los cuales destacan: AID, PNUD, KFW, COSUDE, entre otras.
Principales causas
De lo anterior se puede extraer algunos factores que podrían considerarse como las causas que dan origen al terrorismo, o en todo caso, que le permiten su rápida expansión en todo el territorio nacional, las cuales se presentan a continuación. No obstante, no puede dejar de mencionarse el temor infundido en la población por parte de los terroristas. Esto influye en los individuos, por ejemplo, motivándolos a formar parte de las filas de los grupos subversivos por temor a represalias.
Tres de las causas de origen estructural son la pobreza, el empobrecimiento y la desigualdad. Como se vio en las secciones previas, una de las características de las zonas en las cuales se origina el terrorismo es su pobreza y empobrecimiento. Tanto Ayacucho como Huancavelica, son dos de los departamentos más pobres del país, desde hace mucho tiempo, según los mapas de pobreza. Ello, aunado a la desigualdad en la región, crea un sentimiento de frustración en la población, que provoca una reacción violenta (cómo se explica en la sección del marco conceptual). Ello también se puede constatar en los siguientes extractos de los grupos focales:
“La violencia política (terrorismo) ha sido muy especial en Ayacucho, desde los años ochenta, ha venido preparando este aspecto generado por la pobreza; todo el mundo no tiene acceso a estas condiciones: habían muchachos que querían estudiar pero no habían condiciones, entonces optaban por este camino, que ha traído lo peor para Ayacucho....”
“Bueno nosotros hemos......por la situación económica, porque ya por lo menos teníamos nosotros para defendernos económicamente, entonces allí dejamos de apoyar al terrorismo, ya no era necesario como antes luchar ese lema: todos para uno y uno para todos. Porque eso hemos hecho cuando no nos alcanzaba”.
Como se mencionó, en las décadas de los sesenta y setenta se llevó a cabo un desarrollo desigual en las diferentes regiones del Perú, concentrándose el poder económico y político en la cuidad capital y en las principales ciudades, lo cual llevó al consiguiente abandono de la población rural. Así, se encontró que las zonas en las que surge el terrorismo habían recibido, en aquella época, un porcentaje insignificante de las inversiones realizadas por el Estado.
De otro lado, también debe considerarse que las regiones azotadas por el terrorismo han tenido una historia en la que la violencia ha estado presente por lo que ha sido considerada por muchos como un medio viable para la solución de los problemas. Por ejemplo, en los casos de violencia contra la mujer y en los de robo o asalto, los actos “correctivos” de Sendero Luminoso al castigar a los implicados eran vistos con buenos ojos por los miembros de las comunidades, como dice uno de los participantes de los Grupos Focales, “les hacían justicia social”.[167]
“....y decía cuando estaban los terroristas no había este tipo de problema de pandillaje y ese mismo policía decía: cuando regresen ellos, no va haber, va a desaparecer ... porque ellos de alguna manera controlaban a los rateros; a los esposos que pegaban los azotaban, según comentan, les hacían una justicia social”
Entre las causas de origen institucional formal se encuentra el estilo violento en que las Fuerza Armadas enfrentaron al terrorismo discutido anteriormente y que se ilustra en el siguiente extracto de los grupos focales:
“.......entonces la gente desaparecía ¡Gente que no tenía documento esa fecha, cuando lo llevaban ya en la calle, cuando hacían batida!; ¡gente que no tenía documento entraba y ya no salía, no lo veíamos!. A los colegios qué cosa ha hecho! A los niños los han secuestrado de noche, a las mujeres se los llevaban y si no querían, a la otra noche te llevaban con cariño y ya nunca volvías!”
Esta violencia por parte de las Fuerzas Armadas ocasionó una inseguridad mayor en la población campesina, la cual Sendero aprovechó para obtener su apoyo.
Asimismo, también se presentaba el hecho de que autoridades públicas no cumplían su función como regulador del orden en las comunidades. Además, el poblador común toma conciencia de que se encuentra estado de abandono por parte del Estado. Como manifestó una mujer de la provincia de La Mar:
“.......damos queja en nuestra comunidad a las autoridades, al presidente, al teniente a veces no nos hace caso nada, ni el presidente lo deja y las cosas empeoran. No encontramos ninguna solución y ninguna autoridad, lloramos nomás ya....”. Adicionalmente, se presentan casos de corrupción entre algunos funcionarios: “Siempre nos ha tratado de sacar dinero, y dejarnos a un lado. Eso pienso es por falta de autoridades en el distrito”
Todos estos factores contribuyeron a que la reputación de las instituciones públicas se vea resquebrajada y el pueblo desconfíe del Estado y busque en Sendero una solución a sus problemas.
La principal causa de origen institucional informal que se puede mencionar está relacionada a la cohesión de las organizaciones de base. Isabel Coral menciona que la debilidad de las organizaciones, las presentaron a éstas vulnerables frente a la amenaza de Sendero, no pudiendo hacerles frente.[168] Asimismo, Sendero aprovechó las disputas entre comunidades y dentro de las comunidades para mantener la desunión e imposibilitar su unión en contra del terrorismo; además de aprovechar la desarticulación y “desindianización” de las comunidades influenciadas por las zonas urbanas. Todo esto comprueba y reafirma la importancia de las organizaciones de las comunidades en la lucha contra el terrorismo, participación sin la cual no se hubiera podido vencer al terrorismo.
Efectos de la violencia
Los principales efectos del terrorismo en estas zonas han sido, en primer lugar, las vidas humanas perdidas en la lucha armada[169] y la inseguridad constante en la que vivían las comunidades de los departamentos de Ayacucho y Huancavelica, no sólo por los abusos por parte de los terroristas, sino también por parte de las Fuerzas Armadas. En palabras de un poblador de la provincia de Tayacaja:
“Bueno el terrorismo en los años que han pasado ha sido un terror en todo....... miedo. Prácticamente no se podía vivir una tranquilidad.”
Además, se agudizó el problema de la pérdida de confianza en las instituciones públicas[170]. La situación de las comunidades campesinas era crítica. No recibían apoyo y protección del Estado mientras Sendero operaba libremente y aniquilaba a miles de campesinos y destruían sus activos lo que conllevó a una alta migración con el consiguiente abandono de las tierras, cierre de negocios y disminución de la actividad comercial. Lo que se puede constatar en el siguiente extracto de los grupos focales:
“......ya dejando de trabajar hasta la siembra que nosotros habíamos continuado, lo hemos abandonado hasta los animales hemos dejado, o sea aquí el tiempo era miedo de vivir en Pazos....”
Asimismo, se destruyó gran parte de la infraestructura básica de varias comunidades, incrementándose la pobreza en estas zonas (“.....en vez de mejorar nos ha destruido: luz ha destruido, consejo!....”).
La destrucción y muerte por parte de los terroristas afectó directamente a casi toda la población lo que conllevó a que varios de los pobladores de las zonas dañadas tomaran conciencia de que los senderistas eran una influencia negativa en la vida de la región y que no defendían sus intereses; al contrario los afectaban moralmente y los empobrecían.
“....¡cuántas gentes no lloran, cuántas gentes han quedado en pobreza! ¡a un hombre que trabajaba, lo matan!. La mujer que no hace nada, ¿qué cosa hace? Nada ... llorará ...; cuántos líos se ha hecho! ¡Más pobreza nos ha dado!”
Como señala Isabel Coral, otro efecto importante, generado a raíz de la violencia del terrorismo fue la desarticulación de varias organizaciones, debido mayormente a la ejecución de sus líderes, pero también, se conformaron nuevas organizaciones más sólidas para la lucha contra el terrorismo, como los Comités de Autodefensa y las Organizaciones de Subsistencia.
“Bueno en nuestra comunidad nos hemos organizado, cuando empezó el terrorismo nos hemos reunido, estabamos en un solo sitio, prestábamos día y noche el servicio para estar tranquilos y vigilarnos y así nosotros estamos vivos y algunos de nosotros se han ido al pueblo o se han ido y también se han organizado en los pueblos y estamos viviendo así……”
Violencia Económica - Narcotráfico en San Martín
Desarrollo del narcotráfico en San Martín
El narcotráfico es un problema a nivel mundial, en el cual el Perú tiene una participación fundamental, pues es el primer país productor de hoja de coca y pasta básica[171]. Asimismo, al interior del Perú, el departamento con una mayor concentración de cultivo ilegal de la hoja de coca y producción de pasta básica es San Martín, por lo cual este departamento cobra gran importancia en la lucha contra el narcotráfico. Específicamente, el narcotráfico se concentra en el valle del Huallaga, con aproximadamente el 41 por ciento del total de cultivos de coca de todo el país. Dentro del valle, es en el alto Huallaga donde se produce el 75 por ciento del total producido en esta región[172].
La siembra indiscriminada de coca se da con mayor fuerza a partir de la década de los setenta, concentrándose el mayor número de hectáreas cultivadas en Uchiza y Chontayacu, pero luego se expande rápidamente a los valles de Chinchao, Monzón y Tocache. Si bien, la siembra ilícita de la hoja de coca se inicia en las provincias de Tocache y Juanjuí, hacia fines de los ochenta, la siembra de coca se daba en todas las provincias de San Martín, recibiendo toda la región un gran número de migrantes de la sierra de La Libertad, Ancash y Cajamarca[173].
Un rol importante en la migración hacia la región del Huallaga lo cumple la construcción de la Carretera Marginal de la Selva. Con ella se favoreció la colonización de los valles del Huallaga, originándose un crecimiento desorganizado de la región. Los migrantes eran, básicamente, campesinos y obreros desempleados en búsqueda de trabajo y, particularmente, en el caso de los campesinos agricultores, de terrenos de cultivo. Aquella población desempleada de la región era la más propensa a incurrir en el cultivo ilícito de la hoja de coca.[174] En el grupo focal del departamento de San Martín se mencionó al problema de la desocupación como un factor causal de la incursión en el narcotráfico. También se mencionó que fueron los jóvenes, con cierto grado de educación, los que mayormente ingresaban a la ilegalidad.[175] Esto puede deberse, como ya se mencionó en otras secciones, a que los jóvenes, por lo general con un nivel educativo mayor al de generaciones más antiguas, experimentan un sentimiento de frustración al no encontrar oportunidades que correspondan a su nivel de calificación.
En San Martín se desarrolla todo el circuito de la droga que comprende, desde el cultivo de la hoja de coca, hasta el transporte fuera del país. Los campesinos también participan en la elaboración de la pasta básica. Ello debido a que, en la segunda mitad de la década de los ochenta, después de iniciado el “boom de la coca”, los precios por este producto sufrieron una caída progresiva, lo cual conllevó a que los campesinos, que básicamente se dedicaban al cultivo de la hoja de coca, incursionaran en la elaboración de la pasta básica, en busca de mayores ingresos.
La pasta básica es ofertada por los campesinos a firmas de narcotraficantes nacionales e internacionales importantes. Estas firmas se encargan de la elaboración del clorhidrato de cocaína para luego transportarlas fuera del país. La principal vía de transporte terrestre en el departamento se encuentra en el Alto Mayo y va hacia el Ecuador. Por vía aérea, los narcotraficantes operan desde los sectores de producción y acopio como Chazuta y Sauce hacia las zonas de vuelo o embarque como Bellavista en el Huallaga Central y Yarinas en el Bajo Huallaga. A partir del éxito de las Fuerzas Armadas y Policiales en reducir los cargamentos por vía aérea, se ha intensificado el uso de los ríos, como el Marañón, para el transporte de la droga.[176]
Como parte de la estrategia anti-narcóticos de los últimos años, se ha reiniciado la erradicación forzosa de cocales. La mayor parte de la erradicación de los cultivos de coca se ha llevado a cabo en la región del Alto Huallaga, particularmente en el eje cocalero Monzón/Aguaytía.[177] Esta estrategia ha dado buenos resultados, en cuanto se han erradicado 26,346 hectáreas de cultivo de coca entre 1996 y 1999, reduciéndose las hectáreas netas cultivadas en este período de 94,400ha a 38,700ha[178]. El gobierno peruano prevé erradicar este año 15,000 hectáreas adicionales en el Valle del Huallaga[179]. Sin embargo, la erradicación forzosa no es suficiente para luchar contra el narcotráfico, pues los que cultivan la coca ilegalmente en muchos casos sólo se desplazan a otras zonas, además de crear un resentimiento en los campesinos y posiblemente favorecer así a la subversión[180].
Sobre el tema, la Coordinadora Nacional de Productores Agrarios, que agrupa a 18 organizaciones de las principales cuencas cocaleras del país, señala que los campesinos y las mismas autoridades no hablan sobre este tema debido a que se pondrían en riesgo si denunciaran la erradicación forzosa, pues los pueden acusar de estar a favor del narcotráfico.[181] En este sentido, es importante analizar las acciones que consideran las causas que permiten la expansión del narcotráfico.
Aspectos económicos
San Martín es uno de los departamentos pobres del país, aunque no en la misma medida que los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, lo cual se debe a la propia generación de ingresos del narcotráfico. En San Martín predomina la población rural, la cual se dedica al cultivo de productos como el maíz, arroz, cacao, café, plátanos, frutales, además de la coca.
El cultivo de la coca, donde empieza el circuito del narcotráfico, ofrece a los agricultores la posibilidad de subsistencia e ingresos que otros productos no le permiten. Esto influye en la toma de decisiones de los campesinos, sobretodo en un contexto en que éstos se ven, cada vez, en una situación de mayor pobreza, llevándolos a dejar la producción de cultivos tradicionales a favor del cultivo de la coca. Al comparar el precio de productos como el maíz, el plátano, entre otros, con el precio de la coca, se encuentra que este último es mucho más alto, además de contar con un mercado seguro. Los precios tan bajos de los otros cultivos antes mencionados, no le permite a los campesinos, en ocasiones, cubrir los costos de producción, además de ser productos con grandes dificultades de inserción en el mercado. Otra ventaja del cultivo de la hoja de coca es que éste ofrece la posibilidad de un mayor número de cosechas por año, lo cual hace percibir esta actividad ilícita como más rentable, aun después de que el precio de la coca sufrió una caída[182].
La coca, al igual que otros productos, sufre variaciones significativas en sus precios. Por ejemplo, en el año 1992 el precio de la coca era de US$2,46 por kilo y en 1995 de US$0,60 por kilo. Si bien una caída de tal magnitud afecta la rentabilidad del cultivo de la coca, el campesino de esta región se ha acostumbrado al atractivo de la liquidez que ofrece el cultivo y el mercado seguro que posee. No obstante, para recuperar el ingreso no obtenido por la baja en el precio, el campesino optó por iniciarse en otras actividades ilícitas como la elaboración de la pasta básica y el cultivo de la amapola, la cual se utiliza para la elaboración de heroína[183].
De lo anterior, se puede inferir que la baja rentabilidad de la producción de cultivos tradicionales frente a la rentabilidad de la hoja de coca, es lo que influye en la decisión de los campesinos para optar por la actividad ilícita. Más aún, la dificultad para el acceso a los mercados de estos productos es un factor determinante. En este sentido, se puede mencionar la falta de infraestructura como carretera y caminos para la comercialización de los productos, la carencia de créditos y préstamos apropiados para el desarrollo de otros cultivos, la dificultad de creación de circuitos comerciales y el carácter primario de la organización socioeconómica (una industria casi inexistente en todo el departamento)[184].
A consecuencia de estas causas que han permitido la expansión del cultivo ilícito de la coca es que se planteó la estrategia de sustitución de los cultivos de coca por cultivos alternativos. Esta estrategia es la que mejores resultados ha obtenido. En el departamento de San Martín se han llevado a cabo varios programas en esta dirección, como el PEAH de USAID (1981-1993). Este programa introdujo el cultivo de café, arroz, yuca y frutales, además de apoyar con la infraestructura necesaria. Se desarrollaron obras de rehabilitación de carreteras, agua potable, escuelas rurales y puentes. Por otro lado, el CORAH.PNUFID apoyó el cultivo del cacao, café, achote, hierbaluisa, así como obras de infraestructura en Puerto Inca, Tingo María, Uchiza y Tocache[185]. Sin bien estos proyectos han tenido varios logros y efectos positivos, aún falta por hacer con relación al tema de acceso a los mercados.
Por otro lado, si bien la estrategia de erradicación forzosa ha logrado disminuir el número de hectáreas cultivas en el departamento, también ha producido que la mayoría de los pobladores se empobrezca con la pérdida de todos sus cultivos, los cuales le proporcionaban su sustento. Esto conllevó a una reducción de la actividad comercial en Tocache, Juanjuí, Bellavista y Lamas, donde se clausuraron muchos negocios, tiendas, bares y mercadillos. Asimismo, cerraron agencias de bancos y se redujeron los movimientos bancarios.[186]
Cabe mencionar que el narcotráfico ha generado en alguna medida efectos positivos en la economía de la región, aunque poco sostenibles. Muchos pobladores se beneficiaron por el mayor poder adquisitivo de los campesinos cocaleros, por ejemplo los comerciantes, quienes podían vender sus productos. Por ello, tanto el cultivo como la comercialización de la coca fue y es aceptado por la población. El excedente económico generado por el narcotráfico permitió el desarrollo de actividades típicamente urbanas como los servicios, diversiones, consumo de productos suntuarios, etc.; además de originarse un proceso inflacionario debido al mayor poder adquisitivo de la población. Así, se creó una dependencia de la producción de la coca, de la demanda por este cultivo y del precio internacional del mismo, de manera que la estabilidad económica de la región se debilitó, lo cual se pudo apreciar cuando se redujo el precio de la coca. Sin embargo, el efecto general del cultivo de coca fue negativo para la región, pocos se beneficiaron realmente del comercio ilícito de la coca y continua la desigualdad y la pobreza[187], además de generar violencia como se ve a continuación.
La violencia a raíz del narcotráfico
La violencia generada por el narcotráfico en el departamento de San Martín puede ser analizada a través de sus diversas manifestaciones. La principal fuente de violencia ha sido y es la violencia asociada a los sistemas de distribución y comercialización de la droga, básicamente el llamado “mercado negro”. En San Martín operan varias firmas de narcotraficantes que luchan por obtener o mantener el control territorial de la región, cometiendo agresiones y homicidios como ejemplo para quienes no quieren cumplir con los códigos y acuerdos establecidos. Asimismo, se llevan a cabo robos a distribuidores, asesinatos de informantes y castigos a deudores y a quienes se exceden en la adulteración de la droga, entre otras cosas.[188]
Del mismo modo, cabe mencionar que la violencia dirigida a obtener o mantener el control territorial se vio incrementada por la alianza que se dio entre los narcotraficantes y los grupos subversivos, quienes ofrecían sus servicios de control del territorio y de la producción a cambio de armas para la lucha armada.[189]
Por otro lado, también se debe mencionar la violencia que se origina por el consumo de la droga - ya sea por el estado de excitabilidad ocasionada por el consumo de la droga como por la necesidad de conseguir fondos para comprar la droga -.[190] En las comunidades donde se cultiva la coca también se puede apreciar un número elevado de consumidores, debido al acceso que se tiene a esta droga. Además, los mismos campesinos cocaleros cometen actos delictivos cuando no cuentan con los recursos suficientes para auto-abastecerse, y esto debido a la costumbre de utilizar una vía fácil para la satisfacción de sus necesidades.[191]
Por último, se observan manifestaciones de violencia cuando las fuerzas del orden se enfrentan con las bandas de narcotraficantes, ocasionando la muerte de policías y narcotraficantes. No obstante, cabe mencionar que, según testimonios de cocaleros y otros campesinos, existen diversos poblados en el valle del Huallaga donde las fuerzas del orden son prácticamente inexistentes, o si existen, no son suficientes para regular y controlar la comercialización de hoja de coca. Más aún, se mencionó la existencia de autoridades corruptas, involucradas con el narcotráfico[192].
Principales causas
La coca se cultiva en el Perú desde hace más de 2000 años, pero se convierte en un problema cuando se comienza a dar un crecimiento indiscriminado de la siembra de coca debido al incremento de la demanda de cocaína.
Entre las causas de origen estructural, no se puede dejar de mencionar la demanda por droga. La alta demanda por el producto determina su alto precio y por consiguiente la alta rentabilidad del cultivo de la coca. En este sentido, la lucha contra el narcotráfico se debe llevar a cabo tanto en los países productores de la hoja de coca como en los países consumidores de droga.
Otros factores causales que permitieron la rápida expansión del narcotráfico, son lo que están ligados a la pobreza y falta de oportunidades. En este sentido, se encontró, al igual que en la sección a nivel nacional, que la pobreza, el empobrecimiento y la falta de oportunidades de desarrollo, fueron determinantes para el desarrollo del narcotráfico en el departamento de San Martín.
“Yo diría de que para que haya nacido la violencia hablamos de narcotráfico desde antes el campesino siempre ha sido mancillado su dignidad como campesino por lo que sus productos no tienen costos que le sustentan a la canasta familiar y apareció por allí un producto que cuesta tanto y que es fácil producirlo………”.
Esto, aunado a la falta de empleo y oportunidades, crean las condiciones favorables para que se desarrolle el narcotráfico. Muchos campesinos y jóvenes, ante la falta de oportunidades laborales y la poca rentabilidad de los cultivos tradicionales tuvieron que migrar a las zonas de Selva Alta donde se cultiva la coca, dejando a sus familias y a sus tierras, con tal de buscar una vía la cual les permita obtener ingresos:
“la violencia viene del narcotráfico por la desocupación de nuestros pueblos y a eso han venido personas de otros países………muy fácil ha sido convencer a la juventud a estas filas donde van a ser remunerados”
“………falta de empleo y trabajo; no cuesta el producto campesino, no hay fábricas donde pueden emplearse los campesinos”.
Otra causa de origen estructural es la relacionada a las fallas de mercado. Si bien, en los momentos en que el precio de la coca disminuyó fue un buen momento para sustituir el cultivo de la coca por cultivos alternativos tradicionales más rentables, la falta de acceso al mercado de estos productos no lo permitió. La coca cuenta con un mercado seguro y los medios necesarios para su transporte, algo contra lo cual no pueden competir los productos tradicionales (“No haber un mercado para los productos que es bajo precio; se produce todo pero no da. Más se gasta que lo que da su utilidad”, extracto del grupo focal realizado en la Provincia de Picota).
Entre las causas de origen institucional formal se puede mencionar la falta de control en esta región. Si bien es sabido que la región se dedica al cultivo ilícito de la coca, existen poblados en los cuales no se encuentran fuerzas del orden suficientes para controlar el problema del narcotráfico, o si las hay, no realizan su labor de la mejor manera. Los bajos ingresos de algunas autoridades pueden estar influyendo en que éstos no estén motivados para realizar un buen trabajo o incluso prefieran involucrarse con el narcotráfico para acceder a un mayor ingreso.
“Quisiera decirles que la justicia está mal desde tiempo, eso es historia. Hablamos en el narcotráfico. Allí está el problema que castigaban fuera de lo normal, a la persona le quitaban el producto que era veinte o treinta kilos. La mitad lo daban al jefe y la mitad se lo encaletaban ellos y encima pedían plata para soltarlos¡ le daban todo el dinero con el fin de quedar libres!”
Otro factor que se debe mencionar es el relacionado a la estrategia que se han utilizado para luchar contra el narcotráfico. Se dieron dos tipos de estrategia. Una de ellas era la erradicación forzosa de los cultivos de coca, lo cual ocasionó un resentimiento en los campesinos, más aún cuando las fuerzas armadas, al igual que en la lucha contra el terrorismo, utilizaban la violencia en sus acciones represivas. La otra estrategia busca la sustitución del cultivo de coca por cultivos alternativos más rentables. No obstante, lo que aún falta por hacer es mejorar las vías de acceso a los mercados para poder comercializar los productos. En este sentido, la coca tiene la ventaja de tener un mercado seguro, siendo una muy buena opción para los campesinos.
“………falta mercado por ejemplo, los agricultores acá podemos producir, estamos en una tierra productiva, pero lo que nos falta es mercado, para vender el producto………”
“………siempre ha sido mancillado su dignidad como campesino por lo que sus productos no tienen costos que les sustenten su canasta familiar y apareción un producto que cuesta tanto y que es fácil producirlo y sembarlo………la mayoría de campesinos vio que es factible cosechar coca y como un mercado de cualquier otro producto y no hay problema y el campesino se incluiría al narcotráfico”
Una causa de origen institucional informal importante es la alianza que se forma entre los grupos subversivos y los narcotraficantes. Los grupos subversivos ofrecieron garantías para la producción, comercialización y transporte aéreo desde los aeropuertos clandestinos, a cambio de armas proporcionadas por los narcotraficantes para la lucha armada. Esto permitió la expansión del narcotráfico e incrementó la violencia en la región.[193]
Efectos del narcotráfico
Una de las principales consecuencias del narcotráfico es la pérdida de vidas humanas: campesinos involucrados en el narcotráfico o informantes, deudores de los narcotraficantes, los mismos narcotraficantes y elementos de las fuerzas del orden que luchan contra el narcotráfico. Además de asesinatos y desaparecidos, también se llevan a cabo castigos físicos, sin llegar al asesinato, como ejemplo para quienes no se someten a los códigos establecidos por los narcotraficantes.
“Se mataban entre narcotraficantes. Un día mi esposo se va a un levantamiento de cadáver y a mi casa llegaba el señor de Agua Blanca, creo. Eran tres vuelos de Alao, a dónde sería? El señor bajaba a comprar la droga cada dos horas, ¡me encarga plata pues! ¡Y yo lo dejo allí! Pues, a los dos días, vuelven dos, el dueño de la plata no, sólo los que le resguardaban. A los quince días nos hemos enterado que está muerto.
Todo esto afecta al capital humano de la región, pues, además de las perdidas en vidas o daños físicos ocasionados, está el daño psicológico por el entorno de violencia en el cual se vive. Más aún si se considera la alianza que se dio entre los grupos subversivos y los narcotraficantes.
El narcotráfico genera todo un ambiente de violencia, sobretodo por la lucha entre firmas que buscan obtener o mantener el control sobre un territorio dado. Asimismo, existe la violencia generada por el lado de quienes consumen la droga, pues, los robos y/o asaltos se incrementan en busca de ingresos para conseguir la droga o por el simple estado de excitabilidad ocasionado por el consumo del producto.[194]
Por otro lado, esta el efecto inflacionario causado por el exceso monetario proveniente del narcotráfico y la dependencia de la economía de este tipo de negocio ilegal y de los precios internacionales de la hoja de coca. Ello debilita la economía y perjudica a la población, dejándola indefensa ante cambios externos. A esto se le suma el hecho de que los campesinos abandonan la producción de otros cultivos, exponiéndose aún más a cambios externos sin posibilidad de responder a ello con la producción de otros cultivos, además de disminuir la oferta de éstos.
Por último, está el perjuicio del medio ambiente por la producción de la hoja de coca.. Las áreas de producción de la coca son las de mayor fragilidad ambiental pues se cultiva mayormente en laderas -luego de ser deforestadas- provocando la erosión de los suelos. Además, no se da la rotación de cultivos, perjudicando aún más las tierras.
“………Vamos perdiendo la biodiversidad con las cosas que han sucedido: ¿Cuántas hectáreas que no debieron tocarse, se han tocado y el monocultivo? Ya todos manejamos eso¡ De cómo se va generando el problema de la destrucción de la región.
Asimismo, a raíz del “boom de la coca”, era común entre los campesinos utilizar grandes cantidades de pesticidas, herbicidas y fertilizantes, contaminando así los ríos. A ello se le suma los químicos utilizados para la elaboración de la cocaína que también van a dar a los ríos, contaminando éste y los animales que beben de él.[195]
En resumen, el narcotráfico trae consigo mayor violencia y perjudica el medio ambiente, sin mayores efectos en la disminución de la pobreza de la región, debido a que son sólo pocos los que realmente se benefician del narcotráfico y en las etapas en que los precios de la coca son altos, los campesinos no ahorran y se dedican a consumir sus ingresos[196], continuando así la pobreza en la región.
Violencia Social - Violencia Intra–Familiar contra la mujer en Ayacucho, Huancavelica y San Martín
Aspectos culturales
La violencia familiar es un problema real en la sociedad peruana, no obstante, no es mucha la información con la que se cuenta para hacer un análisis de la magnitud de éste. Es sólo a partir de la segunda mitad de la década de los noventa que se toman medidas para lidiar con el problema de la violencia intra-familiar, sobre todo la violencia hacia la mujer, quien es la más propensa a ser víctima de este tipo de violencia. Sin embargo, no se puede concluir, de la información sobre denuncias realizadas, que este tipo de violencia está aumentando, porque ello se debe a que el servicio para la defensa de la mujer es reciente, y no se puede aún determinar una tendencia. Más aún, las denuncias son básicamente sobre reclamo de alimentos, ya que el maltrato físico o psicológico, aún no es denunciado mayormente.
En los tres departamentos estudiados, la violencia familiar, en particular la violencia contra la mujer, se ha manifestado en todas sus formas: maltrato físico (golpes y agresiones que en muchos requieren de hospitalización), maltrato psicológico (insultos, maltratos, humillaciones, etc.) y coerción sexual. En el caso de la coerción sexual, la mujer no sólo es obligada a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, sino también, en ocasiones, a tenerlas sin el uso de protección, incrementándose sus posibilidades de tener un embarazo involuntario o contagiarse con una enfermedad de transmisión sexual[197]. En los tres departamentos se encontró que la manifestación de violencia contra la mujer, más común, era el maltrato físico y sexual.[198]
En el caso de la violencia intra-familiar contra la mujer se pueden identificar varios factores que permiten la expansión de este tipo de violencia, entre ellos, el cultural. Abraham Siles (1995)[199] menciona que la violencia contra la mujer tiene su origen en las elaboraciones culturales sobre los roles atribuidos con relación al género en la sociedad. En este sentido, al hombre se le da una posición superior a la de la mujer, subordinando al género femenino. La cultura andina, que involucraría a los departamentos de Ayacucho y Huancavelica, así como de San Martín por la alta inmigración de zonas de sierra, es claramente una cultura que no considera la igualdad de género. Asimismo, en los tres departamentos se encontró que una gran cantidad de hombres y mujeres que señalaban que actividad propia de la mujer se encontraba en su hogar y con los hijos, mientras que la del hombre, “jefe de hogar”, proveyendo los recursos para el sostenimiento de la familia.
Por otro lado, Roxana Vasquéz y Giulia Tamayo (1989)[200], mencionan que a las mujeres se les enseña, desde pequeñas, a que deben casarse y hallar su identidad dentro de la familia. Esto conlleva a que las mujeres tengan una mayor tolerancia hacia la violencia, por temor a perder su familia y por ende su identidad; además de ser mal visto, en culturas tradicionales como la de los departamentos en estudio, la figura de una mujer sola con hijos, exponiéndose así a una mayor violencia y agresión. Asimismo, las mujeres deben contraer matrimonio a temprana edad, por lo cual, muchas veces sacrifican sus estudios y posibilidades de trabajo, por dedicarse a la familia y al esposo. Es lógico entonces, que muchas de estas uniones sean endebles.
Del párrafo anterior se puede inferir que las mujeres mayormente no realizan la denuncia de los hechos por temor a quedarse solas. Desde pequeñas han aprendido a que deben depender del marido. Además, algunas de ellas rechazan el apoyo externo debido a que consideran que este tipo de problema debe ser resuelto en el hogar.
Es necesario reconocer que en este tipo de sociedades, donde la mujer cumple un rol subordinado y dependiente, el hombre se incomoda fácilmente ante cualquier situación que ponga en tela de juicio su situación jerárquica y autoritaria, reaccionando a veces con violencia si siente que su situación de dominio puede verse amenazada.[201] Así, en los grupos focales se manifestó, por parte de algunas mujeres, que la causa por la cual eran víctimas de violencia dentro de su hogar, era por desempeñar cargos públicos en sus localidades o tener una mejor preparación, lo que resultaba intolerable para sus parejas.
En este sentido, se podría mencionar una relación entre los efectos del terrorismo y la violencia familiar. Si bien, durante la época de mayor conflicto, se podría esperar que las familias se unan internamente en una lucha conjunta en contra de una amenaza externa –el terrorismo-, reduciéndose así la violencia dentro del hogar, también debe considerarse que el terrorismo contribuyó al cambio de roles de la mujer. Las mujeres, muchas veces, tenían que ocupar el rol de “jefe de hogar”, debido al desplazo del esposo, además de que surgieron varias organizaciones femeninas, muy importantes en la lucha contra el terrorismo. Así, el rol de la mujer en la familia y la sociedad sufre un cambio, el cual puede ser percibido por el hombre como una amenaza y reaccionar éste de manera violenta.
Los factores mencionados hasta el momento confirman que existe una aceptación de la violencia como medio legítimo para dominar al sexo femenino. En los tres casos estudiados, existe una aceptación social de la violencia contra la mujer. Es la propia sociedad la que concibe el problema de la violencia contra la mujer como un problema privado, en la que nadie debe intervenir, salvo que las consecuencias de los actos de violencia sean extremas, como un suicidio o asesinato. Muchas veces, son las mismas mujeres las que aceptan los maltratos del esposo como normales, como se observó en algunas opiniones vertidas por las mujeres en los grupos focales. Ello puede deberse a que las mujeres, desde pequeñas, interiorizan ciertas normas sociales que las hacen considerarse como inferiores a los hombres y que deben de someterse a sus designios.
Algunos autores señalan que se crea un “ciclo de la violencia familiar”. Por un lado, cuando la niña observa que su madre es agredida o violentada, y ella también es agredida desde pequeña, esto se le puede hacer cotidiano y aceptable. Por otro lado, cuando el niño observa como su madre es agredida, esto puede llevarlo a replicar esta conducta con su propia familia, en el futuro. También puede darse el caso en que los niños que presencian los actos de violencia, repriman sus sentimientos de frustración y rabia y los dirijan, en el futuro, dentro de sus propios hogares hacia sus parejas[202]. En los grupos focales, muchos hombres señalaron que las agresiones físicas que cometían contra sus esposas o convivientes, se debían a que, desde pequeños, observaron este tipo de maltratos en sus hogares.
También debe ser mencionado que en muchos casos, la violencia contra la mujer se manifiesta cuando el hombre se encuentra en estado etílico. El alcoholismo fue reconocido como uno de los principales problemas en los Grupos Focales, que repercutía en sus vidas de diversas formas. Muchas mujeres señalaron que sus maridos consumían demasiado alcohol, lo que perjudicaba la economía familiar, ya que los gastos en bebidas alcohólicas eran muy elevados y representaban gran parte de los ingresos familiares, además de mencionar que, cuando el hombre se encuentra en estado de ebriedad, agrede a la mujer.
Aspectos legales
En la década pasada se hicieron grandes esfuerzos por legislar el problema de la violencia familiar. En diciembre de 1993 se promulgó la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar (Nº 26260), en la que se establece la política del Estado frente a este problema, así como las medidas de protección que corresponden. Se establecen los mecanismos legales que deben seguir las víctimas para denunciar las agresiones. Asimismo, se instituyen las Comisarías de Mujeres que recibirán las denuncias y realizarán las investigaciones preliminares correspondientes. Se señala también que es necesaria la promoción de la participación de organizaciones, tanto públicas como privadas, dedicadas a la protección de menores y mujeres en el desarrollo de labores preventivas y tratamiento de las víctimas. Esta ley es modificada por la Ley promulgada en 1997 (Nº 26763). Esta última incluye en la definición de violencia familiar a las amenazas y coacciones graves que puedan sufrir las mujeres. Entre los puntos adicionales se señala que los victimarios tienen la obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios, que la atención en los reconocimientos médicos requeridos por la Policía serán gratuitos y que en caso de flagrante delito o de muy grave peligro de su perpetración, la Policía nacional está facultada para allanar el domicilio del agresor. Finalmente, la ley vuelve a ser modificada en el 2000 por la Ley Nº 27306 que modifica algunos artículos de la ley anterior. Esta última especifica que los actos de violencia familiar también comprenden los actos llevados a cabo por los ex-conyuges o ex-convivientes (situación que no se contemplaba en las leyes anteriores). También se señala la aplicación de medidas de protección cuando se producen delitos contra la libertad sexual y se reconoce la importancia de la labor de prevención y atención de la violencia familiar, sobre todo en las zonas rurales del país.
Si bien la promulgación de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar es un primer avance en la lucha por mitigar este tipo de violencia, reconociendo que la violencia familiar es un problema público y no privado, en la práctica aún falta mucho por hacer. Los mecanismos legales de prevención y sanción, que deben encontrar una solución al problema, resultan ser en la práctica ineficaces. Ello se debe, en parte, a que las ideas y creencias (personales o colectivas), influyen en las decisiones judiciales. La aplicación de las leyes depende de cuestiones culturales, pues muchas veces, quien debe velar por los derechos de la mujer es hombre y está influenciado por estas cuestiones culturales[203]. El sistema judicial está conformado, básicamente por individuos del sexo masculino. No obstante, se decidió crear las DEMUNAS, donde mujeres atienden a mujeres víctimas de agresión, por lo cual mejoró la atención a éstas mujeres.
Algunos expertos sostienen que la legislación existente no contribuye significativamente a la solución de la violencia contra la mujer, ya que las sanciones no son lo suficientemente severas o no ofrecen una solución real al problema. Se trabaja en fortalecer la autoestima de la mujer y, en casos extremos, se sanciona al agresor, pero no se trabaja con el hombre, para que este comprenda que no debe agredir a la mujer. Asimismo, el sistema de justicia peruano, en ocasiones, actúa con negligencia y descuido, se aparta de los mandatos judiciales y realiza interpretaciones jurídicas pobres, estimando los delitos por violencia contra la mujer como de segundo orden. Las autoridades muestran desconfianza hacia las víctimas, cuya credibilidad queda en entredicho durante un proceso judicial. Las mujeres que realizan las denuncias son cuestionadas de diversas formas sobre su conducta pasada y presente. Además, se entiende que las denuncias y el seguimiento de los juicios competen sólo a las mujeres, sin comprometer los intereses públicos[204]. El resultado de este sesgo contra las mujeres es que las posibilidades de que obtengan justicia sean pocas. Así, muchas veces, el marido enfurecido, que no recibió ningún tipo de sanción, regresa al hogar para vengarse y tomar represalias contra la mujer. Es por ello que pocas mujeres denuncian estos actos. En los grupos focales se encontró que son muy pocas las mujeres que confían en que las instancias judiciales puedan resolver su problema, ya que no investigan y no le dan la debida importancia a éste, razón por la cual no realizan la denuncia de los hechos.
Cabe mencionar que muchas mujeres, en los grupos focales, señalaban no conocer cuáles son las instituciones o autoridades a las que podrían recurrir en caso de ser víctimas de violencia. En algunos casos se desconoció la existencia de la Comisaría de Mujeres o la DEMUNA, pues éstas se encuentran, por lo general, en las ciudades. Las comisarías de mujeres han significado un factor importante en la defensa de los derechos de la mujer, pues por ser mujeres quienes ofrecen el servicio, la confianza es mayor y se toma el hecho como un problema de importancia.
Aspectos Económicos
Otro factor que puede desencadenar la violencia contra la mujer es la problemática económica familiar. La situación de pobreza produce un estado de tensión permanente dentro del hogar, así como frustración y rabia en el hombre, quien no puede ejercer su rol de proveedor de recursos efectivamente. Bajo esta situación, el hombre descarga su frustración contra la mujer. Así, las condiciones de vida deplorables, caracterizadas por el hacinamiento (falta de espacio vital), la carencia de servicios básicos, la falta de oportunidades de desarrollo personal, la falta de acceso al trabajo y las pocas posibilidades de mejorar su nivel de vida, sobrecarga de responsabilidades al marido –que no reconoce la sobrecarga de responsabilidades en la mujer-, predisponiéndolo a que reaccione de forma violenta[205]. En los tres departamentos estudiados se señaló a la pobreza como uno de los principales factores que desencadenaban la violencia contra la mujer.
Si bien existen factores económicos que predisponen a los actos de violencia contra la mujer, también los hay para que las mujeres no denuncien los hechos. Como ya se mencionó, en sociedades tradicionales como las que existen en estas localidades, la mujer sólo se dedica al hogar. Esta situación le crea un sentimiento de dependencia frente al hombre, quien provee ingresos laborando fuera del hogar, y no le permite a la mujer percatarse de su capacidad adquisitiva. Ello, en muchos casos, la obliga a soportar las agresiones para continuar bajo el sustento del hombre -son las mujeres que realizan actividades fuera del hogar o trabajan, las que realizan el mayor número de denuncias-[206].
Principales causas de la violencia intra-familiar
La violencia intra–familiar es un problema presente en la sociedad peruana desde tiempo atrás, no obstante, éste recién está recibiendo la atención requerida, básicamente por ser considerada como un problema privado y no un problema público, inclusive por las mismas víctimas. A ello se le suman otros factores que permiten el desarrollo de este tipo de violencia, los cuales se especifican a continuación.
Entre las principales causas de origen estructural se encuentra la cultura sexista de la sociedad peruana y de los departamentos en estudio: Ayacucho, Huancavelica y San Martín. La desigualdad de géneros, teniendo como género subordinado al femenino, y la aceptación de ello, tanto por parte de las mujeres como de los hombres, suscita un problema para lucha por los derechos de la mujer. En este sentido, se encontró, en los grupos focales de los departamentos en estudio, antecedentes de machismo en la sociedad, sumisión de la mujer, entre otros.
“Siempre los hombres somos machistas y no nos dejamos dominar por nadie. Siempre decimos que los hombres hacen todo en la casa”
“.........generalmente, la gente de nuestro pueblo cree que el hombre debe ser más que la mujer y la mujer acatar las órdenes de su marido.........”
Una consecuencia de esta cultura sexista es la dependencia de la mujer con relación al hombre, pues el rol de la mujer es cuidar del hogar y los hijos y el del hombre, sostener económicamente a la familia. Se cree que la mujer no podrá subsistir sin el sustento económico del hombre, pues la mujer no se reconoce a sí misma como persona capaz. Así, la mujer acepta las agresiones del hombre por no perder el sustento económico que le provee éste.
“.........yo fui Teniente Alcalde tres años y mi esposo en esos tres años me venía luchando en contra de ese cargo; y, hasta ahora sigue diciendo eso¡ la mujer no debe ocupar nada, la mujer debe estar en su casa cuidando su casa.........”
“.........porque son ellos los que aportan al hogar, ellos son los jefes de familia. Entonces creen que la mujer está a su disposición cuando ellos quieran, cuando ellos quieren alguna cosa, quieren que lo hagan ahí mismo. Si no ya pues ya no, le dan su golpe.........”
Es importante mencionar que al darse el problema de violencia familiar, se origina un circulo vicioso, pues es muy probable que el niño que presencia esto lo replique en el futuro.
Asimismo, se tiene que la violencia es aceptada, en el caso de muchas mujeres, como una situación normal dentro de la familia, influenciadas por su propia cultura, en la que la mujer tiene un rol subordinado al marido y debe obedecerle y someterse a sus designios.[207]
“.........entonces llegó un tiempo de que a una señora le masacró su marido bien. Entonces me llamaron a mí y el marido me esperó prepotente. Hice llamar a la familia y conmigo quiso hasta bronquearse! Y vino el padre y dijo que necesitaba que lo castiguen. Y cuando lo iban a castigar vino la esposa, que estaba con las manchas por acá que le había golpeado: que no le peguen! que eso es una costumbre! Que no le había hecho nada!”
En los Grupos Focales también se encontró que la adicción a la bebida alcohólica o el consumo de drogas (en el caso de San Martín particularmente) incrementa fuertemente la violencia en el hogar, no sólo por las consecuencias que el consumo de estos productos pueda tener en el individuo, sino también porque la madre de familia reclama el gasto en el cual se incurre para adquirir los mismos que en muchos casos fomenta la agresión del marido.
“.........pues esos (los actos de violencia) muchas veces de la drogadicción. Pues hay gente que utiliza este medio para que se sientan más varones y no digamos se enfrentan cuando están sanos”
“......... pero si ellos se han servido entre amigos, borrachos llegan y cometen un abuso en su casa, abusando de su esposa e hijos, maltratándoles físicamente. Cosas que pueden pasar porque uno está mariado”
Asimismo, otro factor de origen estructural es la pobreza. Como lo menciona Efraín Gonzáles y Pilar Gavilano (1998)[208], las condiciones de pobreza pueden ser una causa de frustración y por consiguiente de generador de violencia. Debe tenerse en cuenta que los departamentos objeto del estudio son departamentos con una alta incidencia de pobreza, salvo el caso de San Martín, que se ubica en el puesto doce. No obstante, la pobreza se halla en todos los departamentos, encontrándose en los grupos focales de los tres departamentos señales de esta relación entre violencia familiar y pobreza.
“La agricultura está baja. Hay arroceros de otros sitios vienen y se van a veces hasta sin pagar al agricultor. Y el padre de familia se vuelve agresivo en el hogar con la esposa y con los hijos por el problema que le agobia. Ese es la base principal en el hogar, que viene de la economía. Eso es la preocupación del padre de familia.........”
“.........y esto proviene de pobreza porque no hay trabajo y de ella podría ser su esposo borracho (señala el dibujo), porque no hay trabajo........ .y todo incluye la pobreza en este distrito”
Entre las causas de origen institucional formal, se puede mencionar la gestión de las autoridades encargadas de velar y resguardar los derechos de la mujer. Tanto en la bibliografía relacionada a este tema como en los grupos focales se encontró que, si bien ya existen instituciones donde se puede realizar la denuncia de los casos de violencia familiar, aún falta por hacer en cuanto a la difusión de este servicio y mejorar su eficiencia.
“.........aquí no hay oficina en donde pueda. No hay. Algunos no lo denuncian porque no hay una oficina donde puedan denunciar.........”
Entre los principales problemas se tiene que las mismas autoridades no le dan la importancia debida a los casos de violencia familiar, o desconfían de la víctima, en este caso la mujer, además de que no se dan sanciones que tengan un efecto real sobre el problema en sí. La mujer desea que el hombre deje de agredirla, más no que éste sea encarcelado, pues una vez que sale de la cárcel la vuelve a agredir. Esto crea una desconfianza por parte de las mujeres en las autoridades y en su capacidad de lograr justicia.
“.........además no se atreven a denunciarlo, reciben más golpe¡ no hay quien saque cara por ellas”
“A veces vamos a poner denuncia y no nos hacen caso.........”
En cuanto a las causas de origen institucional informal, se encuentra la presión por parte de la sociedad andina para que la mujer contraiga matrimonio a edad temprana, sobre todo en la sierra y más aún en la selva. Ello tiene como consecuencia que varios matrimonios no cuenten con la unidad necesaria, debido a la falta de un sentimiento real. Así, la falta de comunicación y los conflictos como consecuencia de la infidelidad y los celos, incrementen la tensión familiar y se genere un ambiente propenso a la violencia.
“Hablando de las causas de la violencia familiar tenemos una que es muy importante que es la falta de comunicación. Hay un problema dentro del hogar. Pero falta esa comunicación entre la pareja y hacia los hijos, porque en vez de conversar, aclarar, dialogar. De frente se va a la agresión……...”
Efectos de la violencia intra-familiar
En este tipo de violencia también se puede encontrar pérdida de vidas humanas como consecuencia de agresiones muy severas o, en su defecto, como consecuencia de la desesperación e impotencia de la mujer quien ve al suicidio como la única salida.
“Harán dos meses que yo tuve problemas, ¡llegué hasta el hospital!!”
“......tomar un veneno para acabar con la propia vida.........”
Tanto la muerte como el daño físico son consecuencias visibles de la violencia familiar, sin embargo, el daño al capital humano es aún mayor. Las agresiones, maltratos y humillación de la mujer por parte del hombre, trae como consecuencia daños psicológicos en la mujer y en los niños que presencian los actos violentos. La mujer se convierte en un ser más inseguro, con baja autoestima y no se puede desempeñar de manera normal en sus labores del hogar o en su centro laboral. Incluso, a veces se descuida la atención de los hijos, pues se crea en la mujer un sentimiento de desgano.
“ Trauma espiritual, te sientes muerta, afligida. Entonces no te sientes floreciendo, te sientes apagada, siempre pensando en las cosas malas y no en las cosas positivas”
Por parte de los niños que presencian los actos violentos en su hogar, éstos pueden ver afectado su rendimiento escolar. Asimismo, existe una alta probabilidad de que el niño que observa a su madre ser maltratada replique esta situación, en el futuro, con su propia familia y esposa.
“ .........A veces los varones también trauman a los niños, a veces también a nosotros nos maltratan y los niños, a veces, a la hora del estudio se recuerdan”
La violencia intra-familiar rompe con la unidad familiar y la comunicación que podría existir se debilita aún más. Ello, afecta aún más a los hijos, formándose una cadena de violencia. La violencia trae consigo más violencia dentro del hogar, y en el futuro, al interior de las nuevas familias conformadas por los hijos.
“La casa se parte en varias partes, los hijos se van por su lado cada uno......... prácticamente la casa se parte en mil pedazos. En vez de ir para adelante, se van para abajo, se van hundiendo. Realmente de nada ha valido que construyan una familia, se ha esparcido, terminó en nada”
“ .........y en defensa de las esposas viene el hijo contra el padre y eso se da en nuestro medio..........”
La Reconstrucción y el Apoyo al Capital Social
IV.1 Qué es el capital social
Existen muchas definiciones de lo que es el capital social. Robert Putnam (1993)[209], uno de los científicos sociales que más ha desarrollado el tema define al Capital Social como todas las normas, instituciones y relaciones de confianza que se establecen en toda sociedad y que permiten a las personas coordinar sus acciones para alcanzar determinados objetivos comunes. Capital Social no sólo es la suma de las organizaciones y normas que hay en la sociedad sino cómo funcionan éstas y cómo establecen vínculos con otras organizaciones de tal forma que se facilite la coordinación y cooperación entre los diversos grupos sociales y se persiga de esta forma el bien común.
Tanto Bordieu como Coleman, pioneros en el análisis del capital social, insisten en el carácter intangible del capital social, en comparación con otras formas de capital. Mientras que el capital económico está en las cuentas bancarias de la gente, el capital humano en sus cabezas, el capital social es inherente a la estructura de sus relaciones. Para poseerlo, una persona debe relacionarse con otros, y el verdadero origen de su beneficio son éstos y no la persona.[210]
Funciones
Una revisión de la literatura hace posible distinguir dos funciones básicas del capital social, aplicables a una variedad de conceptos:
como fuente de control social: el capital social creado por las redes comunitarias compactas es útil, por ejemplo, para los padres, docentes y autoridades policiales, en la medida en que procuran mantener la disciplina y promover la lealtad entre quienes están a su cargo. La solidaridad y la confianza que se le exige a los miembros de una organización o red social hace innecesarios los controles formales o abiertos.
como fuente de beneficios a través de las redes en la comunidad: el capital social puede ser utilizado por los miembros de determinadas organizaciones para acceder a empleos, crédito, seguros, información, acceso a mercados, oportunidades comerciales, etc.[211]
Importancia del Capital Social
Se puede sostener, por varias razones, que la vida es más fácil en una comunidad donde existe un gran stock de capital social. En primer lugar, la existencia de un gran número de organizaciones permite el establecimiento de relaciones de reciprocidad entre los miembros de la comunidad. Además, las organizaciones facilitan la coordinación y cooperación para alcanzar fines comunes y sientan las bases para el desarrollo de futuros planes o proyectos. Finalmente, estas organizaciones otorgan un sentido de identidad a cada uno de sus miembros y un sentimiento de compromiso con su organización y con su comunidad y así la población toma conciencia del bien común y aprende a trabajar por objetivos comunes.[212]
Medición del Capital Social
La medición del Capital Social resulta ser difícil debido a que no es posible determinar todas las propiedades que pueden tener las organizaciones, teniendo en cuenta además que cada una de éstas cumple funciones diferentes. Algunos estudios, han utilizado “proxies” para medir el Capital Social. Así, ha sido analizado en términos del grado de participación ciudadana en determinados proyectos, el número de miembros en organizaciones como clubes de deporte o parroquiales y la confianza que tiene la población en las instituciones públicas.[213]
Fuentes del Capital Social
Existen diversas fuentes del capital social. Todas ellas nacen de las afiliaciones que tienen los individuos en determinados grupos u organizaciones. Entre las más importantes encontramos a: a) la familia: las relaciones dentro del núcleo familiar permiten el desarrollo de la confianza, esencial para el desarrollo de relaciones fuera del hogar. La dinámica familiar permite que se desarrollen los valores de reciprocidad e intercambio que son claves para el proceso de generación de capital social. b) la comunidad: las interacciones sociales entre vecinos, amigos y miembros de distintos grupos permiten el desarrollo de vínculos entre ellos y se desarrolla así la habilidad para trabajar por una causa común. c) la empresa: la construcción de organizaciones eficientes como las empresas demandan un alto grado de confianza y colaboración de todos los miembros que se desarrolla dentro de ellas y se reduce así sus costos de transacción.[214]
El Capital Social puede aumentar a través del fortalecimiento y la creación de nuevas relaciones sociales que promuevan la participación. Otras fuentes son: la sociedad civil, el sector público, la etnicidad y el género.
Capital Social: Efectos Negativos
La literatura de investigación sobre el capital social subraya con vigor sus consecuencias positivas. Sin embrago, los mismos mecanismos apropiables por individuos y grupos como capital social pueden tener otras consecuencias, menos deseables. Es importante hacer hincapié en ellas para no caer en el error de presentar únicamente los beneficios que brindan las redes comunitarias, el control social y las sanciones colectivas. Estudios recientes identificaron por lo menos cuatro posibles consecuencias negativas del capital social:
exclusión de los extraños: los mismos lazos que aportan beneficios a los miembros de un grupo, por lo común autorizan a vedar el acceso a otros.
reclamos excesivos a los integrantes del grupo: el grupo o la comunidad puede impedir el éxito de las iniciativas de sus miembros dado que si uno de ellos logra mejorar su situación respecto al resto, se va a ver obligado a ayudar a los otros miembros del grupo, lo que puede perjudicarlo individualmente.
restricciones a la libertad individual: en un grupo o comunidad cerrada el control social es fuerte y puede resultar restrictivo a la libertad, autonomía y privacidad de los individuos.
normas niveladoras hacia abajo: entre los miembros de un mismo grupo: los éxitos individuales pueden socavar la cohesión de un grupo porque ésta se funda en la igualdad de condiciones de todos los miembros de una organización.[215]
Capital Social y su relación con la pobreza
Algunos estudios señalan que a mayor cantidad de capital social acumulado por los pobres, mayor su probabilidad de salir de la pobreza. Por ello, el capital social contribuiría directamente al alivio de la pobreza.[216] Si se entiende que el problema de la pobreza y la exclusión radica en que los pobres no tienen acceso a muchos recursos y servicios básicos, el desarrollo de organizaciones y prácticas que permitan a los pobres el acceso a estos recursos y servicios, así como a diversas organizaciones, les permitiría mejorar su situación.[217]
A través del capital social, las personas pueden obtener acceso directo a recursos económicos como información, mercados y diversos beneficios que pueden ayudar a mejorar significativamente los estándares de vida de la población pobre y, por tanto, a salir de la pobreza.[218] Por ejemplo, existen organizaciones que otorgan préstamos subsidiados, también hay organizaciones que generan puestos de trabajo y organizan las labores en diferentes actividades de tal forma que beneficien a toda la comunidad (como las faenas de las comunidades campesinas).
El Capital Social puede constituirse en un elemento importante en la lucha contra la pobreza dado que contribuye a que los programas de apoyo social, por ejemplo, alcancen resultados exitosos. Si la población organizada se compromete a participar en todas las etapas de las obras y, de este modo, hace suyo el proyecto, es muy probable que pueda encargarse de dar sostenibilidad a dicho proyecto luego de que haya sido terminado. El Capital Social también contribuye a la lucha contra la pobreza vigilando que los organismos públicos funcionen eficientemente y cumplan sus funciones. Si para salir de la pobreza es necesario gente educada y sana, diversas organizaciones pueden colaborar para alcanzar estos objetivos como las asociaciones de padres de familia y la comunidad. Ellos pueden vigilar el cumplimiento de las funciones de las escuelas y pueden participar en la tarea educativa. En el sector salud, los hospitales pueden brindar mejores servicios si la población se organiza y monitorea los servicios que brindan. Además, las organizaciones e instituciones pueden incentivar el apoyo de toda la comunidad a los grupos más pobres, capacitarlos, brindarles recursos y así ayudarlos a salir de la pobreza.[219]
Existen investigaciones sobre si el capital social efectivamente ha contribuido al alivio de la pobreza en los países. Así, por ejemplo, en un estudio realizado por el BID sobre el rol que juega el capital social en la ciudad de El Alto en Bolivia, se encontró una relación positiva entre las medidas de capital social y la probabilidad de salir de la pobreza. También se señaló que a mayor dotación de capital social, menor era la probabilidad de caer en condiciones de pobreza, lo que apoya la hipótesis del “amortiguamiento de riesgo” que sostiene que la comunidad plantea diversas soluciones para contrarrestar las imperfecciones en los mercados de activos.[220]
Así como el capital social puede ayudar a mejorar el nivel de vida de los pobres, también puede darse el caso que éste sea mal utilizado y perjudique a este grupo social. Algunos autores (Portes y Landoff, 1996) señalan que los fuertes vínculos que se establecen en determinadas organizaciones, necesarios para alcanzar sus objetivos, pueden excluir a aquellas personas que no pertenecen a estas organizaciones. Esto sería más grave si los excluidos son, precisamente, los más pobres.[221]
Capital Social y su relación con la violencia
Así como el stock de Capital Social puede tener una relación importante con los niveles de pobreza, también puede ser un elemento clave para explicar y prevenir diversas formas de violencia. Si existe una débil cohesión social, el riesgo a la desorganización, a la fragmentación y a la exclusión es mayor, lo que puede desencadenar rápidamente en conflictos sociales. Toda sociedad requiere el desarrollo de mecanismos e instituciones que le permitan resolver las tensiones sociales. Dichos mecanismos son fuentes de control social a través de la imposición de reglas que buscan mantener la disciplina y promover la lealtad y compromiso de todos los miembros con su sociedad. El Capital Social puede ayudar a manejar los conflictos internos y buscarles una solución antes de que las tensiones desencadenen actos de violencia.[222]
De otro lado, la incidencia de la violencia en una comunidad tiene efectos directos sobre el Capital Social existente. En un estudio realizado por Moser y Shrader (1998)[223] se encontró que la violencia en los países de América Latina y el Caribe había deteriorado el Capital Social. Este estudio también señala que en una comunidad donde no haya manifestaciones de violencia, la organización y la participación de los miembros de una comunidad en diferentes actividades tiende a ser mayor. Sin embargo, el efecto de la violencia sobre el Capital Social no resulta ser del todo claro.[224] La incidencia de la violencia puede erosionar el Capital Social, pero también puede impulsar el desarrollo de otras formas de Capital Social como la formación de instituciones organizadas para combatir el crimen y el terrorismo, como es el caso de las Rondas Campesinas.
La mayoría de investigaciones al respecto señalan los efectos positivos que puede tener el Capital Social en el control y lucha contra la violencia.[225] Sin embargo, el Capital Social existente puede ser una importante fuente de conflictos en una sociedad. Si las relaciones entre los ciudadanos y el Estado están plagadas por la desigualdad de oportunidades, exclusión de algunos sectores de la población (o de la mayoría de ésta) y no existen canales de comunicación suficientes y las relaciones entre los individuos con su entorno social (llamadas “relaciones horizontales”) son excluyentes, sobre todo en sociedades multiculturales como la nuestra, se genera frustración y rabia entre grandes sectores de la población, lo que puede generar una lucha de clases para cambiar el orden establecido a través de la violencia. Puede darse el caso también de que algunas organizaciones o instituciones logren el control absoluto sobre los recursos de toda la sociedad y excluyan el acceso a éstos a la gran mayoría de la población, y con base en esta situación, traten de someterla y controlarla. Fácilmente, una situación como la antes descrita puede desencadenar en conflictos entre diversos sectores sociales.[226]
Así como el Capital Social permite el establecimiento de vínculos entre personas e instituciones para alcanzar objetivos comunes, organizar a la población y fomentar el desarrollo, también puede ser utilizado por diversos sectores para exacerbar la violencia y empobrecer a toda una población. Existen ejemplos en la historia reciente de cómo el Capital Social ha sido utilizado negativamente por grupos extremistas para destruir muchas organizaciones y fragmentar aún más a una población. Por ejemplo, en Ruanda, el grupo étnico Hutu movilizó a una gran masa de su población y de sus instituciones para organizarse y enfrentar al grupo étnico Tutsi. Los extremistas hutus movilizaron su capital social, conformaron grupos a los que se les dio la tarea de arrasar a comunidades enteras tutsis, destruyendo sus organizaciones y su capital económico y obligó a muchos de ellos a huir del país.[227]
Objetivos y logros de los programas de lucha contra la pobreza
Para analizar el rol que pueden jugar instituciones que financian proyectos de apoyo a la población afectada por la pobreza en el país, se hace una breve descripción de los principales proyectos en los que participa el Banco Mundial, señalando sus principales objetivos.
1) PSNB: Este proyecto parte del reconocimiento de que las altas tasas de mortalidad infantil, morbilidad infantil, así como de mortalidad materna, son el resultado de la situación de pobreza de los hogares. Las metas del programa a mediano plazo son: mejorar la salud materno infantil y ayudar a reducir la tasa de mortalidad y las muertes producidas por enfermedades contagiosas y condiciones ambientales inadecuadas especialmente en los pobres. El programa también incluye la promoción de un programa de información y capacitación sobre prácticas de salud y nutrición con la finalidad de formar comportamientos saludables en la población objetivo. Estas metas serán alcanzadas incrementando el acceso de los menos privilegiados a los sistemas de salud del país y mejorando la calidad y el acceso a los mismos. El programa pretende ir fortaleciendo la descentralización por medio de la participación de las comunidades en las decisiones de salud y reorganizando los programas de salud existentes.
2) Proyecto MECEP: El Ministerio de Educación viene implementando este proyecto desde 1996 y concluirá su labor en diciembre del 2000. Éste parte de la concepción de que para propiciar mejores condiciones de vida y superar la pobreza, se requiere un Sistema Educativo de calidad que brinde una formación integral y permanente que logre la mejora del desempeño de los estudiantes y reducir las tasas de deserción y repetición. También pretende mejorar el sistema de administración del sector introduciendo medidas para fortalecer la capacidad administrativa del Ministerio de Educación y de los mismos centros educativos. Los objetivos específicos del proyecto son: mejorar las condiciones de enseñanza dentro de las aulas primarias, fortalecer la administración de los centros educativos públicos, mejorar el sistema de planificación y monitoreo y la capacidad administrativa de las autoridades educativas a nivel central, departamental y local y mejorar la infraestructura educativa.
3) Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales: En materia de Transportes, el objetivo es el alivio de la pobreza rural y la elevación del nivel de vida de las comunidades rurales mediante el aprovisionamiento de un sistema de caminos rurales integrados y seguros. Ello permitirá el acceso a los beneficios de la economía y la integración de la población de las comunidades rurales pobres localizadas en la Sierra con el resto del país. Se ha planteado la rehabilitación de estos caminos, que permitirán que los pobladores accedan a servicios básicos y puedan conectarse con los mercados y, de este modo, sea más fácil la comercialización de sus productos agrícolas, incrementando de esta manera sus niveles de ingreso. De manera específica se plantea: la reducción de los costos de transporte, la integración de zonas poco accesibles con los centros económicos regionales, la generación de puestos de trabajo y la construcción de instituciones en el ámbito local que sean capaces de dar sostenibilidad a las obras.
4) Proyecto Recursos Naturales y Alivio de la Pobreza en la Sierra: Este proyecto fue creado para asistir al gobierno peruano en el alivio de la pobreza en ocho departamentos de la Sierra a través de la conversión de la agricultura en un sector moderno y competitivo que estimule el crecimiento económico y genere mayores ingresos que implique un uso sostenible y productivo de los recursos naturales. Para ello, el proyecto tiene como objetivo integrar a las comunidades campesinas a una economía de mercado y fortalecer a las organizaciones campesinas. Como objetivos específicos, se plantea: mejorar el manejo de los recursos naturales y de la base productiva a través de acciones de conservación de los suelos y reforestación al nivel de las microcuencas, incrementar la producción, productividad e ingresos de la agricultura mediante la introducción de prácticas agrícolas mejoradas y fortalecer las organizaciones campesinas de estas localidades. Para alcanzar estos objetivos, se ha planificado inversiones en diversas microcuencas que incluye la construcción de estructuras para la conservación de suelos y la aplicación de tecnologías de producción mejoradas, obras de riego, reforestación y manejo intensivo del suelo. Asimismo, se incluyen capacitaciones y asistencia técnica a las comunidades para mejorar su organización y logren su autogestión económica.
5) Proyecto FONCODES: El objetivo general de este proyecto es contribuir a la reducción de la pobreza, mejorando la calidad de vida de la población, mediante el financiamiento de proyectos de inversión social, presentados por organismos creados por la propia población o cualquier institución que represente a la comunidad organizada. Estos proyectos tiene como la finalidad la generación de ingresos rurales a través del apoyo al desarrollo de actividades productivas. FONCODES financia proyectos de infraestructura socioeconómica (agua potable, desagüe, infraestructura vial y energía) canalizando de esta forma los recursos a las comunidades más pobres y generando puestos de trabajo de carácter temporal. Asimismo, se ha incluido el desarrollo de proyectos especiales que asisten a la población en extrema pobreza, mediante la distribución gratuita de alimentos y bienes.
Cómo se puede influir sobre el fortalecimiento del capital social
En primer lugar, se debe entender cómo el capital social incide en la relación entre pobreza y violencia. Luego, se podrá discutir la importancia de influir sobre el stock de capital social y definir de qué maneras esto puede ser llevado a cabo.
El Premio Nobel Gary Becker planteó un marco conceptual tendiente a explicar el comportamiento criminal, el cual es comúnmente utilizado desde entonces. Básicamente, señalaba que algunos individuos cometen actos criminales porque los beneficios económicos o de otro tipo que obtienen del crimen supera lo que obtendrían de un trabajo legal, tomando en cuenta las posibilidades de ser capturado y convicto y la severidad del castigo.
En este contexto, se pueden definir algunos factores que explicarían los niveles de criminalidad. Una variable importante es el nivel de ingresos. La idea es que niveles bajo de ingreso aumentan la probabilidad de ocurrencia del delito. El costo de oportunidad es bajo. Los costos asociados a una eventual captura son por lo mismo también bajos.
Existen variables que reflejan las oportunidades de ingreso legal. Se ha utilizado, por ejemplo, estadísticas de desempleo. Otra variable importante en ese sentido es el nivel de educación de la población que afecta los ingresos esperados del delito y del trabajo legal. (Fajnsylber, et al, 1998) Asimismo, los niveles de pobreza pueden reflejar condiciones propicias para que se den actos criminales.
Es importante destacar la importancia de la percepción que tiene el individuo de su situación. En ese sentido, puede darse el caso de una sociedad de bajos ingresos, pero homogénea y estable en su nivel de vida, que no presente un fenómeno generalizado de criminalidad. Situaciones que posibiliten que un individuo perciba que se encuentra en desventaja en términos económicos pueden ser cruciales. Así, el empobrecimiento puede ser un factor importante al confrontar al individuo con la realidad de su situación económica. De otro lado, la oportunidad de recibir una mayor educación sin que ello genere posibilidades de superación puede causar el mismo efecto.
La represión del delito es otro factor importante para explicar el comportamiento criminal. Esto involucra diversos aspectos como el accionar de la policía, de la justicia penal y la severidad del castigo. Por un lado, estas variables contribuyen a desanimar a potenciales delincuentes y, por otro, retiran de la sociedad a criminales, impidiéndoles de este modo seguir realizando actividades criminales. Donde hay poca presencia del Estado, los mecanismos de control social cobran mayor importancia.
Hay que tener en cuenta, entonces, otros elementos que podrían afectar el comportamiento criminal. Estos son los factores que se han dado en llamar culturales, institucionales informales o de capital social. La idea central es que existen ciertas normas o valores interiorizados en los individuos que afectan su comportamiento. En este sentido, por ejemplo, mayores niveles de educación pueden tener un efecto de “civilización”. Familias disfuncionales, por el contrario, darán como resultado individuos con valores mal definidos (en función a la norma social). La pertenencia a organizaciones comunales puede ayudar como mecanismo de control. La importancia del capital social en el crimen y la violencia ha sido discutido en diversos trabajos como los de Putnam y Portes anteriormente citados.
Ligado al tema de la criminalidad está el de la violencia. Como queda claro de la discusión sobre los factores que pueden inducir a la actividad criminal, éstos evidentemente generan una sensación de frustración en el individuo, lo cual explicaría en muchos casos o la presencia conjunta del crimen y la violencia o la aparición de tipos de violencia distintos como son la violencia política (terrorismo) o la violencia social (agresión intra-familiar).
De lo discutido se desprende que en un contexto de empobrecimiento, de una clara percepción de falta de oportunidades para surgir económicamente, sumado a un contexto de un stock reducido de capital social, existirían condiciones propicias para la ocurrencia del fenómeno de la violencia. La falta de capital social contribuye a ello de dos maneras. Por un lado, no provee de safety nets para enfrentar el fenómeno de la pobreza, ni el apoyo comunitario para posibilitar el progreso económico del individuo. Por otro, no provee de los mecanismos de control social que repriman el fenómeno de la violencia.
La situación se torna más compleja si se considera que la violencia, a su vez, corroe el capital social y genera costos a la comunidad, disminuyendo sus posibilidades de avanzar económicamente. Se generaría, así, un círculo vicioso difícil de romper.
En estos contextos se haría necesario una intervención exógena para romper este círculo vicioso.
De los diagnósticos realizados en las áreas seleccionadas para el presente estudio, se desprende la importancia del capital social en los contextos de violencia. Así, por ejemplo, en el caso del terrorismo, las zonas afectadas por este fenómeno vieron sus organizaciones seriamente debilitadas. A la vez, para enfrentar la violencia terrorista y sus secuelas, la población generó nuevas organizaciones como rondas campesinas, asociaciones de desplazados, etc. Paralelamente, se ha podido observar que las mujeres, en este contexto, asumieron un rol más destacado. Habría, entonces, que apoyar este proceso de reconstrucción del capital social, fortaleciendo las organizaciones que han ido apareciendo y contribuyendo a generar otras nuevas. Por ejemplo, según el Diagnóstico de la Violencia y la Pobreza para Ayacucho elaborado por Chirapaq, se señala que la población campesina se organizó masivamente para enfrentar a Sendero Luminoso y llegó a conformar alrededor de 1,400 Comités de Defensa Civil conformados por aproximadamente 61,000 campesinos.[228] En un estudio sobre el impacto y respuestas de las mujeres durante la violencia política[229], se señala que en los años posteriores a la violencia de Sendero, la FEDECMA, contaba con once federaciones provinciales, 1400 clubes de madres y aproximadamente 80 mil mujeres afiliadas, tanto en el campo como en la ciudad. Estas organizaciones cumplen diversas funciones como la implementación de servicios alimentarios como comedores populares, vaso de leche y talleres de generación de ingresos y que podrían extenderlas si recibieran el apoyo del Estado o de organismos privados.
Lo señalado, además de diversas experiencias,[230] apunta a la necesidad de implementar proyectos que a la vez combatan la pobreza y refuercen o reconstruyan el capital social.
Existen ya algunas experiencias en ese sentido en Perú. En los proyectos de lucha contra la pobreza en los que interviene el Banco Mundial, la participación de la población juega un papel fundamental en determinar el éxito del programa. De éstos se ha escogido a dos de ellos que contribuyen de una forma mayor a la formación y fortalecimiento del Capital Social[231]. Los proyectos elegidos son: El Proyecto de Manejo de Recursos Naturales y Alivio de la Pobreza en la Sierra y FONCODES. A continuación se señala como estos proyectos han sido estructurados de tal forma que la población participe y se involucre a los pobres en las tareas para su propio desarrollo.
El Proyecto Alivio de la Pobreza (PRONAMACHS) consta de cuatro componentes básicos: 1) la identificación y planificación participativa de actividades conservacionistas en las microcuencas: incluye la elaboración de mapas temáticos y la preparación de diagnósticos y de planes participativos para el desarrollo de las comunidades y de las microcuencas, 2) las inversiones rurales que incluye la construcción de estructuras para la conservación de los suelos, pequeñas obras de riego, 3) el manejo intensivo del suelo y agua en las microcuencas y el establecimiento de pequeños almacenes y 4) el fortalecimiento de las organizaciones campesinas, incluyendo la capacitación y la asistencia técnica a las comunidades para mejorar su organización y lograr la autogestión económica, además se incluye un programa de apoyo a la mujer rural y la ejecución y monitoreo del las obras.
El proyecto está diseñado para que los productores campesinos cumplan un rol importante en el proceso de ejecución, así como en otras etapas del proyecto. Por ello, el proceso de planificación participativa es uno de los componentes más importantes de todo el proyecto. Este proceso busca la participación directa de la población en la formulación de la demanda de inversiones que requiere su comunidad y cuáles son las de mayor prioridad. Los pobladores también participan organizadamente en la ejecución de las obras y en actividades trabajando voluntariamente, así como en el seguimiento y evaluación de los avances logrados. Finalmente, participan en la operación y mantenimiento de la infraestructura construida o rehabilitada. Esto permite que la comunidad se identifique plenamente con el Proyecto y cumpla los acuerdos de ejecución previstos.
Las organizaciones campesinas beneficiarias son fortalecidas a través de la conformación de Comités que cumplirán determinadas tareas en todas las etapas de las obras:
Los Comités Conservacionistas: que se constituyen en el ámbito de cada organización campesina, para la ejecución de las obras de conservación de suelos y reforestación
Los Comités de Obras: creados para la identificación y ejecución de cada obra de infraestructura rural, quienes se encargan de administrar los recursos que se destinan a las obras
Los Comités de Fondos Rotatorios: encargados de administrar y operar los Fondos Rotatorios de semillas y otros insumos.
En este contexto, el proceso de planificación participativa se realizará en un determinado número de etapas. La primera consta básicamente en la elaboración de un taller para informar a toda la comunidad campesina la propuesta técnica de PRONAMACHS para garantizar el involucramiento de los campesinos y su participación en el proyecto de forma organizada. Luego, la misma organización campesina, a través de una Asamblea, decidirá su participación en la ejecución del proyecto, luego elige al Comité Conservacionista, que actuará como nexo entre la organización campesina y PRONAMACHS durante todo el proceso de ejecución de las obras, que firmará un Acta de Acuerdo y participará en la elaboración del (PAAC). El Comité Conservacionista y el Equipo Técnico de la Agencia elaborarán el diagnóstico de la región que incluye estudios de los recursos como agua y suelo y su respectivo uso, la infraestructura y las instituciones existente. Asimismo se identificaran los riesgos que puedan afrontar los proyectos. Todo ello permite que el PAAC sea elaborado como la guía para la ejecución de las obras. Este documento debe ser aprobado por la Asamblea de la organización campesina para que designe a aquéllos que aportarán su mano de obra. Si se aprueba, se procede a la suscripción de convenios específicos entre el Comité Conservacionista y/o de Obras y el PRONAMACHS para la ejecución de las inversiones rurales. Finalmente, las obras son ejecutadas con el trabajo voluntario de la población y evaluadas por PRONAMACHS.
PRONAMACHS con el objetivo de lograr la eficiencia de las tareas que la población realiza en las obras, capacita a la comunidad elaborando talleres y cursos prácticos que abarcan diversos temas. Se realizan talleres en las áreas de manejo y conservación de los recursos, prácticas agrícolas y producción. Se desarrollan cursos para la administración de los Comités de Gestión dirigido a los representantes de las comunidades sobre administración y gestión de servicios de los Comités y para que aprendan sobre normas y reglamentos. Se dictan cursos para el manejo de los Fondos Rotatorios de tal forma que se garantice el adecuado funcionamiento de estos fondos, se contribuye a la formación de líderes y nuevas formas de organización comunal que permitan el desarrollo autosostenido de las comunidades. Finalmente, se dictan cursos para la organización empresarial de las comunidades que comprenden cómo manejar pequeñas empresas, planeamiento de la producción, contabilidad, administración, contratos y marco legal.
El proyecto también incluye un componente de desarrollo de la mujer en las organizaciones campesinas, así como en las tareas productivas. Reconociendo que la mujer no participa suficientemente en las decisiones que toma la comunidad, PRONAMACHS impulsa que los Comités sean integrados por mujeres por lo menos en un diez por ciento. Se fomenta la participación de las mujeres en la ejecución de las obras para los cuales son capacitadas al igual que los hombres. Además se desarrollarán 1250 pequeños proyectos específicos para las mujeres de carácter productivo-empresarial que incentiven el trabajo de género y que beneficien a la mujer rural como el desarrollo de ganadería menor, creación de huertos familiares, actividades artesanales, etc.[232]
El otro proyecto en el que la comunidad se involucra fuertemente y se fortalece más la organización campesina es el relacionado con las obras de FONCODES. Este Fondo ha diseñado un esquema de acción en el que se fomenta la participación de toda la comunidad en las diferentes etapas de las obras a realizarse. Para ello, la población debe organizarse previamente y constituir, en una Asamblea General, un Núcleo Ejecutor. La Asamblea debe ser convocada por los líderes o promotores comunales, con el fin de informar y debatir la posibilidad de acceder al financiamiento del Fondo para llevar a cabo determinadas obras en su comunidad. En esta Asamblea debe debatirse las carencias básicas existentes y se establece democráticamente cuál es el proyecto que solucionará mejor esta carencia. Como ya se señaló, también debe de tomar la decisión de elegir a un Núcleo Ejecutor y elegir a quiénes van a ocupar los cargos de Presidente, Tesorero, Secretario y Fiscal de este ente. La determinación de las carencias sociales y la elección de sus representantes debe ser una decisión colectiva mayoritaria, recomendándose la participación de por lo menos un tercio de la población beneficiaria. En el proceso de decisión no debe intervenir ningún agente externo.
El Núcleo Ejecutor es el encargado de firmar el Convenio de Financiamiento con el Fondo y determina el aporte de la comunidad antes y durante la ejecución de las obras, de acuerdo a los términos del Convenio de Préstamo con el BID y el BIRF, teniendo en cuenta que existe un mínimo obligatorio según el tipo de proyecto escogido (en obras de riego, forestación y reforestación, habilitación de tierras y proyectos de desarrollo productivo es exigido el total de la mano de obra no calificada y en proyectos de infraestructura no comprendidos en las líneas anteriores se exige el diez por ciento de la mano de obra no calificada). El Núcleo Ejecutor se encarga de la administración directamente los recursos otorgados, lleva a cabo las obras y se comprometerá a garantizar el mantenimiento y operación del proyecto una vez concluido. También debe propiciar la participación de la mujer en todas las etapas de las obras.
Bajo la supervisión del Fondo, la comunidad es organizada en faenas y realiza la construcción de la obra. Concluida ésta se suscribe el Acta de Terminación respectiva y debe entregarse a la entidad u organización comunal que se encargará de su administración y mantenimiento respectivo.
La posibilidad de éxito en el logro de un desarrollo sostenido del proyecto depende en gran medida de la participación directa de la población. En este contexto, FONCODES busca el fortalecimiento de la organización campesina beneficiaria a través de generar y/o incrementar en ellas la capacidad de ejecutar sus proyectos y asumir el compromiso para garantizar su sostenibilidad, colaborando con las entidades que se harán cargo de la operación y mantenimiento. Para ello, se capacita a los miembros de estas organizaciones y de la población en general para el correcto uso y conservación de las obras.[233]
Los resultados al nivel de los Núcleo Ejecutores significan una importante contribución a la recomposición del tejido social en zonas pobres principalmente rurales, que estuviera destruido a finales de la década de los ochenta. El uso de procesos de focalización y de incentivo a la participación de la población han permitido elevar la eficacia en el trabajo del Fondo. Este esquema de acción, según el Fondo, ha permitido reinstalar la presencia del Estado en estas zonas de tal forma que la población establezca nuevos vínculos con el Estado y renueve su confianza en él.[234]
Otro proyecto independiente de los que participa el Banco Mundial, que incluye en su diseño la necesidad de fomentar la participación de toda la comunidad en las obras y de esta forma reconstruir el tejido social y fortalecer la organización campesina, es el PMC del PROMUDEH. Este programa que opera en zonas rurales en extrema pobreza de la Sierra pretende abordar el conjunto de problemas estructurales que afronta la comunidad campesina como la pobreza, fragilidad de las organizaciones comunales, debilitamiento del aparato productivo, etc. Como objetivos específicos, el programa busca: consolidar la paz y recomponer el tejido social de la localidad, reducir la pobreza y la marginalidad a través de la reactivación del aparato productivo, lo cual implica autosuficiencia alimentaria, tecnificación e integración al mercado, rehabilitación de la infraestructura social y económica de la comunidad y el mejoramiento y ampliación de la cobertura de servicios básicos de nutrición, salud, educación, vivienda y saneamiento. El PMC incluye la participación de las organizaciones locales como las comunidades y los gobiernos locales (municipios distritales) en la planificación y gestión de los proyectos, así como en la toma de decisiones y estrategias de desarrollo local. También se prevé su participación en la sostenibilidad de las obras para lo cual se capacita a los miembros de las comunidades.[235]
De este breve recuento de estos programas, quedan algunas ideas a destacar. En primer lugar, estas experiencias debieran ser replicadas. El promover la participación de las comunidades, de la población civil, el fomentar su organización y su integración debiera ser un mecanismo generalizado de implementación de este tipo de proyectos.
De otro lado, estas experiencias debieran ser aprovechadas para diversos objetivos. Sería conveniente que los que están a cargo de la implementación de estos proyectos tengan en cuenta los beneficios adicionales que sus proyectos pueden brindar en los temas de violencia. Ello llevaría a un mayor aprovechamiento de las organizaciones comunales. Se debe evitar que los proyectos generen, de manera no intencionada, el debilitamiento de organizaciones existentes. Más bien estos proyectos deben procurar crear nuevas organizaciones o fortalecer las existentes. Como objetivos adicionales, se debe procurar que estas organizaciones se vuelvan vehículos útiles para, por ejemplo, impartir valores, generar oportunidades para aliviar tensiones entre la población en riesgo (grupos juveniles, clubes deportivos), crear grupos de apoyo para posibles víctimas de la violencia (grupos de apoyo a la mujer), etc.
Temas para el debate.-
La conclusión central del trabajo realizado es que el capital social constituye un factor importante para la ocurrencia del fenómeno de la violencia. Esto es así, como se ha visto, especialmente considerando el rol que juega en este contexto el problema de la pobreza y la dinamica de retroalimentación que puede generar la perpetuación de la violencia.
A partir de esta conclusión, es que se considera importante plantear algunos temas de discusión para el taller:
1. ¿Cuál es la importancia de incrementar el capital social como estrategia para prevenir y combatir la violencia?
a. En cuanto al rol del capital social como proveedor de safety nets para poblaciones con niveles severos de pobreza y de oportunidades para el ascenso económico.
b. En cuanto al rol del capital social como mecanismo de control social (valores y normas de conducta).
2. ¿Cómo incrementar el capital social, fortaleciendo las organizaciones?
a. ¿Cómo generar organizaciones que no terminen conviertiéndose en bastiones de poder para algunos, sino mas bien cumplan un rol importante para la comunidad involucrada?
b. ¿Cómo lograr intervenir en organizaciones existentes sin debilitarlas ni generar distorsiones al interior de ellas, sino mas bien fortaleciéndolas?
3. ¿Qué logros específicos se pueden alcanzar fortaleciendo organizaciones?
a. En cuanto a impartir valores (qué valores).
b. En cuanto a aliviar tensiones, como foro de resolución de conflictos.
c. En cuanto medio de apoyo a grupos en riesgo (posibles agresores, por ejempo, jóvenes varones)
d. En cuanto medio de apoyo para víctimas o potenciales víctimas (mujeres).
[1] Tasa de pobreza (porcentaje de la población cuyo gasto no cubre el costo de una canasta básica) para 1997, según la ENNIV, en “Poverty and Social Development in Peru, 1994-1997”, The World Bank.
[2] Tasa global de fecundidad de 6.9 hijos por mujer, versus 2 hijos por mujer en hogares no pobres. Tomado de Carlos Aramburú y Carlos Figueroa, “Pobreza Extrema y Exclusión Social: el caso de Lima”, en “Políticas Sociales en el Perú: Nuevos Aportes”, Universidad del Pacífico, 2000.
[3] Caroline Moser y Elizabeth Shrader, “A Conceptual Framework for Violence Reduction” Sustainable Development Working Paper Nº2, The World Bank, 1999.
[4] Efraín González de Olarte y Pilar Gavilano Llosa, “Pobreza y Violencia Doméstica contra la Mujer en Lima Metropolitana” Documento de Trabajo Nº94, Lima – Perú, 1998.
[5] Pablo Fjnzylber, Daniel Lederman y Norman Loayza. 1999. “Inequality and Violent Crime”. Banco Mundial.
[6] Instituto Apoyo, 1999. “Causas de la Violencia Criminal en América Latina” Banco Mundial, Lima Perú.
[7] Tomado de Efraín González de Olarte y Pilar Gavilano Llosa, “Pobreza y Violencia Doméstica contra la Mujer en Lima Metropolitana” Documento de Trabajo Nº94, Lima – Perú, 1998.
[8] Desco. “La Seguridad en el Perú: Interpretaciones para los 90´s” Lima – Perú.
[9] Jamil Salmi. “Violencia, Democracia y Educación: Marco Conceptual”. Banco Mundial. 2000.
[10] Isabel Coral Cordero, “Organizaciones Sociales: De Víctimas a Actores Protagónicos en la Construcción de la Paz”. Lima. 1999.
[11] Prodemu. 2000. “Diagnóstico de San Martín” en el marco del Estudio sobre “Violencia y pobreza desde una Perspectiva de Género”. San Martín – Perú.
[12] OMS/OPS. 1998. “Violencia Contra la Mujer. Un Tema de Salud Prioritario”.
[13] Tomado de Efraín González de Olarte y Pilar Gavilano Llosa, “Pobreza y Violencia Doméstica contra la Mujer en Lima Metropolitana” Documento de Trabajo Nº94, Lima – Perú, 1998.
[14] Opcit.
[15] Hernán Silva-Santistevan Larco. “Tres Aspectos Problemáticos en la Violencia: El Concepto, el Origen, la Superación” en Jeffrey Klaiber. “Violencia y Crisis de Valores en el Perú”. 1998.
[16] Isabel Coral Cordero, “Organizaciones Sociales: De Víctimas a Actores Protagónicos en la Construcción de la Paz”. Lima. 1999.
[17] El desmedro de las estructuras sociales en el Perú, y del estado, que se muestran crecientemente incapaces de proporcionar a la población un marco referencial suficientemente estructurante, dentro del cual pudieran desarrollarse relaciones interpersonales confiables, encuentra correspondencia en la actitud regresiva del individuo, en cuyo mundo interno predomina el principio taliónico y la búsqueda compensatoria de salvadores grandiosos. De Cesar Rodríguez Rabanal. “La Violencia de los Hogares”. Caracas. 1995.
[18] Op. cit.
[19] Se utilizaron dos metodologías de estimación, una utilizó al INEI como fuente de información y la otra a la Policía Nacional del Perú. La cifra estimada con información del INEI era de 2.35% del PBI de Lima. En: Instituto Apoyo, 1997. “La Violencia Intencional en Lima Metropolitana: Magnitud, Impacto Económico y Políticas de Control 1985-1995” Red de Centros de Investigación y Banco Interamericano de Desarrollo, Lima Perú.
[20] Robert L. Ayres. “Crime and Violence as Development Issues in Latin America and the Caribbean”. Banco Mundial. 1998.
[21] Camilo Perez-Bustillo y Margarita Cervantes. “Poverty and Social Justice in Latin America”. En el taller: de Pobreza y Justicia Social en América Latina auspiciado por CROP (Comparative Research Programme on Poverty. 1999.
[22] Camilo Perez-Bustillo y Margarita Cervantes. “Poverty and Social Justice in Latin America”. En el taller: de Pobreza y Justicia Social en América Latina auspiciado por CROP (Comparative Research Programme on Poverty. 1999.
[23] Andrés Solimano y otros, “Ensayos sobre Paz y Desarrollo. El caso de Colombia y la experiencia internacional”, Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999
[24] Andrés Solimano y otros. Op cit. 1999
[25] Donny Meertens. 1999. “The Internally Displaced in Colombia: Gendered Experiences of Destruction and Rebuilding of Life”. Banco Mundial.
[26] Isabel Coral. 1996. “las Mujeres en la Guerra: Impacto y Respuestas”. Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional - CEPRODEP.
[27] Sara Gordon, “Crisis política y Guerra en El Salvador”. Instituto de Investigaciones Sociales. México D.F., 1989.
[28] Sara Gordon. Op. cit.
[29] Alfredo Lazarte y otros, “Local Economic Development in Central America: The PRODERE experience”, OIT, 1999
[30] Documento de trabajo de la Red de Centros, “La violencia en El Salvador en los años 90. Magnitud, Costos y Factores Posibilitadores”. BID, 1999.
[31] José Miguel Cruz, Alvaro Trigueros Argüello y Francisco González. “The Social and Economic Factor Associated with Violent Crime in El Salvador”. 1999. Banco Mundial.
[32] Documento de trabajo de la Red de Centros. Op cit.
[33] BID “La Violencia en El Salvador en los Años Noventa. Magnitud, Costos y Factores Posibilitadores”. 1998.
[34] Ana Cristina Ibañez. 1999. “ Combatientes y Género: Implicaciones para la Reintegración” Banco Mundial”
[35] Juan Gabriel Tokatlian. “Narcotráfico en Colombia: Reflexiones para Mitigar su Influencia y Contener su Expansión”. VIII Foro Nacional Realizado en Bogotá. 1996
[36] Juan Gabriel Tokatlian. Op. cit.
[37] Mark Findley. “The Globalisation of Crime”. Cambridge University Press. 1999.
[38] Juan Gabriel Tokatlian. “Narcotráfico en Colombia: Reflexiones para Mitigar su Influencia y Contener su Expansión”. VIII Foro Nacional Realizado en Bogotá. 1996
[39] Juan Gabriel Tokatlian. 1996. Op. Cit.
[40] Colombia es uno de los países donde la tierra está más concentrada, el 1.5% de los propietarios ostentan la propiedad del 80% del área útil para explotación agropecuaria.
[41] CODHES, Boletín de Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. N° 27-28. 1999
[42] Juan Gabriel Tokatlian. 1996. Op. Cit.
[43] CODHES, Boletín de Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. N° 27-28. 1999
[44] Mark Findley. 1999. Op. Cit.
[45] CODHES, Un país que huye. Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada. 1999
[46] Marcela Ortiz G. “La Paz Comienza Cultivando el Campo”. La Nación. 4 de Febrero de 1999.
[47] Efraín González de Olarte, “Pobreza y Violencia Domestica contra la mujer en Lima Metropolitana”. IEP, 1998
[48] OMS/OPS “Modelos en Construcción: Violencia Intra-Familiar”. 1997.
[49] De E. González y P. Gavilano. 1998. Opcit.
[50] OMS/OPS “Violencia contra la Mujer. Un Tema Prioritario”. 1998.
[51] OMS/OPS “Violencia contra la Mujer. Un Tema Prioritario”. 1998.
[52] OMS/OPS “Modelos en Construcción: Violencia Intra-Familiar”. 1997.
[53] Carmen Clavel y Verónica Gutiérrez. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Campaña interagencial contra la violencia hacia las mujeres y las niñas: Nicaragua”. 2000
[54] Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Op cit.
[55] Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Op cit.
[56] Mary Ellsberg, Jerker Liljestrand, Rodolfo Peña, Andrés Herrera y Anna Winkvist, “Violence Against Women in Families in Nicaragua”. En: “Elimination of Violence Against Women”. World Health Organization (WHO), 1998.
[57] OMS/OPS. Op cit
[58] Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). Op cit
[59] DESCO. “La Seguridad en el Perú: Interpretaciones para los 90´s” Lima – Perú.
[60] El índice de inseguridad de DESCO fue generado a partir de variables delictivas relacionadas a narcotráfico, terrorismo, violación de derechos humanos, entre otras, para cada departamento del Perú.
[61] Robert L. Ayres, “Crime and Violence as Development Issues in Latin America and the Caribbean”, World Bank.
[62] Robert L. Ayres. Op. Cit.
[63] Luis Herrera, Sondeo de Opinión. En: Ideele, Nº 89, agosto, 1996
[64] Maritza Rojas, “Los Campesinos Cocaleros del Departamento de San Martín”. Monografía de Investigación Nº 12. CEDRO, 1996.
[65] DEA Congressional Testimony, Julio 16, 1997
[66] Carlos Reyna y Eduardo Toche, “La Inseguridad en el Perú: Indices e Interpretaciones para los 90. DESCO
[67] Carlos Reyna y Eduardo Toche. Op. cit.
[68] Conversatorio sobre terrorismo USIS-DESCO-IEP, 1996
[69] INEI 1999. “Compendio Estadístico Socio Demográfico 1998/1999”. Lima Perú.
[70] Carlos Reyna y Eduardo Toche. Op cit.
[71] DEA, Op cit.
[72] International Narcotics Control Strategy Report, U.S. Department of State, Washington, D.C. Marzo 2000
[73] Policía Nacional del Perú. División de Estadística. En: Compendio de Estadísticas Sociodemográficas: 1998-1999
[74] Tomado de: Cecilia Blondet y Carmen Montero, “La Situación de la Mujer en el Perú 1980-1994” Documento de Trabajo, IEP, 1994.
[75] Cecilia Blondet y Carmen Montero, “La Situación de la Mujer en el Perú 1980-1994” Documento de Trabajo, IEP, 1994.
[76] Alicia Castro. Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). “Campaña interagencial contra la violencia hacia las mujeres y las niñas: Perú”. 2000
[77] Alicia Castro. Op cit
[78] Alicia Castro. Op cit.
[79] Alicia Castro. Op cit.
[80] Cecilia Blondet y Carmen Montero. Op cit.
[81] Oscar Altamir, “Growth, Poverty in Latin America Ccountries – Long Term Trends”, UNDP, 1996
[82] Cuadros Estadísticos. Panorama Social de América Latina 1997. CEPAL, 1997
[83] Task Forces. Lucha contra la pobreza, Instituto Apoyo, 1999
[84] Encuesta Nacional de Hogares, 1997 (IV Trimestre). En: “Compendio Estadístico Socio-Demográfico 1998/1999. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 1999.
[85] Encuesta Nacional de Hogares sobre Niveles de Vida (ENNIV, 1997) En: World Bank, “Poverty and Social Developments in Peru, 1994-1997”, 1999.
[86] Nelson Shack Yalta y Juvenal Díaz Alvarez. 2000. “Un Nuevo Instrumento de Focalización para la Asignación de Recursos Destinados a la Inversión Social en el Marco de la Lucha contra la Pobreza: Mapa de pobreza 2000”. Ministerio de Economía y Finanzas. Perú.
[87] World Bank, “Poverty and Social Developments in Perú, 1994-1997”. Op cit
[88] Escobal, Javier. Los activos de los pobres. Cuadernos de Trabajo. GRADE, 1998.
[89] World Bank, “Poverty and Social Developments in Perú, 1994-1997”. Op cit
[90] Tasa global de fecundidad de 6.9 hijos por mujer, versus 2 hijos por mujer en hogares no pobres. Tomado de Carlos Aramburú y Carlos Figueroa, “Pobreza Extrema y Exclusión Social: el caso de Lima”, en “Políticas Sociales en el Perú: Nuevos Aportes”, Universidad del Pacífico, 2000.
[91] Porcentaje de niños menores de cinco años con una desviación estándar de talla mayor a dos, por debajo de la norma internacional ajustada correspondiente a su edad.
[92] Porcentaje de la población por encima de los seis años de edad que sabe leer y escribir.
[93] Porcentaje de la población con conexión a sistema público de electricidad, desagüe y agua.
[94] Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI- en: Compendio Estadístico Socio-Demográfico 1998/1999. Generado a partir de los siguientes indicadores: esperanza de vida, tasa de alfabetismo, años promedio de estudio e ingreso promedio per cápita.
[95] World Bank, “Poverty and Social Developments in Perú, 1994-1997”. Op cit.
[96] World Bank. “Poverty and Social Developments in Perú, 1994-1997”. Op cit.
[97] Task Forces. Op cit.
[98] Encuesta Nacional de Hogares, 1997 (IV Trimestre). Op cit.
[99] Adolfo Figueroa, “Políticas macroeconómicas y pobreza en el Perú”, Documento de Trabajo N. 145, PUCP, 1998
[100] M. Cristina Espinosa, “Economic Responses of Poor Peasant Households to Structural Adjustment Program in Peru: Gender Implications”, UF Center for Latin American Studies, 1996.
[101] Adolfo Figueroa. Op cit.
[102] Compendio Estadístico Socio-Demográfico 1998/1999, Op cit.
[103] Henri Favre. “Perú: Sendero Luminoso y Horizontes Oscuros” En: Quehacer Nº 31. DESCO. 1984.
[104] Carlos Iván Degregori. “El Surgimiento de Sendero Luminoso: Ayacucho 1969-1979”. IEP, 1990
[105] Gonzalo Portocarrero. “Razones de sangre”. Pontificia Universidad Católica del Perú. 1997.
[106] G. Portocarrero. 1999. Op. Cit.
[107] Carlos Iván Degregori. “Ayacucho, Raíces de una Crisis”. Lima, 1986
[108] Steve Stern. “Los Senderos Insólitos del Perú”. Instituto Peruano de Investigación. 1999.
[109] S. Stern. 1999. Op. Cit.
[110] Isabel Coral. Op. Cit.
[111] Carlos Iván Degregori. “Campesinado Andino y Violencia: Balance de una Década de Estudios”, en ”Perú: El Problema Agrario en Debate”. 1991
[112] Departamento de Justicia de los Estados Unidos. “DEA Congressional Testimony”. 16 de Julio de 1997.
[113] Luis Tello, Lelis Rivera y Mario Gallo. “El Impacto Económico del Cultivo de la Coca. El Area del Proyecto Especial Alto Huallaga y la Convención – Cuzco”. CEDRO. 1994.
[114] Maritza Rojas. “Los Campesinos Cocaleros del Departamento de San Martín.”. Monografía de Investigación Nº 12. CEDRO. 1996
[115] M. Rojas. 1996. Op. Cit.
[116] José Anicama. “Drogas, Violencia y Ecología. Memoria VI Aniversario Internacional”. CEDRO. 1994.
[117] Instituto Apoyo, 1999. “Causas de la Violencia Criminal en América Latina” Banco Mundial, Lima Perú.
[118] FONCODES, “El Mapa de Inversión Social: FONCODES frente a la pobreza, 1991-1994”, 1995
[119] M. Rojas. 1996. Op. Cit.
[120] J. Anicama. 1994. Op. Cit.
[121] Instituto Apoyo. 1999. Op. Cit.
[122] E. González y P. Gavilano. 1998. Op. Cit.
[123] Alicia Castro. Op cit.
[124] R. León y M. Starh. “Yo Actuaba como Varón Solamente”. DEMUS. Lima. 1995.
[125] Abraham Siles Vallejos. “Con el solo Dicho de la Agraviada: Es Discriminatoria la Justicia en Procesos por Violación Sexual de Mujeres”. DEMUS. 1995.
[126] Tomado de: Cecilia Blondet y Carmen Montero, “La Situación de la Mujer en el Perú 1980-1994” Documento de Trabajo, IEP, 1994.
[127] Abraham Siles Vallejos. Op cit.
[128] R. León y M. Starh. 1995. Op cit.
[129] Efraín Gonzáles de Olarte. Op cit.
[130] Juan Luis Londoño y Rodrigo Guerrero. “Violencia en América Latina: Epidemiología y Costos”. BID. 1999
[131] Robert Ayres, Op cit.
[132] Efraín González de Olarte, “Inversión Privada, Crecimiento y Ajuste Estructural en el Perú: 1950-1995”, IEP, 1996
[133] José Coronel, “Balance por Desplazamiento de la Violencia Política en el Perú, 1980-1997.” Ponencia presentada por SEPIA VII, Huancayo, 1997. En: La Reconstrucción del Estado en las Poblaciones Afectadas por la Violencia Política: El Caso de las Comunidades Campesinas de Ayacucho (Perú), Jackeline Velazco, 1999.
[134] José Coronel, Op cit.
[135] Banco Mundial. “Violence in Colombia: Biulding Sustainable Peace and Social Capital”. 1999.
[136] Roxana Vásquez y Giulia Tamayo. Op cit.
[137] Luis Tello, Lelis Rivera y Mario Gallo. Op cit.
[138] Luis Tello, Lelis Rivera y Mario Gallo. Op cit.
[139] Henri Favre. Op cit.
[140] Isabel Coral Cordero, “Las Mujeres en la Guerra: Impacto y Respuestas”. CEPRODEP, 1996.
[141] Gabriel Ortiz de Zevallos y Pierina Pollarolo. “Seguridad Ciudadana”. Task Forces. Instituto Apoyo. 2000.
[142] Carlos Iván Degregori, “Ayacucho: Raíces de una crisis”, 1986. p 10-11.
[143] Narda Henriquez, “La Cuestión Regional y el Estudio de las Clases Sociales en el Perú” 1er Congreso de Sociología, Huacho, 1982.
[144] Henri Favre. Op cit.
[145] Henri Favre, “Perú: Sendero Luminoso y horizontes oscuros”. En la revista: QUEHACER (DESCO). Nº 31, 1984.
[146] Carlos Iván Degregori. “Campesinado Andino y Violencia. Balance de una Década de Estudios” En: Perú: el problema Agrario en Debate”. SEPIA, 1991. p 428.
[147] Carlos Iván Degregori, “Campesinado Andino y Violencia. Balance de una Década de Estudios”. En: Perú, el problema Agrario en Debate”, Sepia, 1991.
[148] Isabel Coral. Op. cit.
[149] Henri Favre. Op cit.
[150] Henri Favre. Op cit.
[151] Henri Favre. Op cit.
[152] Carlos Iván Degregori, “El Surgimiento de Sendero Luminoso: Ayacucho 1969-1979”. IEP, 1990. p 44-45.
[153] Carlos Iván Degregori. “Campesinado Andino y Violencia. Balance de una Década de Estudios. En: Perú: el Problema Agrario en Debate”, SEPIA, 1991. p 425.
[154] Carlos Iván Degregori, “El Surgimiento de Sendero Luminoso: Ayacucho 1969-1979”. IEP, 1990.
[155] Henri Favre. Op cit.
[156] Henri Favre. Op cit.
[157] Carlos Iván Degregori, “Ayacucho, Raíces de una Crisis”, 1986. p 114.
[158] BCRP, “Mapa de Pobreza del Perú 1981”. Gerencia de Investigación Económica. 1986. p 24.
[159] Martín Soto Guevara y otros, “Huancavelica, Violencia y Desplazamiento”. Consejería de Proyectos, 1997. p 37.
[160] Carlos Iván Degregori. “Campesinado Andino y Violencia. Balance de una Década de Estudios. En: Perú: el Problema Agrario en Debate”, SEPIA, 1991. p 421-430
[161] Dimensiones y Características del Pobreza en el Perú. INEI, 1995. p 33.
[162] Martín Soto y otros. Op cit. p 41.
[163] Martín Soto. Op cit. p 41.
[164] Henri Favre. Op cit.
[165] Martín Soto. Op cit. p 43.
[166] Martín Soto. Op cit. p 68-69.
[167] Martín Soto Guevara. Op cit.
[168] Isabel Coral Cordero, “Organizaciones Sociales: De Víctimas a Actores protagónicos en la Construcción de la Paz, 1999.
[169] Grupos Focales: “La violencia nos ha dejado muerte, mi familia la he perdido.” (Provincia de La Mar, mujer, 28 años).
[170] Grupos Focales: “......Entonces ya crecimos con ese miedo de verlos a los policías por allí. Y teníamos miedo de salir hasta a las seis de la tarde. Ya no podíamos salir....” (Provincia de Huamanga, mujer, 26 años).
[171] Análisis Global del Narcotráfico. CEDRO, 2000.
[172] DEA Congressional Testimony. U.S. Department of Justice. Julio, 1997. p 7.
[173] Maritza Rojas, “Los Campesinos Cocaleros de San Martín” Monografía de Investigación Nº 12. CEDRO, 1996. 44 p.
[174] Maritza Rojas. Op cit. 42 p.
[175] Estudio cualitativo con Focus Groups (Ayacucho, Huancavelica y San Martín), presentado por Walter Pachas Sánchez para el Banco Mundial. Junio 2000.
[176] Análisis Global del Narcotráfico. CEDRO, 2000. p 2.
[177] Análisis Global del narcotráfico. Op cit. p 2.
[178] Bureau for the International Narcotics and Law “International Narcotics Control Strategy Report, 1999”. Washimgton D.C. Marzo del 2000.
[179] International Narcotics Control Strategy Report, 1999. Enforcement Affairs, U.S. Department of State. Washington, D.C. March, 2000. p 1.
[180] Carlos Francisco Barrantes, “Los Productores de Coca nos sentimos amenazados” En: Ideele, revista del Instituto de Defensa Legal, p 69.
[181] Carlos Francisco Barrantes, Op. Cit.
[182] Maritza Rojas. Op cit. p 382.
[183] Maritza Rojas. Op cit. p 120, 123 y 382.
[184] Luis Tello y otros. “El impacto económico del cultivo de la coca. El Area del proyecto especial Alto Huallaga y la Convención (Cuzco)”. Monografía de Investigación Nº 11. CEDRO, 1994. p 53.
[185] CEDRO. Op cit. p 4.
[186] Luis Tello y otros. Op cit. 43-45 p.
[187] Maritza Rojas. Op cit. p 382.
[188] José Anciana, “Drogas, Violencia y Ecología” Memoria VI Seminario Internacional. CEDRO, 1994. p 59-60.
[189] DEA Congressional Testimony. Op cit.
[190] José Anciana. Op cit. p 60.
[191] Martina Rojas. Op cit. p 383.
[192] Martina Rojas. Op cit. p 384.
[193] DEA Congressional Testimony. Op cit.
[194] José Anicama, “Drogas, Violencia y Ecología” Memoria VI Seminario Internacional. CEDRO, 1994. p 59-60.
[195] Luis Tello, Lelis Rivera y Mario Gallo. Op cit.
[196] Luis Tello, Lelis Rivera y Mario Gallo. Op cit.
[197] Efraín Gonzáles de Olarte y Pilar Gavilano, “Pobreza y Violencia Doméstica contra la mujer”. Documento de trabajo Nº 94. IEP, 1998. p 10-11.
[198] Información obtenida de los Grupos Focales de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y San Martín presentados por Walter Pachas.
[199] Abraham Siles Vallejos, “Con el sólo dicho de la agraviada: es discriminatoria la justicia en procesos por violación sexual de mujeres”, 1995. p 17.
[200] Roxana Vasquéz y Giulia Tamayo, “Violencia y Legalidad”. CONCYTEC, 1989. p 39.
[201] Efraín Gonzáles de Olarte y Pilar Gavilano. Op cit. p 15.
[202] Efraín Gonzáles de Olarte y Pilar Gavilano. Op cit. p 9.
[203] Abraham Siles. Op cit. p 21.
[204] Abraham Siles. Op cit. p 23.
[205] Efraín Gonzáles de Olarte y Pilar Gavilano. Op cit. p 11.
[206] Grupos focales de Huancavelica y San Martín.
[207] Abraham Siles. Op cit.
[208] Op. Cit.
[209] An Interview with Robert Putnam, “Bowling Alone: America’s Declinig Social Capital”, The National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press, 1995.
[210] Alejando Portes, “Capital Social: sus orígenes y aplicaciones en la sociología moderna”. En: De igual a igual: El desafío del estado ante los nuevos problemas sociales / Compilador Jorge Carpio -- Buenos Aires : Fondo de Cultura Económica, 1999
[211] Alejandro Portes. Op cit.
[212] An Interview with Robert Putnam. Op cit.
[213] Daniel Lederman, Norman Loayza y Ana María Menéndez, “Violent Crime: Does Social Capital Matter?”, 1999.
[214] Social Capital for Development. http://www.worldbank.org/poverty/scapital/index.htm
[215] Alejandro Portes. Op cit.
[216] George Gray Molina y otros, “Pobreza y Activos en Bolivia: ¿Qué rol juega el Capital Social?. Red de Centros de Investigación, BID, 1999.
[217] Social Capital for Development, http://www.worldbank.org/poverty/scapital/index.htm
[218] Alejandro Portes. Op cit.
[219] Social Capital for Development. http://www.worldbank.org/poverty/scapital/index.htm
[220] George Gray Molina y otros. Op cit.
[221] Social Capital for Development. http://www.worldbank.org/poverty/scapital/index.htm
[222] Alejandro Portes. Op cit.
[223] Citado en Daniel Lederman, Norman Loayza y Ana María Menéndez. Op cit.
[224] Daniel Lederman, Norman Loayza y Ana María Meléndez. Op cit.
[225] Alejandro Portes. Op cit.
[226] Nat J. Colletta y Michelle L. Cullen, “Resilient Communities: Building the Social Foundations of Human Security”. Banco Mundial, 2000.
[227] Nat J. Coletta y Michelle L. Cullen. Op cit.
[228] Chirapaq, “Diagnóstico sobre Violencia y Pobreza en Ayacucho”, 2000.
[229] Isabel Coral Cordero, “Las mujeres en la Guerra: Impacto y Respuestas”. Op cit.
[230] Narayan and Pritchett, 1997. “Cents and Socialbility – Household Income and Social Capital in Rural Tanzania”, 1997.
[231] El proyecto de salud y nutrición básica, también se apoya en la participación de la población.
[232] La descripción del proyecto ha sido obtenida del Manual Operativo del Proyecto “Manejo de Recursos Naturales para el Alivio de la Pobreza en la Sierra” (Versión Actualizada), 2000.
[233] La descripción del proyecto ha sido obtenida de la Guía del Núcleo Ejecutor para la Realización del Proyecto. FONCODES.
[234] Miguel Ventura, “Programa de Lucha contra la Pobreza”. Taller Nº 12 sobre Infraestructura Básica. En: Diálogo sobre Experiencias y Retos en la Lucha contra la Pobreza. Tomo II.
[235] Guillermo Wong, “Programa del Millón de Campesinos – PMC”. Taller Nº 4 sobre Desplazados. En: Diálogo sobre Experiencias y Retos en la Lucha contra la Pobreza. Tomo II.
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